SANTIAGO DE CHILE.- La huelga de hambre que mantienen 32 presos mapuches desde hace ya 53 días en Chile comenzó a complicar al gobierno de Sebastián Piñera y ensucia además el legado en derechos humanos de la ex mandataria Michelle Bachelet.

Los mapuches, procesados por una ley antiterrorista que prohíbe excarcelaciones durante la investigación y permite condenas dobles, exigen un juicio justo y denuncian montajes de policías y fiscales. "Nuestro cuerpo es lo último que nos queda para protestar", dijo el líder de los huelguistas, Héctor Llaitul, desde la cárcel de El Manzano en Los Ángeles, al sur del país.

Llaitul, quien ya estuvo preso un año y medio en otro juicio antes de ser absuelto, además pidió una salida política al conflicto cuyo telón de fondo son demandas por autonomía y territorio.

El gobierno de derecha, sector que mayoritariamente pidió en el pasado "mano dura" contra los activistas mapuches, acusa ahora a la centroizquierda de provocar la crisis bajo el mandato de Bachelet.

"La Ley Antiterrorista fue invocada por el gobierno anterior", reclamó la vocera de la actual administración, la ministra Ena von Baer, tras críticas de Amnistía Internacional y de la oposición.

Efectivamente, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma fue quien promovió esta estrategia bajo el gobierno de Bachelet, pese a las críticas y las condenas de Naciones Unidas.

"Parece haber un constante ciclo de violencia", denunció entonces a DPA el relator para temas indígenas de Chile, James Anaya, sobre el conflicto que tiene una data histórica.

Ahora, con la posibilidad de que varios indígenas mueran en las cárceles chilenas, las opciones de una solución al problema son lejanas, aunque surgen voces que piden una mediación.

El senador Orlando Letelier, jefe de la bancada socialista, solicitó incluso dejar de aplicar la criticada norma antiterrorista, como también piden sectores eclesiales. "La realidad de los mapuches (...) es dramática. No se puede ni se debe criminalizar a los mapuches, no se debe ni se puede pensar que lo correcto es aplicar la Ley Antiterrorista", dijo.

Sin embargo, ni en la centroizquierda ni aun en la derecha las voces son unánimes, como demuestra la actuación del gobierno de Bachelet.

Sin salidas a la vista

Pero la Ley Antiterrorista es sólo una consecuencia del conflicto, cuyo eje son las demandas por territorio y autonomía, improbables de resolver en un corto o mediano plazo.

De hecho, la crisis entre los mapuches y el Estado chileno no ha podido ser eludida ni siquiera pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a estas comunidades indígenas desde 1990.

El nudo del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos de merced, que unos tres millones de hectáreas les pertenecen en el sur del país, zona agrícola, forestal y turística.

La mayoría de esos predios es propiedad de firmas administradas por los principales grupos económicos del país, que controlan más de la mitad del producto bruto interno chileno.

La posibilidad de un acuerdo, jamás logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche está fragmentada en 2.200 comunidades, sin un líder común.

En ese escenario, Piñera, la oposición y quizá la propia Bachelet deberán encarar la decisión de buscar o no una salida política a una crisis que mantiene a Chile cuestionado en derechos humanos.

MAURICIO WEIBEL

DPA