Cuando se firmó el acuerdo de la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), al que adhirieron otras entidades de la cadena de valor sectorial, el 20 de diciembre pasado, resultó curioso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no aludiera a una cuestión tan preocupante e imperiosa como la realización de viviendas sociales. Sí publicitó los préstamos destinados a la ejecución de "viviendas para sectores medios que -reconoció- no tienen cabida ni en los planes sociales ni todavía, obviamente, el crédito".

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) planteó la necesidad de paz social y ponderó las inversiones privada y estatal en la actividad. Y puntualizó que en materia de infraestructura "este año (por el 2010) va a agregar el 4,2% al Producto Bruto Interno (PBI)", por lo que "hace el Estado en viviendas, escuelas, rutas, hospitales y obras eléctricas" (CFK prometió para el 2011 la inauguración de Atucha II y la terminación de Yacyretá).

Lamentablemente, excepto en ciertas provincias, se proporciona escasa atención a los programas implementados por organizaciones de la sociedad civil y que asignan un papel preponderante a la autoconstrucción progresiva y participativa.

"Una quinta parte de la población vive en condiciones de marginalidad y no puede generar otra cosa que un estallido social en la búsqueda de viviendas -alertó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Católica Argentina (UCA)-. Se observa esto desde hace cinco años, con la gente en las plazas, en rincones marginales de los countries o en zonas de Palermo (ciudad de Buenos Aires) donde se desarrollan villas y en los márgenes de las autopistas". Pese a que entre el 2004 y el 2009, tras seis años de crecimiento económico, "hubo mejoras en la provisión de servicios domiciliarios y en infraestructura urbana en las grandes ciudades", Salvia afirmó que "persisten elevados déficits habitacionales estructurales en ciertos segmentos sociales".

Cuando el director del ODS comentó los recientes disturbios, aseveró que se gestaron hace más de cinco décadas. Alguien entonces evocó que la cuestión de las villas pareció preocupar a gobiernos de diferentes épocas. Ya un equipo del en ese momento Ministerio de Bienestar Social de la Nación previó durante la dictadura de Juan Carlos Onganía un "Plan de erradicación de villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires", que incluyó un capítulo de "alojamiento transitorio", y fue criticado en diciembre de 1968 por un grupo de sacerdotes católicos entre quienes se encontraba el posteriormente asesinado Carlos Mugica.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Minplan) comprobó, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), no sólo que "el déficit habitacional es enorme" -hace años que se menciona que es de 3 millones de unidades, cantidad que se omite en los discursos oficiales- sino, asimismo, que "aun en los casos en los que existe una vivienda sus condiciones son muy precarias". De 7,2 millones de hogares estimados -habitados por poco más de 24 millones de personas- casi 1,8 millones se encontraban en condiciones deficitarias.

En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas, las proporciones de propietarios en el 2004 era similar a la del 2009: el 71%. La de los inquilinos pasó del 13 al 15%, mientras que la de los ocupantes bajó del 16 al 14%. En condiciones de hacinamiento había 1,6 millones.

"Atender cada demanda puntual y entregar tierras y viviendas a los sectores que viven en la marginalidad lo único que va a hacer es multiplicar las demandas para que el Estado resuelva esta necesidad", explicó Salvia. La inversión debería acompañarse con "un programa de desarrollo económico y social (salud, educación, correo, Registro Civil, programas laborales productivos, etcétera)". De lo contrario, "lo que se edifique se convertirá en nuevas áreas marginales rápidamente". Incluso sostuvo que "las casas no se pueden regalar sino que se tienen que facilitar planes de pago accesibles, desplazar las villas hacia el tercer cordón (del conurbano bonaerense) y acompañar esto con un programa de desarrollo y delinear un proyecto que retenga a la gente en los grandes centros que expulsan población hacia la ciudad de Buenos Aires".

Cuando el 21 de julio de 2004 se lanzó el Plan Federal de Viviendas iban a hacerse 120.000, que cuadruplicaron sus costos desde entonces. Una en el Gran Buenos Aires, que entonces costaría 30.000 pesos, se estaría pagando a 125.000 -reconocieron en el Minplan- cuando debería costar 65.072 si su valor se ajustara por el índice de inflación calculado en el ámbito privado (más elevado que el del Indec).

La mayoría de los gobernadores firmó el acuerdo marco para poner en marcha dicho plan, que Néstor Carlos Kirchner, presidente de turno, utilizó discrecionalmente. Julio de Vido, titular de Planificación, arregló con los representantes de las provincias el tema de los precios, las cantidades por provincia y la superficie (todas serían de 44 metros cuadrados excepto las de la Patagonia, que tendrían 49). José López, secretario de Obras Públicas, resolvió dónde se construirían y a qué precios y permitió que los contratos fueran manejados por los intendentes y que entre provincias hubiera diferencias de hasta el 100%. En septiembre del mismo año se anunció el inicio de las licitaciones, con valores "preferenciales" para las jurisdicciones gobernadas por "amigos", incluida por supuesto Santa Cruz...

