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Una jueza que no es de "utilería"

"Los jueces siempre tenemos ante nosotros uno de los desafíos más apasionantes que hacen a lo humano: ser sinceros? Parece estéril señalarlo, pero no lo es". La reflexión corresponde al juez Robert Jackson, fiscal jefe para la acusación de los Estados Unidos a los jerarcas nazis juzgados en Nüremberg. No escribió sus memorias, pero dejó muchas minutas en las que quedaron estampadas ideas, pensamientos, dudas y certidumbres, como esa que sostiene que "La República requiere de una Constitución, pero para construirse cotidianamente requiere de jueces y fiscales que sin épica hagan saber que son jueces y fiscales y no meras piezas de utilería con forma de jueces y fiscales", escribió.

Sin duda, Carmen Argibay no es una jueza de utilería.

Nació en Buenos Aires un 15 de junio de 1939. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada el 11 de junio de 1964. Trabajó en varios juzgados públicos y enseñó Derecho en muchas universidades hasta 1976. El 24 de marzo, tras el golpe de Estado, fue arrestada por orden de la dictadura, que la encarceló hasta diciembre de ese año y la dio de baja de la Justicia, con aval de la Corte Suprema de entonces. Luego de obtener su libertad, se dedicó a la práctica privada de la abogacía.

Ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el 7 de junio de 1984 fue nombrada jueza de 1ª instancia en lo criminal en Capital. Fue ascendida en 1988 y, nuevamente, en 1993. Se jubiló el 1º de enero de 2002. Formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra, que condenara en diciembre del 2000 al ejército japonés por someter a mujeres de distintos países a la esclavitud sexual en la II Guerra. En junio del 2001 fue nombrada por la Asamblea General de la ONU como juez ad litem para el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y se le asignó un caso en el 2002. Fue propuesta como miembro de la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2003 y prestó juramento el 3 de febrero de 2005. Integra la Asociación Internacional de Derecho Penal y la Asociación Internacional de Mujeres Jueces.



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