Los tres términos del título son apropiados para sintetizar el informe "sombra" que diez organizaciones de mujeres culminaron en junio para dar cuenta de la situación de las mujeres argentinas ante la ONU. La última evaluación se había realizado hacía seis años.

En términos de avances se destaca, en primer lugar, la ratificación en el 2006 del Protocolo Facultativo del Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw), que posibilita que las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos realicen denuncias internacionales y que el comité investigue de oficio en los casos de violaciones graves y sistemáticas de esos derechos.

También se resalta la sanción de nuevas normas como la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la ley contra la Trata de Personas y la incorporación de la anticoncepción hormonal de emergencia y la anticoncepción quirúrgica a la oferta de métodos que provee el Estado.

El informe también valora la creación de políticas sociales como la asignación universal por hijo, aunque critica que se demore la reglamentación de las normas y, en términos generales, que en las políticas de Estado no se incorpore la perspectiva de género, algo fundamental para que las medidas se traduzcan en igualdad entre los sexos.

"Durante el período que cubre este informe no se advierte una activa preocupación del Estado argentino por incorporar perspectivas de género en todos sus proyectos, políticas y programas sociales y económicos de forma de asegurar que éstos apunten a lograr el objetivo de la igualdad entre los géneros y el goce de sus derechos humanos por parte de las mujeres", se señala.

Otro déficit del Estado, indica el informe, es de estadísticas que permitan evaluar la situación de las mujeres: "En general es preocupante la falta de información oficial estadística desagregada que permita analizar el impacto de las políticas económicas y sociales en las mujeres a fin de corroborar que éstas reviertan la tendencia de que las mujeres y las personas menores de edad son más pobres que los adultos varones, profundizando inequidades estructurales. El mercado de trabajo no ha sufrido mayores transformaciones, en tanto siguen siendo las mujeres las que adolecen de mayor precariedad en el empleo".

En este plano sigue siendo crucial el aporte de organizaciones de la sociedad civil, casi exclusivamente de mujeres, que efectúan estudios de modo sistemático, desagregan por sexos las mediciones que carecen de este indicador o incorporan categorías nuevas como el "femicidio", utilizado para contabilizar muertes de mujeres como consecuencia de la violencia machista.

Otro punto de estancamiento corresponde al rol del Consejo Nacional de las Mujeres, autoridad máxima de la estructura del Estado en lo que se refiere a las políticas que las afectan y al que le toca transversalizar la política de género dentro de la estructura del Estado y velar por el cumplimiento de todo el armazón legal que protege a las mujeres. El Consejo -según el informe- no superó sus "fallas estructurales" de origen (1992), carece de un presupuesto acorde con su función, su personal no es suficiente y carece de estudios y estadísticas propios que le permitan diseñar políticas.

"En consecuencia, hasta el momento, ha tenido escaso poder de incidencia en la formulación, diseño y ejecución de políticas públicas.

"Llama también la atención la ausencia de políticas eficaces y abordajes integrales sobre problemáticas específicas de las niñas y mujeres".

Sin dudas, la evaluación más negativa la lleva el Consejo Nacional de las Mujeres que, a pesar de las recomendaciones del Comité, "aún no ha cumplido adecuadamente con su función, ejerciendo acciones aisladas, descoordinadas, y en general ha mantenido una mirada tradicional y patriarcal del rol de la mujer en la sociedad argentina".

Éstos son algunos puntos destacados del informe.

* Políticas públicas: políticas de transferencia de ingresos

El informe analiza aquí las políticas sociales de transferencia de ingresos y las tendientes a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con respecto a las primeras advierte que "si bien en los últimos años el Estado argentino ha implementado diversos programas de transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia -incluyendo la positiva extensión de las asignaciones familiares mediante la asignación universal por hijo para la protección social-, estas políticas no han incorporado la perspectiva de género en su diseño y ejecución" y no alcanzan a toda la población, por lo que son perfectibles. Durante el período que cubre el informe el Estado implementó diversos programas destinados a reducir la pobreza y a mitigar situaciones de pobreza extrema. Entre el 2003 y el 2005 el Estado implementó nuevos programas sociales en pos de incluir sectores no contemplados en el sistema de seguridad social formal, que se profundizaron en el 2009 con la asignación universal por hijo, medida que evalúan superior a otros programas de transferencia de ingresos. "Aunque esta medida no implica la universalización total de una asignación por niñez, en los pocos meses de su vigencia ya ha generado un fuerte impacto positivo para revertir la situación de la pobreza y sobre todo de la indigencia". También advierte que parte del beneficio se vio carcomida por la inflación que disparó los precios de artículos de la canasta básica, al tiempo que recomienda que la asignación sea objeto de consagración legal y se prevea actualizar el monto.

