En Río negro y Neuquén hay unos 180 chicos alojados en institutos, viviendas y hasta en comisarías. Casi el 90 por ciento de ellos no cometió ningún delito. Están allí por ser pobres, porque fueron abusados o abandonados por sus padres. Una situación claramente irregular según lo que establece la convención sobre los derechos del niño. Por Silvana Salinas, Adrián Ardén y Rodolfo Chávez, diario "Río Negro", integrante de la Red de Diarios en Periodismo Social.

General Roca/ Neuquen (Diario Río Negro/ Red de Diarios en Periodismo Social).- En Río Negro y Neuquén hay unos 180 niños y adolescentes alojados en hogares o instituciones de contención. Una decisión claramente a contramano de lo que establece la Convención por los Derechos del Niño y la ley argentina. Pero hay algo que alarma aún más: casi el 90 por ciento de ellos no cometió ningún delito. Están allí porque son pobres, fueron abusados o abandonados, son adictos a alguna droga o sus padres están gravemente enfermos.

En algunos casos están alojados en edificios inadecuados, sin las normas de seguridad aconsejadas, hacinados y sin ningún tipo de contención. Y en otros casos, viven en edificios con todas las comodidades pero allí se quedan durante años, sin posibilidades de escapar a un sistema que pareciera mantenerlos cautivos. A todas luces, una situación altamente irregular. Inadmisible.

Del patronato a la protección integral

La institucionalización de niños, niñas y adolescentes es, en nuestro país, una práctica extendida, amparada en la doctrina del Patronato, un régimen que durante un siglo convirtió cualquier problema social de los chicos en una cuestión judicial. La Ley de Patronato de Menores (Ley 10.903 de 1919) daba facultades a los jueces para intervenir en la vida de cualquier niño o adolescente considerado en "peligro moral o material". Así, podían disponer de él tomando la medida que creían más conveniente y de duración indeterminada.

El Estado se asignó entonces la tarea de educar a los niños considerados "en peligro": los niños que cometían delitos, los niños abandonados y los niños pobres para evitar que se convirtieran en "peligrosos", alejándolos de sus familias y creando instituciones que se proponían "reemplazar" las funciones de crianza. Este modelo fue generando a lo largo del siglo una poderosa maquinaria de institutos asistenciales y penales, instituciones psiquiátricas o comunidades terapéuticas para alojar a niños y adolescentes. En la mayoría de los casos, lo único que se logró fue convertir esos a centros en escuelas del delito y de abusos hacia esos mismos chicos que decían proteger.

Para dejar atrás todo eso, el año pasado se promulgó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que deja en claro que la situación socioeconómica nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia y obliga al Estado a garantizarles los derechos a través de políticas públicas y a incluir al grupo familiar en programas de apoyo de salud, vivienda y educación. Los niños -hoy institucionalizados o no- ya no deberán ser encerrados en institutos o centros. El sistema deberá procurar su permanencia dentro de la familia ampliada o con otros miembros de la comunidad ya vinculados con el niño. Sólo en casos excepcionales podrá recurrirse a otras formas de convivencia, como hogares convivenciales o programas de acogimiento familiar.

Lejos de un cambio

En Río Negro y Neuquén funcionan 19 establecimientos para alojar a chicos. Quince de ellos están destinados a niños y jóvenes que no poseen causas penales. El más tristemente célebre es el "Alfonsina Storni", en Roca. Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro reveló que además de alojar a más chicos de los que debería, "el edificio no garantiza intimidad en los baños, las habitaciones son por demás pequeñas y producto de ello la lavandería es utilizada como dormitorio". También aseguró que "a pesar de haber sido creado para alojar a niños de 0 a 12 años, en el Hogar Alfonsina Storni conviven chicos y adolescentes de más de 12 años", además de la presencia de madres, con sus respectivos hijos.

"Pero más allá de la cuestión de los recursos, que es muy grave de por sí, nosotros vemos que hay una desarticulación total entre las instituciones que deciden el destino de estos chicos: la Justicia y Promoción Familiar. Se tiran la pelota entre ellos. A veces reciben casos como cosas, no como personas que tienen una historia previa...la privación de libertad por cuestiones administrativas se transforma en una tortura para estos chicos. Los jueces mandan a los chicos a los hogares sin antes ver si estarán contenidos, si hay lugar allí, si harán un tratamiento, sin ver quién lo realizará, si seguirán a la escuela. Además, hay poco personal. Muchas veces son dos personas para cuidar a decenas de chicos...y algunos de ellos no están capacitados para eso: incluso hay jefas de hogar trabajando en algunas instituciones", asegura María Inés Coronel, del Observatorio de DD.HH. de Río Negro.

