En nuevo plan contra el empleo informal fue encarado por el gobierno nacional sobre la base de la elaboración del "índice mínimo de trabajadores" (IMT), de acuerdo con "presunciones laborales" respecto de la cantidad mínima de jornales que debe pagar cada empresa. De acuerdo con lo calculado por la Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mteyss) existen en el país 4,5 millones de trabajadores no registrados.

Simultáneamente, se conoció el Programa de fiscalización permanente de empresas promovidas, por el que se prevé la presencia de un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en cada una de las 1.178 (331 industrias y 847 firmas de otros rubros) que gozan de beneficios impositivos por estar incluidas en regímenes de incentivos que apuntan a promover zonas geográficas desfavorecidas. Ese funcionario será designado durante un año y luego irá rotando por otras empresas, relevando en cada caso y diariamente las compras y los ingresos de fletes con insumos y las salidas con mercaderías producidas, es decir datos que permitirán estimar los trabajadores necesarios para cada actividad. Si en función de la magnitud de una unidad de producción dicha cantidad es considerada baja, se determinará una deuda por supuestos aportes y contribuciones no pagadas. Las acciones estarán a cargo de 1.200 inspectores que controlarán los destinos de los beneficios, o sea, que no existan abusos de los citados regímenes y que se declaren bienes como producidos en esas empresas cuando no es así.

La AFIP reconoció que con las presunciones laborales que fijan el mínimo de trabajadores por empresa "se invierte la carga de la prueba" en materia impositiva y que el empleador deberá demostrar que tiene más tecnología o eficiencia y por eso está por debajo del índice general.

Al presentar el "índice mínimo de trabajadores" (IMT), que consiste en presunciones sobre la cantidad mínima de jornales que debe pagar cada empresa, Carlos Sánchez, director general de la Seguridad Social, aclaró que la citada inversión de la carga de la prueba está establecida por la ley "Antievasión II" y cuenta con avales de todos los tribunales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. No obstante, aún subsisten dudas acerca de lo que podría dictaminar la Justicia sobre dicha inversión de la carga de la prueba.

Las primeras actividades que serían alcanzadas por el sistema de presunciones serán construcción, textil, agropecuaria, hotelería, restaurantes, citrícola y turismo estudiantil, por interpretarse que tendrían los mayores índices de empleo en negro. En la elaboración de los índices participaron la AFIP, el Mteyss, empresarios y sindicatos. Y aunque las iniciativas comenzaron a estudiarse en el 2006, recién se implementaron a principios de este mes, cuando se conformó la dotación de agentes fiscales con los 2.000 empleados provenientes de las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) -antes eran 107 los que cumplían esas tareas- y se ajustó la tecnología necesaria para coordinar los controles.

Detectada la irregularidad por el auditor, el titular de la empresa tendrá quince días hábiles para efectuar los descargos o componer la situación; de lo contrario, la multa será equivalente a cuatro veces los aportes que debería haber hecho por un lapso de dos años.

A partir del 1 de diciembre todas las empresas con promoción deberán adherir, asimismo, al sistema de facturación electrónica para cruzar los datos con los exigidos por el auditor.

Un "Plan nacional de regularización del trabajo" (PNRT) fue encarado en el 2003 por el Mteyss, la AFIP y las autoridades laborales provinciales con intervención del Consejo Federal del Trabajo (CFT). En el marco de la ley 25877 sus objetivos fueron:

? Lograr la registración plena de los trabajadores, con los correspondientes beneficios vinculados con la protección laboral y las prestaciones sociales.

? Reducir la evasión de aportes y contribuciones para sostener el sistema de seguridad social con recursos genuinos.

En el 2005 el objetivo específico del PERT era fiscalizar en un plazo de doce meses aproximadamente 200.000 empresas en todo el país mediante una decisión política sostenida con acuerdos y consensos entre los gobiernos nacional y provinciales. El Mteyss, mediante la ley 25877, asumió competencias fiscalizadoras y sancionatorias en todo el país, en tanto buscaba regularizar los trabajos no registrados y parcialmente registrados, las formas atípicas y encubiertas y la subcontratación "elusiva".