* En el capítulo "Empleo" se señala que no se registraron grandes transformaciones para el mercado de trabajo de las mujeres, pues ellas siguen siendo las que "adolecen de la mayor precariedad en el empleo".

* Salud sexual y reproductiva

El informe destaca la salud sexual y reproductiva como el principal problema de acceso a la salud de las mujeres en la Argentina. "Además de ser un exponente de la inequidad entre las regiones de nuestro país, es un claro ejemplo de la poca efectividad que han tenido las políticas vigentes para brindar soluciones a fenómenos como el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna, la criminalización de los abortos permitidos por la ley o la falta de atención a las niñas y mujeres respecto del HIV/sida. Las últimas recomendaciones hechas al Estado argentino tocaron todos estos puntos y la situación es hoy prácticamente la misma, con excepción de la aprobación de uso de la pastilla del día después y la incorporación de la anticoncepción quirúrgica en la oferta de anticonceptivos, excluidas en la ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y reproductiva del 2002. Si bien la nueva ley es clara y precisa respecto de su aplicación, se registran resistencias y rechazo a implementarla en muchos lugares, entre ellas varias localidades de Río Negro, donde algunas mujeres denunciaron que no lograron la intervención.

Pero, pese a estos avances, el documento denuncia que en un período el Estado no garantizó la provisión de métodos anticonceptivos. La falta se registró desde fines del 2007 hasta mediados del 2009, durante la gestión de Graciela Ocaña, quien explicó que se había visto obligada a analizar los contratos de proveedores del Estado. Eso demoró la entrega de métodos en tiempo y forma. En el 2009 Ocaña fue reemplazada por Juan Luis Manzur y la situación tendió a normalizarse aunque la falta de provisión regular afectó a muchas mujeres, especialmente a las más pobres, que debieron interrumpir el consumo de anticonceptivos, provocando casos de embarazos no planeados.

* Violencia contra la mujer

Si bien el "informe-sombra" destaca la importancia de contar con una ley que sancione toda forma de violencia contra la mujer y organismos creados para atender a víctimas (como el generado por la Corte Suprema), critica duramente que aún no se haya reglamentado la norma, "obstaculizando así la adopción de políticas públicas concretas. A ello se suma la escasa disponibilidad de casas refugios para mujeres en situación de violencia en todo el país". A pesar de las recomendaciones del Comité, en la Argentina la violencia contra las mujeres aún se aborda de manera desarticulada y fragmentada. Tampoco se atienden adecuadamente situaciones particulares como la violencia de género y el HIV/sida en las mujeres.

* Mujeres privadas de la libertad

En este punto no sólo no se han registrado avances sino que hay retrocesos. En la Argentina, las inhumanas condiciones de detención de las personas privadas de libertad presentan un escenario de sistemáticas violaciones de los derechos humanos, comprometiendo la situación del Estado argentino en tanto responsable de la guarda de las personas bajo su cuidado.

"Esta situación se agrava en tanto no hay consideración alguna de las necesidades específicas de este colectivo, lo que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, en la falta de programas adecuados en materia de salud, las persistentes prácticas de violencia, malos tratos y tortura de que son objeto las detenidas y la recurrencia a estereotipos en las posibilidades de empleos en las cárceles. Todo ello se traduce en un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención. Este efecto diferencial es especialmente perjudicial debido al impacto que produce la detención de una mujer sobre sus redes familiares, en particular en cuanto a la situación de sus hijos".

El Servicio Penitenciario Federal registró -desde el 2006 hasta abril del 2010- nueve decesos de mujeres privadas de la libertad en unidades federales. En la provincia de Buenos Aires murieron diez mujeres en cárceles durante el mismo período de tiempo. Además, desde el 2004, seis niños que residían en prisión con sus madres han fallecido en las unidades carcelarias bonaerenses. Los niños detenidos junto a sus madres suelen padecer enfermedades respiratorias y dermatológicas debido a las condiciones de detención.

* A modo de conclusión

En síntesis, si bien el país ha registrado algunos avances, éstos son aún insuficientes para lograr el objetivo de igualdad entre los sexos y el goce de los derechos humanos por parte de las mujeres, fundamentalmente de aquellas que viven en situación de vulnerabilidad. El escollo más visible sigue siendo la voluntad política, en términos de demorar la incorporación de la perspectiva de género en la estructura del Estado; esto es, que cada eslabón que lo conforma trabaje en pos del respeto de los derechos que cada mujer tiene en su condición de tal.

SUSANA YAPPET