Hace un año se sancionó la ley nacional que impone la aplicación de políticas sociales de prevención y contención para evitar la institucionalización de niños y adolescentes. Sin embargo la provincia aún no se adaptó a al normativa. Por Laura Leonelli, diario "La Voz del Interior", integrante de la Red de Diarios en Periodismo Social.

Córdoba (Diario "La Voz del Interior"/ Red de Diarios en Periodismo Social).- Córdoba está un paso atrás en materia de protección de los derechos de la infancia. Ya pasó un año desde que se sancionó la ley nacional que impone la aplicación de políticas sociales de prevención y contención para evitar la intervención judicial y la institucionalización de niños y adolescentes. Sin embargo, la provincia se encuentra lejos de adaptarse a la nueva normativa.

La entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.601) significó un hecho histórico: la derogación definitivamente del antiguo régimen que tiene más de 87 años y la incorporación de los derechos de los niños reconocidos por las convenciones internacionales.

Sin embargo, en la provincia todavía no existe ningún proyecto de ley con estado parlamentario (presentado formalmente ante la Unicameral para su posterior tratamiento legislativo) que adecue la legislación nacional a la provincial. Así lo confirmaron los legisladores Alejandra Vigo y Luis Arias aunque se aclaró que se está trabajando en ello.

"Tenemos que compatibilizar la ley nacional en Córdoba. Hay algunos proyectos pero sin estado parlamentario y tendrán que quedar para el año que viene. Estamos trabajando con continuidad aunque no es fácil porque hay muchos intereses en juego", expresó Vigo.

Por su parte, el juez de Menores Prevencional José María López Peña explicó que "no se puede poner en funcionamiento la ley porque establece que debe haber un órgano de ejecución, profesionales designados a tal fin, equipos, un presupuesto y no hay absolutamente nada de eso. Hasta que no se cree el órgano la ley no se puede aplicar".

Una de las consecuencias fundamentales de la nueva ley es que la falta de recursos materiales de sus padres "no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización", expresa el artículo 34.

Esos casos deberán resolverse a través de programas "dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares", sigue la ley. Ello evitaría privar de libertad a los niños en institutos lejos de sus familias.

Los chicos sólo pueden ser separado del medio familiar excepcionalmente, por un plazo máximo (no más de 90 días) fijado con anterioridad y sólo mientras perduren las causas. Las situaciones de excepción podrán basarse, por ejemplo, en maltratos o abusos, siempre que no pueda alejarse del hogar quien causare el daño.

No sólo números

A pesar de la claridad de la normativa, en Argentina existen al menos 23 mil chicos privados de libertad, según un informe de Unicef dado a conocer en julio al que se sumaron datos de Córdoba.

Según el informe, además de la gran cantidad de casos (que es un piso mínimo, pueden ser muchos más) la gravedad radica en que el 89 por ciento no lo está por causas penales sino por cuestiones asistenciales que van desde el maltrato y abuso hasta la falta de recursos económicos de las familias. Justamente lo que la nueva ley busca evitar.

Sólo en Córdoba existen más de 3.400 chicos institucionalizados por esas razones. Se considera que la institucionalización es una forma de privación de libertad y constituye una restricción de derechos para los chicos.

Si bien los datos mencionados no son nuevos, el número respalda la idea de que todavía se aplica la antigua ley de Patronato de Menores que da facultades a la justicia para intervenir en la vida de cualquier niño, niña o adolescente considerado en la vaga causal de "peligro moral o material".

La idea central del nuevo régimen es llegar antes de que se den las situaciones extremas a través de políticas públicas y no desde lo judicial. Si bien López Peña afirmó que el alojamiento de niños y adolescentes en institutos "no puede ser más excepcional de lo que ya es pues siempre es la última instancia" y que "va a seguir existiendo", también admitió que si hubiese programas de contención de familia y niños la labor judicial prevencional intervendría "de una manera más acotada, como órgano de contralor de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo".

Los números que se manejan en la justicia cordobesa no dejan de sorprender. El juez confirmó que sólo en su juzgado existen dos mil expedientes y habría más o menos la misma cantidad en los otros siete juzgados de Menores (son cuatro correccionales y cuatro prevencionales).

"Son dos mil expedientes que se están moviendo permanentemente. Yo tengo que conocer y hablar con cada uno de esos cinco mil o seis mil chicos (cada expediente implica dos o tres chicos), tengo que hablar con cada uno de los padres, madres, abuelas, a veces con la asistente social, la directora del colegio, psicóloga", aseguró López Peña.

La cifra representa el alto grado de intervención que tiene en la actualidad el Poder Judicial y demuestra la saturación de las vías judiciales lo que en definitiva va en contra de la posibilidad de los niños y adolescentes implicados de hacer valer sus derechos.

Los programas

El sostén fundamental del nuevo sistema es el Poder Ejecutivo, encargado de aplicar las medidas de protección integral ante la comprobada amenaza o violación de derechos de los niños. Entre ellas se encuentra las becas de estudio, la asistencia a la embarazada, los programas de apoyo familiar, el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de los niños o padres y la asistencia económica, entre otras.

Este diario intentó comunicarse con las áreas específicas del Gobierno para conocer si existen avances en la implementación de los programas mencionados.

Sin embargo, tras insistentes llamadas durante dos semanas se agotaron todos los canales previstos para acceder a la información y hablar con los funcionarios responsables de la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente en conflicto con la Ley Penal y la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente.

Ante la falta de datos no se pudo conocer los programas que aplican las subsecretarías, cuántos institutos existen, la cantidad de chicos internados y si hay avances en la aplicación de la nueva ley.

Otros protagonistas

Además de los tres poderes del Estado (el legislativo que debe adecuar la normativa provincial, el judicial que impone la institucionalización y el ejecutivo que aplica políticas públicas), la ciudadanía tiene un rol protagónico en lo que supone un cambio de paradigma y de lógica en el tratamiento de los chicos.

El papel de la sociedad civil organizada es fundamental en todo los concerniente a la promoción y difusión de los derechos, en especial de los niños y adolescentes.

En ese sentido existe un foro de trabajo por los derechos del niño conformado por ONG (Organizaciones No Gubernamentales) de Córdoba como Cecopal, Sehas, Serviproh, La Minga y Seap que trabajan en promoción y desarrollo.

"No vemos ninguna adecuación a la ley nacional en políticas públicas. Por eso desde las ONG estamos formando un frente de debate político y de presión ante esta situación", explicó Mariano Carrizo, referente de Seap (Servicio de Acción Popular).

Acciones

El domingo por la noche realizaron una pegatina con carteles para difundir el contenido de la ley y el lunes instalaron una carpa en la plaza San Martín para entregar folletos y explicar los ejes de la campaña.

Además, el 23 y 24 de noviembre se realizarán las Terceras Jornadas de Actualización en Temáticas de Adolescencia y Juventud.