Cuando Néstor y Cristina Kirchner enfrentaron en la provincia de Buenos Aires al matrimonio Duhalde, en el 2005, la candidatura a senadora de CFK impulsó miles de contratos. Dos años después se repitió la situación cuando ella pretendía ser elegida titular del PEN.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Minplan se trató de convencer que "la activa política que se ejecuta mediante la construcción de viviendas, mejoramientos, infraestructuras, obras complementarias y de equipamiento comunitario permite una intervención a favor de la inclusión social y la consolidación del hogar como núcleo familiar, generando mayor equidad social y un apoyo a la expansión de la industria de la construcción".

"Venimos invirtiendo constantemente en soluciones habitacionales; en esta área es muchísimo lo que nos falta por hacer, somos conscientes de eso", reconoció De Vido durante la 58ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) el 23 de noviembre último.

Curiosamente, el presupuesto nacional para este año prevé menores inversiones -del 9,7%, en promedio- para viviendas, escuelas, cloacas y agua potable y mayores para los subsidios a la electricidad, el transporte (automotor, aerocomercial y ferroviario) y las obras públicas viales, del orden del 51,4%, de acuerdo con una investigación de Giselle Cagliandro y Ariel Melamud, de la Fundación Siena y Konrad Adenauer.

Al desencadenarse el grave conflicto social y político por las tomas de terrenos en el parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati, se supo por la Subsecretaría de Salud porteña que era un "área de riesgo sanitario por posibles infecciones o epidemias".

El efecto "contagio" de las tomas de terrenos se multiplicó en sitios porteños, el conurbano bonaerense y varias provincias, verificándose enfrentamientos de intrusos con vecinos en los que habrían actuado punteros políticos y barrabravas, en tanto se comprobaban "ventas" irregulares de lotes. Las usurpaciones impulsaron a gobernadores e intendentes a pedir planes para los intrusos al gobierno nacional.

CFK atribuyó los episodios de violencia a operaciones "de los que ya sabemos quiénes son", quienes buscarían "desestabilizar" su gestión. A todo esto, el fiscal Carlos Stornelli tomó la iniciativa de pedir que se investigara si hubo una acción coordinada en la ocupación de predios con el objetivo de "desestabilizar al PEN" y quiénes fueron los "cómplices e instigadores".

"Un muy buen año para la actividad"

"La industria de la construcción sigue mostrando un crecimiento firme que permite completar el año con incrementos cercanos al 10%, una cifra superior a nuestras propias proyecciones", subrayó Carlos Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en su mensaje de fin del 2010.

Agregó que "aproximadamente el 13% del total de la inversión realizada en nuestro país tuvo como destino el sector. (...) Este panorama no es casual sino fruto de la aplicación de políticas activas a favor de nuestra actividad y de una gran respuesta del sector a las obras requeridas".

El presidente de la entidad empresaria no consideró necesario recordar que en la 48ª reunión anual de abogados de la CAC y empresas asociadas, el 6 de diciembre pasado, se habían puesto de manifiesto "los principales problemas que aquejan hoy al sector", tales como:

• "Necesidad de retomar la normativa tradicional en materia de obras públicas al finalizar la actual emergencia", a casi nueve años de sancionada la ley 25561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y que tuvo sucesivas prórrogas y en principio concluiría el 31 de diciembre de 2011.

• "Sustitución del actual régimen de redeterminación de precios en las obras públicas", teniendo en cuenta que el decreto 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normativas reglamentaria y complementaria han puesto claramente en evidencia las distintas falencias que provoca y que llevaron a "la aplicación de un sistema abiertamente inequitativo, como forma de ajuste del precio de las obras, generando asimismo demoras sustanciales injustificadas en sus trámites".

• "Falta de pago de los intereses por mora", que sigue constituyendo un problema sin solución. No puede concebirse que el Estado nacional abone los nuevos certificados de obra y siga "sin cancelar la importante deuda que mantiene con los contratistas en concepto de intereses por mora adeudados".

• "Falta de regulación en materia de gastos improductivos".

• "Necesidad de una jurisdicción arbitral para la solución de conflictos derivados de las obras públicas", ya que "las distintas incidencias y los conflictos originados a lo largo de la ejecución del contrato (...) no tienen hoy un fuero especializado para ser dirimidos, luego de la disolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas mediante el decreto 1349/01 del PEN".
 

MIGUEL ÁNGEL FUKS