Por tiempo indefinido

Uno de los aspectos más cuestionados de este sistema, llamado eufemísticamente de "internación" o "tutelar", es que no establece cuánto tiempo los chicos deberán estar sujetos a él. Así, los niños o adolescentes pueden pasar uno, dos, tres y hasta cuatro años en esas instituciones sin que la Justicia o el Estado logren revertir esta situación.

En Neuquén funcionan media docena de hogares que alojan a más de 70 chicos en riesgo social. Esa realidad podría cambiar si existiera la misma cantidad de familias dispuestas a brindarles contención en una vivienda. "Esa es la gran carencia que tenemos", explicó la defensora del Menor y el Adolescente Mónica Amicone.

En Río Negro, en tanto, según el Consejo de Promoción Familiar en la actualidad hay más de 20 chicos con causas penales en institutos y otros 16 están alojados en "comunidades terapéuticas", por problemas generalmente ligados a las adicciones. En tanto que en los llamados "centros de atención integral a la niñez y adolescencia", más conocidos como hogares de menores, hoy conviven 66 en toda la provincia. A estos últimos -en Roca, Viedma, Bariloche, El Bolsón- son enviados todos aquellos que son víctimas de problemáticas sociales, desamparo, pobreza, maltrato... A todas esas derivaciones, las determina la Justicia. "En aquellos casos en que la situación lo amerita, siempre por orden de la justicia, como último recurso, se los aloja temporaria y transitoriamente" en estos hogares, justifica Marcela Mancuso, directora de Niñez y Adolescencia en Río Negro. Sin embargo en la práctica, no siempre es así.

Un ejemplo de ello ocurrió a fines del año pasado, cuando una jueza de Cipolletti decidió la internación de tres hermanos de 8, 12 y 14 años en un instituto luego de retirarlos de su vivienda ante la avanzada enfermedad de su madre. El futuro de esos chicos se resolvió en horas: como Promoción Familiar no le respondió un pedido para derivarlos a una familia solidaria, los envió al "Alfonsina Storni" de Roca. Sólo una fuerte protesta de ong's permitió sacar a los chicos de allí y encontrarles una familia que les brinde contención hasta que su situación se solucione. "Y en realidad eso es lo más común. Los chicos son enviados a los institutos por tiempo indeterminado. Entran a los hogares y nadie sabe cuándo saldrán...conocemos casos que se han pasado toda la infancia y parte de la adolescencia adentro...se escapan y vuelven a entrar, se escapan...y así por años", insisten en el Observatorio.

Y con ese diagnóstico coincide Miriam Saigg, titular en Roca de la ong SOS discriminación: "Lo que pasa en Río Negro es que no hay una política clara para trabajar con la niñez, se piensa en los chicos como un gasto y no como una inversión y a partir de ahí está todo mal. Todos los programas tienen como último fin el encierro y tampoco se capacita en este tema. Se necesita un trabajo más serio, más coordinado". Y también se necesita que sea urgente. Un argumento contundente lo exige: se calcula que entre el 50 y el 60 por ciento de los presos juveniles en el país pasaron antes por un instituto de menores.

Entre familias solidarias y libertad vigilada

Para evitar el encierro de los chicos, los jueces en Río Negro dos alternativas: las familias solidarias y el sistema de libertad vigilada. El primero trata de encontrarles a los chicos internados en las instituciones un hogar temporal en el que vivir hasta que se solucione la situación que obligó a los jueces a retirarlos del suyo.

La edad de los chicos que necesitan una familia puede ir de los pocos meses hasta los 18 años. Pueden ofrecerse para cobijarlos personas solas o parejas (con 3 años de convivencia como mínimo) y que vivan preferentemente en cercanías del lugar de residencia del niño. También deben contar con un medio de "vida estable" y aceptación de la "temporalidad" de la relación. En Río Negro hay anotadas 94 "familias solidarias", aunque no todas conviven actualmente con alguno de los chicos institucionalizados. Y en las oficinas de Promoción Familiar admiten que se necesitan más.

"Pasa que antes de mandar a un chico a esos hogares se precisa un estudio previo, serio, que lleva tiempo...no podés decidir en un día a qué familia lo mandás, si se va a poder insertar bien, si pueden ser compatibles...y termina pasando lo que ya sabemos: muchas familias los devuelven al poco tiempo", aseguran en el Observatorio de DD.HH.

Por su parte, la libertad vigilada es una medida a la que recurren los jueces cuando las faltas cometidas por los chicos no merecen la exclusión del hogar. Entonces, se designa a un operador que controlará su actividad escolar, sus relaciones familiares, sociales... Actualmente, en Río Negro más de 250 chicos viven bajo este sistema. "Generalmente, son chicos que cometieron contravenciones o faltas menores...es un sistema que está funcionando muy bien", evaluaron en Promoción Familiar.