"En septiembre del 2003 estábamos en un porcentaje grave ya que, de cada dos trabajadores, uno estaba sin registrar. A principios del 2010 la proporción disminuyó del 49,9 al 36%, no obstante lo cual todavía falta mucho", explicó Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Mteyss. Recordó que el plazo para regularizar trabajadores sin registrar y sin pagar multas ni penalidades venció el 29 de enero pasado, cuando se volvió a multar, y que el 80% de las regularizaciones correspondió a pequeñas y medianas empresas (pymes) con menos de diez trabajadores, o sea, las que tienen mayor capacidad de empleo en la Argentina.

El último informe del PERT indicó que sobre 300.707 empleados relevados en todas las ramas de actividad, entre el 1º de enero y el 15 de octubre de este año el 32,45% de ese total no estaba registrado, frente al 28,26% del 2009.

"Esto no significa necesariamente que el empleo en negro haya subido de un año al otro sino que estamos detectando mejor las irregularidades a partir del uso de herramientas más sofisticadas", argumentó Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la cartera que conduce Carlos Tomada.

Entre las actividades con mayores índices de irregularidad laboral figuraron este año la pesca, con el 87,11% -no se consideró un dato relevante porque apenas se fiscalizaron 54 firmas-; la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la extracción de madera y actividades conexas, con el 60,32%; la producción industrial de madera y papel, con el 48,45%; minas, canteras, petróleo y gas, con el 46,54%, y la construcción, con el 38,43%. (Ver infografía)

La región con más empleo no registrado fue el noroeste, con una tasa del 47,56%, seguida por las de Cuyo, 47,08; Patagonia, 45,81%; pampeana, 32,37%; centro, 31,59%; conurbano bonaerense, 30,28%, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16,99%.

En la cartera laboral destacaron que las aprobaciones de las leyes para los empleados domésticos, trabajadores a domicilio y peones rurales "contribuirán a la lucha contra la modalidad de contratación no registrada". En el mismo organismo afirmaron que el trabajo "en negro" afecta a los asalariados a quienes no les realizan aportes al sistema de la seguridad social, por lo que carecen de los derechos y los beneficios previstos para quienes están en relación de dependencia y se encuentran en una situación de desprotección laboral y social. Incluso subrayaron que la magnitud del mismo no puede ser atribuida actualmente al crecimiento sino a múltiples factores que impulsaron el incremento del no registro hasta alcanzar niveles inéditos en las décadas pasadas.

A su vez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicitó que combate el empleo no registrado mediante operativos del "Plan anual de fiscalización" (PAFI) y otros aleatorios, consecuencia de tareas de inteligencia fiscal e investigación de denuncias.

Planes y programas para contrarrestar el empleo informal

En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mteyss) estudió el empleo informal en la Argentina para profundizar el diseño y el desarrollo de políticas públicas para contrarrestarlo, teniendo en cuenta que es un problema heterogéneo y complejo que abarca a empleadores, trabajadores por cuenta propia o asalariados e incluso a sus familias.

Por eso el gobierno nacional articuló demasiados planes y programas, considerando la generación de empleo decente como medio para la erradicación de la ocupación en negro y la inclusión social, entre ellos:

• El "Plan nacional de regularización del trabajo" (PNRT), para alcanzar cada vez mayores niveles de registro laboral y que apuntó a detectar aquel en negro, el parcialmente registrado, las formas atípicas y encubiertas y la subcontratación "elusiva".

• El Programa de simplificación registral (PSR), que estableció un procedimiento único para facilitar la inscripción de los trabajadores, la identificación de los empleadores y la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

• La ley 25877 para las pequeñas y medianas empresas, que previó un descuento equivalente a un tercio de las contribuciones patronales a la seguridad social durante 12 meses por cada trabajador incorporado. Llegaron a identificarse trabajadores que se desempeñaban en unidades productivas informales, es decir, al margen de toda norma. Para el tratamiento de este grupo el Estado nacional procuró la inclusión social y el desarrollo productivo y regional mediante el Monotributo Social, el seguro de capacitación y empleo y planes de apoyo a emprendedores y empresas jóvenes, promoción de clusters y redes productivas, agencias de desarrollo productivo, programas de crédito para mipymes y otros.

• Medidas para quienes se desempeñaban como personal en hogares particulares, como la posibilidad de que el empleador deduzca del Impuesto a las Ganancias el salario y las cargas sociales correspondientes, la simplificación del sistema de registro y el pago de aportes y el lanzamiento de una campaña de la AFIP para promover la registración.

MIGUEL ÁNGEL FUKS