En el discurso que dio la presidenta Cristina de Kirch-ner el martes pasado en referencia al caso Papel Prensa, destacó, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley que declararía de "interés público" la producción de pasta de celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización. "Ese proyecto de ley también encomendará realizar un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente", agregó.

Es importante destacar que un bien declarado de "interés público" es un concepto distinto al de "bien público".

Mientras que el primero se enmarca dentro de lo que jurídicamente se define como concepto indeterminado, en el sentido de que no hay una definición preestablecida por una norma específica (algunos ejemplos son el orden público, la utilidad pública, paz pública, seguridad nacional, entre otros), un bien público responde a determinadas características económicas naturales, como la no rivalidad y no exclusión en el consumo, y no necesita que una ley lo declare como tal.

La no rivalidad refiere a que el consumo de un bien por parte de una persona no impide su mismo consumo por parte otro individuo. La característica de no exclusión tiene que ver con la imposibilidad de prohibir del consumo del bien a determinadas personas de acuerdo a algún criterio. Algunos ejemplos de bien público son la señal de radio, la defensa nacional y los fuegos artificiales.

Volviendo al concepto de "interés público", pareciera ser, en principio, que no existe una definición concreta del mismo sino opiniones, encauzadas en un gran debate, que intentan enmarcarlo y caracterizarlo. Su significado podría ser delimitado por la jurisprudencia, pero en realidad no puede hablarse de un sentido unívoco del término "interés público". Esto se debe a que el mismo es un concepto abstracto que, en definitiva, debería determinarse de forma casuística por medio de una ley. Por ello fue necesario que la presidenta efectivice la presentación oficial ante el Congreso nacional para que, por medio del debate correspondiente y en función del marco histórico, se defina o no como tal.

Sin embargo, la ausencia de una definición específica no lleva a la arbitrariedad ni justifica situaciones abusivas. Para ello, la teoría del concepto indeterminado permite delimitar la discrecionalidad administrativa que sustenta y permite un control de su ejercicio, estableciendo un ámbito limitado de actuación.

De todos modos, se puede afirmar que las decisiones que se sustentan en conceptos indeterminados tienen un carácter político o ideológico, ya que demarcan los límites de la aplicación de la norma, siempre bajo el amparo de la Constitución nacional.

Y es por ello que en primera instancia es el Poder Ejecutivo el que presenta el pedido expreso al poder competente para convertirlo en ley. Una vez que la ley se promulga, para asegurar su correcta definición e interpretación y en virtud de la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico por el principio de legalidad es que existe la posibilidad de su verificación por el Poder Judicial.

¿Cuál es la importancia de definir la producción de pasta de celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización como de "interés público"? Se podría afirmar que serviría para justificar diversas formas de intervención del Estado, ya sea por medio de prohibiciones, permisos, controles efectivos e incluso estableciendo modos de gestión como un mayor nivel de inversión.

Pero todas estas políticas no necesitan de una definición previa de "interés público" para ser aplicadas. Esto nos lo demuestra el caso concreto de la intervención del Estado en el mercado de combustible, regulando el precio, como así también lo hace sobre todos los servicios públicos como el gas, la luz y el agua e incluso definiendo el precio interno de la soja y el maíz al aplicar retenciones a la exportación, por mencionar algunos ejemplos.

Por otro lado, si la actividad se desenvuelve, tal como lo señala la presidenta, en un mercado monopólico, el Estado deberá regularlo, amparado por la ley de Defensa a la Competencia, para corregir la falta de eficiencia que este tipo de mercados crea. En el caso particular de Papel Prensa, que su actividad principal sea declarada de "interés público" nos deja a un paso de pensar en la posibilidad de ejecutar una expropiación.

¿Pero el argumento oficial no nos permitiría pensar, también, que la producción de cemento no es de "interés público" en un país que presenta un enorme déficit habitacional? ¿Y qué hay de los alimentos básicos como la leche y el pan, cuando hay millones de niños argentinos que carecen de ellos a diario? La lista terminaría siendo tan larga, que tendríamos que tener un Congreso nacional exclusivo para su debate.

(C.Z./Redacción Central)