El abuso y la indiferencia

- En agosto de 2006: Tres funcionarios municipales fueron separados de su cargo y sumariados en Bariloche por el supuesto maltrato a jóvenes alojados en un centro de prevención para menores en riesgo. Aparentemente, los habrían obligado a desvestirse en un baño tras la desaparición de cien pesos de la institución.

- Hasta su cierre hace un par de meses, el Hogar Convivir de Bariloche, que alojaba a chicos en conflicto con la ley penal, acumuló un largo historial de denuncias e irregularidades. En febrero, policías fueron denunciados por irrumpir en la institución y golpear a dos chicos que dormían, ocasionándoles serías heridas. En marzo, los cuatro internos se fugaron, luego de una discusión con el director del establecimiento. Unas semanas antes, un grupo de operadores había denunciado la presencia drogas y alcohol, la falta de medidas de seguridad y pedido "un urgente cambio en el programa de recuperación de jóvenes en conflicto con la ley". Los chicos allí alojados tienen entre 14 y 17 años.

Lo acusan de cometer un asesinato y hace más de un año que está encerrado

Hoy tiene 18 años pero cuando fue detenido era menor. No fue trasladado entonces a la cárcel porque era chico. No fue devuelto a sus padres porque tenía que estar en un lugar de detención seguro. No encontró lugar en ningún "programa de contención" ni fue llevado a una institución para chicos porque aparentemente ninguna de las que funciona en Río Negro era la adecuada. Todo esto tuvo en cuenta la justicia para ordenar que sea alojado en el sitio menos pensado. El calabozo de una sub-comisaría de Roca. Allí espera ser juzgado.

En silencio, sin contención ni tratamiento de recuperación alguno. Su caso constituye una excepción, está claro, pero también es una muestra de la brutalidad con la que funciona un sistema que desde hace años no les da respuestas uniformes ni adecuadas a los niños y jóvenes en crisis.

Neuquén: 71 chicos esperan una familia sustituta

La ley 2302 de Neuquén, inspirada en la Convención sobre los derechos del niño, se ha transformado en un escudo y en una herramienta que modificó estructuras y movilizó al Estado a la atención integral de la problemática que involucra a menores desprotegidos. La norma, sancionada el 6 de diciembre de 2000, estableció la creación de la defensoría del Menor y el Adolescente, que ha confrontado con la estructura estatal y política y -con algunos contratiempos- ha marcado el camino hacia un efectivo cumplimiento de la norma.

En medio de una compleja problemática social, sobre todo en la capital neuquina que contiene una amplísima franja de población juvenil, existen media docena de hogares de diferente perfil donde están alojados 71 chicos.

"La ley habla de protección integral, no hablamos sólo de niños y adolescentes sino de la protección del grupo familiar, pero al no estar los padres, se busca a los abuelos o los tíos y eventualmente a algún amigo cercano de la familia. Si todo esto no alcanza porque ninguno de los actores está en condiciones de atender y hacerse cargo del chico o de los chicos, vamos a una familia alternativa, que es la gran carencia que tenemos en este momento", explicó la defensora del Menor y el Adolescente Mónica Amicone.

La falta de familias dispuestas a ampliar su hogar deriva en la razón de ser de las instituciones que contienen a los menores que, en la mayoría de los casos, han sido golpeados, abandonados y/o abusados.

El rol de la defensoría ha sido fundamental a la hora de modificar conductas y el esfuerzo por endurecer esta ley -encarado por el ex ministro de Seguridad y

Justicia, Luis Manganaro- se transformó en un fabuloso elemento de difusión. Así, a la vez que Manganaro arremetía contra la norma, la ley se fue tomada como modelo por otras provincias. La delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatríz Gentile, dice que la defensoría "es un lujo" y la norma "de avanzada". No obstante, hay carencias que deberían subsanarse para lograr una aplicación plena de la 2302.

"Muchas veces hacemos derivaciones para tratamientos psicológicos y mandamos a la gente a que se haga tratamientos pero quedan en lista de espera cuando está claro que estos casos no pueden esperar", sostuvo Amicone.

La defensora agregó que desde el organismo están solicitando la incorporación masiva de asistentes sociales para atender y seguir cada uno de los casos de chicos que han sufrido maltrato en sus hogares: "Porque en caso contrario siempre estamos en emergencia".

La irrupción de la defensoría ha sido un factor de concientización y las denuncias han crecido de manera exponencial. Llegan desde las escuelas, desde los centros de salud y hospitales pero también de los vecinos, de los mismos chicos y de los amigos de esos chicos.

