Una nota del subsecretario de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Emilio Baratta (mano derecha de Julio de Vido), bastó para descomprimir, antes de empezar, la audiencia pública que discutió el mes pasado la oportunidad de declarar de utilidad pública la obra de conexión eléctrica entre el Valle Medio y el Alto Valle. Una misión neuquina, con el concejal Mariano Mansilla (del partido provincial Une) a la cabeza, amenazaba con hacerse oír en su reclamo de no trasladar a los usuarios de esa provincia el repago de esta obra que beneficia a toda la región.

La nota de Baratta decía que el tendido de alta tensión sería financiado por Nación y que, por lo tanto, no debería pasarse a la tarifa.

En esto Mansilla actuó casi como vocero del gobierno de Jorge Sapag, cuyos funcionarios del área de Energía sostienen que, más que solucionar el problema de falta de inversiones del sistema regional, la obra que va desde el Valle Medio hasta Villa Regina sirve para desarrollar económicamente la isla de Choele Choel y otras zonas de Río Negro.

El transporte de electricidad, cuando fue privatizado, se reguló de manera tal que la tarifa de los concesionarios (Transener, el EPEN como transportista, la rionegrina Transcomahue) sólo financiaría la operación y el mantenimiento de la red, no la expansión. Para obras nuevas debe abrirse un procedimiento que no cualquiera puede activar, en el que debe aparecer el financiamiento y es preciso determinar los beneficiarios, que son los que en definitiva repagarían la inversión a largo plazo, dentro de la tarifa final.

El precio que todos pagamos por la energía tiene estos componentes desde hace años.

Claro que muchas obras no fueron incluidas en este financiamiento y se encararon de manera privada (como la doble terna de 132 kV entre Loma de la Lata y El Trapial) o como obra pública estatal (la interconexión de Villa Pehuenia) porque no hay relación entre la inversión y la población beneficiada. Los reclamos quedaron sin sentido porque el Ministerio de Planificación decidió hacerse cargo de la obra.

El EPEN, que es la empresa neuquina de electricidad, sostiene que, además, la línea Valle Medio-Villa Regina (que cuesta entre 36.000.000 y 40.000.000 de dólares) no soluciona la sobrecarga que sufre la estación transformadora Planicie Banderita, que es puntal de la red regional y que en el verano llegó a funcionar al límite. En el mapa que acompaña esta nota se puede observar el esquema.

Activarán el mecanismo para que se encare otra obra, entre Agua del Cajón y Centenario (una doble terna de 132 kV), complementada por un tendido que lleve esa energía hasta Cinco Saltos.

El costo estimado es de 6.000.000 de dólares. Permitiría conducir la energía de la central Agua del Cajón hacia la red interprovincial. La obra está en Neuquén, pero seguramente tendrán que repagarla los rionegrinos.

Opinión:

Chovinismo

MARTíN BELVIS
martinbelvis@rionegro.com.ar

Mariano Mansilla y su partido, Une, armaron una campaña en Neuquén contra la forma en que el mercado repagaría la interconexión del Valle Medio y el Alto Valle, antes de conocer que la obra la terminaría haciendo Nación.

Iban a ir a la audiencia pública a reclamar que a los usuarios neuquinos no se les aplicara este pequeño cargo en las tarifas porque, según su razonamiento, la línea queda en Río Negro y por lo tanto son los rionegrinos los que deben asumir el costo de la obra, por más que beneficie a familias, comercios e industrias del otro lado de los ríos.

Este planteo chovinista, que coloca a Mansilla muy cerca de los postulados más ortodoxos del MPN, contradice el sentido federal con el que se construyó la red eléctrica, no sólo del norte de la Patagonia sino de todo el país.