Si la Argentina se debate en una "crisis política", ¿en qué medida ésta es producto de un diseño institucional pasible de ser reformado? El funcionamiento adecuado de instrumentos como los decretos de necesidad y urgencia, de organismos como el Consejo de la Magistratura o del sistema de distribución de fondos mediante el régimen de coparticipación es, sin lugar a dudas, una inmensa asignatura pendiente en relación con este interrogante.

Para ahondar en estos aspectos el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo (Cippec), con el auspicio del "Río Negro" y la tabacalera "Nobleza Piccardo", reunió en un foro realizado en el hotel Savoy de la Capital a académicos, políticos y jueces.

Sosteniendo que el Bicentenario es "una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las instituciones en Argentina", la convocatoria se vertebró desde el convencimiento de que son dos los problemas estructurales que afectan el diseño institucional del país.

El primer problema está relacionado con la concentración de una gran cuota de poder en la figura del presidente. Esta concentración genera una práctica en la cual todos los actores políticos -oficialismo y oposición- buscan alcanzar o mantenerse en el rol presidencial y está sustentada en un conjunto de normas que regulan el sistema institucional propuesto por la Constitución que hacen posible el sistema presidencialista argentino.

El segundo impedimento está vinculado con los problemas que surgen de la tendencia anómica de los argentinos en su accionar en la vida institucional del país, plasmada en actitudes finalistas que conducen a justificar la violación de las normas sobre la base del carácter imperativo de fines loables o superiores y formalistas que llevan a aplicar e interpretar las normas con absoluta prescindencia de los fines que ellas procuran satisfacer.

El "Foro para la reforma institucional en la Argentina" deliberó durante ocho horas bajo la forma de cuatro mesas que abordaron las siguientes temáticas: Las potencialidades de la Constitución de 1994; Decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada; Federalismo y coparticipación y Consejo de la Magistratura.

"Los mecanismos que se idearon en la reforma de 1994, como la figura de jefe de Gabinete, resultaron inconsistentes. (Fernando) De la Rúa sondeó la posibilidad de designar como jefe de ministros a un integrante de la oposición, pero las negociaciones se desarrollaron en secreto y fracasaron. La presidencia de Duhalde representó una suerte de prueba de un sistema parlamentario en cuanto fue estrecha la colaboración entre el Ejecutivo y el Parlamento".

El diputado radical ejemplificó con algunas cifras el estado de fragmentación en el Congreso donde los 257 diputados están divididos en 35 bloques, 16 de ellos unipersonales y cinco con sólo dos integrantes. En el Senado el fenómeno es aún más categórico: allí hay 31 bloques, 12 de una persona y 13 con dos miembros. Se desprende como consecuencia la "falta de acuerdos parlamentarios". Mientras en promedio se dictan 120 leyes por año, en el actual período se han aprobado menos de cuarenta.

Gil Lavedra prevé que en el próximo período parlamentario (desde el 2011) no habrá mayorías, por lo cual "será necesario el armado de coaliciones".

En un régimen electoral proporcional como el argentino, el legislador radical consideró conveniente "elevar el piso" para acceder a una banca.

Alberto García Lema, uno de los arquitectos de la reforma constitucional realizada hace ya dieciséis años, admitió que algunos de sus objetivos no fueron alcanzados pero agregó que otros sí, y destacó cómo "el hiperpresidencialismo autoritario está siendo confrontado desde derecha e izquierda". García Lema sostuvo que antes de la reforma los actores sociales articulaban relaciones sólo con el presidente; "ahora, tal vez por miedo, empiezan a mirar al Parlamento". Para García Lema es más ventajoso el sistema parlamentario "horizontal" que el presidencialista "vertical" (presidente-gobernadores-intendentes), que deja relegados a los cuerpos deliberativos.

Desde otra óptica, el director del Centro de Investigaciones Políticas del Cippec, Marcos Novaro, consideró necesario contar con un poder presidencial fuerte para la etapa pos-kirchnerista.

Novaro, que junto con Vicente Palermo es autor de la más minuciosa investigación hecha hasta ahora sobre el último régimen de facto, "La dictadura militar 1976/1983", sostuvo que "el peligro, más que en la concentración del poder presidencial, está en el ejercicio de usos extraconstitucionales del Poder Ejecutivo" y dio lugar al debate siguiente sobre Decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada.

La presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, fue categórica: "En la reforma del 94 se instaló el doble discurso normativo argentino: por un lado pareció restringirse al máximo la posibilidad de dictar DNU y delegar facultades en el presidente, pero a la vez se introdujeron tantas excepciones que en la práctica llevaron a todo lo contrario".

La especialista rescató la iniciativa -con media sanción en Diputados- que eliminó la "aprobación tácita" de los DNU (de prosperar la reforma, si un DNU no es tratado por el Congreso queda sin efecto). La modificación positiva que se introdujo es que "al dictarse un DNU en etapa de receso (extraordinarias) equivale a la convocatoria automática de las cámaras".

Laura Alonso, diputada nacional de PRO, advirtió sobre los riesgos de adjudicarle al Congreso un rol que no tiene. "¿Continuará el auge congresista o es un fenómeno circunstancial que se modificará de acuerdo con el cambio de mayorías?", se preguntó.

El análisis de fondo lo realizó Javier Zelaznik, profesor de la Universidad Di Tella, quien consideró que existe un uso equilibrado de los DNU cuando no se los emplea como "usurpación" de facultades legislativas sino como "delegación", lo cual prácticamente le impide gobernar por decreto al presidente que no tenga mayoría en el Congreso.

En defensa del uso moderado de los DNU, Zelaznik hizo una distinción: "En Uruguay o Chile el presidente puede fijar una agenda de ´plena urgencia´, hay temas restringidos al Congreso; lo contrario de lo que ocurre en la Argentina, donde el Poder Legislativo puede abordar cualquier temario".

El cierre fue sobre el rol del Consejo de la Magistratura, debate al que concurrieron varios de sus integrantes. La consejera oficialista Diana Conti replicó a quienes califican al organismo de politizado. "Las interpretaciones no son a-ideológicas", disparó y defendió el criterio del Consejo en relación con los jueces. "O aceleran los procesos de derechos humanos o tienen que renunciar". También dijo que los magistrados tienen que acordar con esa doctrina. Reconoció que no se consiguió garantizar la transparencia en todas las designaciones, pero recalcó que "este último Consejo avanzó en cuestiones como las declaraciones juradas de los jueces".

El representante del Ejecutivo en el Consejo, Héctor Masquelet, aludió a la "presión mediática" que pone en duda muchas decisiones. El miembro por los académicos, Mariano Candiotti, ponderó la diversificación que se está logrando en el acceso al Poder Judicial (no llegan sólo quienes hicieron carrera en Tribunales sino que existe una "meritocracia") y entre los defectos señaló "el exceso de funciones". Candiotti compartió con la decana de la UBA, Mónica Pinto, que el Consejo es una "institución que llegó para quedarse". Un detalle que, como tantos otros, está por verse.

CARLOS TORRENGO

CLAUDIO RABINOVITCH