"Lo que se evita con la 2302 no es la institucionalización sino la judicialización. Y la judicialización de los problemas porque la defensoría toma todos los casos que antes abarrotaban el juzgado de Menores, es el filtro de un juzgado de Familia", detalló Amicone.

Básicamente, el organismo atiende todas las situaciones conflictivas: maltrato, abusos; es decir las situaciones conflictivas en las que hay una vulneración de los derechos del niño. "Cuando agotamos todas las vías de poder solucionar el conflicto dentro de la familia y con la red social, cuando se nos queman los papeles recién vamos a pedirle al juez que intervenga y entonces judicializamos la situación, lo que tampoco quiere decir que vamos a pedir que el juez tome una medida cautelar de sacar al chico de la casa", explicó Amicone.

-¿Cómo es la acción en estos casos?

-Muchas veces es obligar a los padres a hacer tratamientos, es decir responsabilizarlo de otra manera, que el juez tenga que acreditar la concurrencia al tratamiento o lo que fuera debe cumplirlo justificándolo al juez.

"Una situación ilegal desde todo punto de vista"

"La privación de la libertad en menores por distintas causas y sobre todo asistenciales es ilegal desde todo tipo de punto de vista", sostiene tajante Marta Pesenti, integrante del equipo técnico del grupo Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. "La nueva ley de protección integral de los derechos dice claramente que los chicos no pueden ser privados de su libertad, pero esto no se respeta. Hay que evitar condiciones de encierro, porque sino aquel que fue víctima una vez, vuelve a ser víctima por segunda vez".

En aquellos casos de menores que tienen alguna causa penal, la situación también es grave, señala la especialista, porque "no hay un sistema penal juvenil adecuado para los menores de edad. El chico requiere un tratamiento especial, diferente al del adulto, teniendo en cuenta que es una persona en desarrollo, en formación". Para Pesenti, en un lugar "donde un chico no puede salir por su propia libertad está bajo una situación de encierro. Lo ideal es que puedan salir con amigos, ir a la escuela, atenderse en el hospital, como todos. Pero estas cosas hoy son bastante limitadas. Estamos en un momento de transición, y no basta con que exista la ley, hay que ir cambiando las instituciones. Cuando un chico es abusado o maltratado, en general por alguien de su familia, se lo aleja porque el Estado debe protegerlo de ese daño, pero ¿y con el abusador o el golpeador qué pasa?. Primero hay que penalizar al que hizo el daño. Un chico abusado o maltratado no necesita encierro, pero acá siempre se hace al revés, para protegerlo hay que encerrarlo".

El encierro y sus causas

El informe "Privados de libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina" realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la cooperación de la Oficina de UNICEF en Argentina señala que el encierro de niños, niñas y adolescentes en institutos es un fenómeno determinado por diferentes causas y factores:

a) la extensión y profundización durante las últimas décadas de la marginación y exclusión social, que dificulta a los grupos familiares garantizar el acceso de los niños a sus derechos;

b) la ausencia durante el mismo período de políticas públicas que brindaran apoyo a las familias en esas condiciones para que pudieran cumplir el rol primario de garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a sus derechos.

c) la inadecuada intervención de los organismos estatales del poder administrador y el poder judicial -con amparo en la legislación del patronato- respecto de esos niños: se los ha considerado objeto y no sujetos de derecho, se los ha separado definitivamente de su medio familiar y comunitario y recurriendo no como último, sino como primer recurso a la "institucionalización".

Un país en deuda

- 19.579 niños, niñas y adolescentes están privados de libertad por motivos asistenciales y por causas penales en el país, según datos oficiales.

- 87,1% de niños, niñas y adolescentes privados de libertad están por una causa "de asistencia" o "de protección" y no por causas penales. En muchas provincias esta proporción es aún mayor. Por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones y Santa Fe, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados por causas no penales supera al 90 por ciento.

- Son más los varones privados de libertad; pero son más las mujeres que lo están por causas no penales.

- Algunas provincias tienen niños, niñas y adolescentes privados de libertad en comisarías.

- En general, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad se encuentran en instituciones con un régimen de tipo semiabierto (45,9%). Pero en las provincias de Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán la relación se invierte, y hay más niños y jóvenes alojados en instituciones con régimen cerrado que en institutos u hogares de régimen semiabierto.

*Estos datos fueron extraídos de "Privados de libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina", una investigación realizada con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la cooperación de la Oficina de UNICEF en Argentina. El relevamiento cuantitativo abarcó los establecimientos, los programas por provincia, la capacidad prevista, la edad y sexo, entre otras variables.