La captura hace algunas semanas de "El Ponchis", un menor de 14 años acusado de ser sicario de la mafia, revela la vulnerabilidad de la infancia mexicana ante los cárteles pero también el irrespeto a los derechos de los niños infractores por autoridades y medios, según activistas de derechos humanos.

El joven fue detenido con dos hermanas por militares el 2 de diciembre en el aeropuerto de Cuernavaca (centro), pero había salido del anonimato cuando se habían difundido videos, supuestamente puestos en internet por él y sus amigos, en los que confesaba haber degollado a varias víctimas por orden de un lugarteniente del narcotráfico.

La historia de "El Ponchis" impresionó por la crueldad con la que confesaba los crímenes.

Ahora el debate público se centra en la forma en que el joven se autoincriminó al dar declaraciones a la prensa sin asistencia legal tras su captura y hay quienes se preguntan si la publicidad de su confesión no encubre a los verdaderos autores.

"Estamos invitando a que el Estado mexicano reflexione e identifique sus fragilidades como institución para la protección de niñas y niños con este caso", dijo Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Es evidente que el sistema educativo y los programas públicos de protección a la infancia fallaron en este caso, anota.

El nombre del menor fue ampliamente revelado por la prensa, que de hecho asumió su confesión como válida pese a que fue hecha extrajuicio y sin la presencia de un abogado.

El rostro del menor ni siquiera fue ocultado, a pesar de que así lo establece la legislación local.

Al menos se violentaron el derecho del joven a "la presunción de inocencia y a la privacidad", explica el abogado Javier Carrasco, promotor de derechos humanos.

El caso de "El Ponchis" no es aislado. Según la Red por los Derechos Humanos de la Infancia, unos 3.000 menores han sido detenidos en México por delitos relacionados con el narcotráfico desde diciembre del 2006 cuando se inició la actual estrategia de combate a los cárteles, que ya ha dejado más de 28.000 muertos.

Otros 30.000 menores estarían cooperando con grupos criminales, estima la organización, que solicitó al gobierno que impusiera castigos mayores a los miembros de grupos criminales cuando implicaran a menores en sus crímenes.

Varios reporteros que cubrieron la captura narraron que habían sido citados cerca de la fiscalía, adonde llegaron seis camionetas con militares encapuchados que bajaron al menor en plena calle y lo expusieron con la cara descubierta ante las cámaras para que confesara sus supuestos crímenes.

Con las luces de la televisión encima, el joven confesó que había iniciado su actividad delictiva a los 11 años, obligado por miembros de una banda al servicio del narcotráfico. "Me dijeron que me iban a matar", se defendió.

"Un soldado lo tenía sujeto de las costillas y el detenido se sobresaltaba al escuchar alguna pregunta de los periodistas. Así que puede ser que el militar le estuviera haciendo presión con la mano para responder", explicó un reportero que asistió al interrogatorio y pidió no ser identificado.

Concluida esta primera declaración los soldados lo llevaron a la fiscalía pero al poco tiempo lo regresaron al lugar para que reiterara su atropellada confesión ante medios que habían llegado tarde.

La única fuente citada hasta ahora para acusar al joven es su propio testimonio. La oficina de Prensa de la Secretaría (ministerio) de Defensa, que anunció que iba a entregar detalles de la captura, nunca lo hizo y rechazó comentar los señalamientos de irregularidades en la detención.

Un juez del estado de Morelos, cuya capital es Cuernavaca, dictó detención preventiva contra el joven pero al mismo tiempo restringió la difusión de su imagen y de los detalles del caso para protegerlo, informó Efraín Vega, portavoz de la fiscalía local.

LETICIA PINEDA

AFP