Los problemas socioeconómicos que afectaron al país en los últimos años provocaron la pérdida de relaciones laborales estables y protegidas, desocupación, actividades informales y empobrecimiento, entre otros, e influyeron para que muchas familias recurrieran al trabajo de sus hijos, niños y adolescentes, para adaptarse o sobrevivir.

Los trabajos más habituales de los menores, son:

? El rural, aparentemente "invisible" porque es habitual que ellos sean parte de una unidad familiar que actúa para terceros, casi siempre a destajo. Los deja expuestos a cambios climáticos, accidentes con máquinas y herramientas y riesgos ocasionados por el manejo de pesticidas o abonos químicos.

? El doméstico, en especial de las niñas, que lo asumen por ausencia de los adultos (cuidan a sus hermanos más pequeños, limpian, lavan y cocinan) pero que también salen a hacerlo en otras viviendas quedando expuestas a la explotación y el maltrato. No sólo las cansa: pueden sufrir golpes, accidentes o quemaduras en la cocina, con la plancha o por situaciones de violencia e intoxicaciones por manipular ciertos artículos de limpieza.

? El encarado en la vía pública en las ciudades, como la venta ambulante de flores y estampitas en bares, restaurantes y el transporte público; de lustrabotas, abriendo y/o cerrando las puertas de los autos y "cuidándolos" mientras están estacionados, de limpiaparabrisas, buscadores de cualquier cosa en los basurales y "cartoneros". Estas alternativas llegan a causar enfermedades, intoxicaciones, accidentes de tránsito, agresiones y lesiones, cuando no hábitos delictivos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) documentó que "existen pautas culturales y creencias que continúan justificando el trabajo infantil. En algunas familias consideran que los niños y niñas deben aprender desde pequeños el oficio de sus padres y así prepararse para la vida. Por otra parte, hay sectores de la comunidad que no ven el trabajo infantil como un problema y creen que los chicos que trabajan colaboran para que la familia se eleve sobre la línea de la pobreza". De cualquier manera, el gremio puntualizó que "una sociedad con trabajo infantil no hace más que acentuar las desigualdades y multiplicar la pobreza".

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su creación en 1919, se preocupó por el trabajo infantil y lo convirtió en una causa mundial. En el informe 2010, pero que abarcó el período 2004-2008, difundido en mayo pasado, reiteró que está sometida al mismo parte de la población de 5 a 17 años. En el lapso analizado se redujo el 3%, de 222 millones a 215 millones de chicos, de los cuales 153 millones tenían entre 5 y 14 años; a su vez, 115 millones efectuaban tareas peligrosas. En ese tramo de 5 a 14 bajó el 10% (ellas, el 15% y ellos, el 7%), en tanto en el de 15 a 17 subió el 20%.

La región más afectada fue Asia y el Pacífico, con 113,6 millones, seguida por el África Subsahariana, 66,1 millones; América Latina y el Caribe, 14,1 millones, y las restantes, 22,5 millones.

La encuesta sobre "Actividades de niños, niñas y adolescentes", elaborada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Indec y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, reveló que unos 450.000 chicos de 5 a 17 años eran explotados laboralmente en la Argentina, mientras otros estudios estimaron 1,5 millones. Aquel relevamiento puso en evidencia que el 25% de los adolescentes que trabajaban no asistía a la escuela (en las zonas rurales el 62% y en las ciudades el 21,5%). Por otra parte, la inserción laboral temprana afectaba los logros escolares, que se expresaban en llegadas tarde (18,7%) e inasistencias frecuentes (19,8%). La repetición se agravaba entre los niños que trabajaban al 30%, el doble de los que no lo hacían. La repetición entre los adolescentes llega al 43%, mientras que entre los que no trabajaron es del 26%.

En el país, aun con la implementación de la ayuda universal por hijo, más del 20% de los menores de 18 años no tienen cobertura para afrontar síntomas y patologías sociales asociados, como la violencia, adicciones, participación de menores en acciones delictivas, mortalidad infantil, bajo rendimiento, fracaso y deserción escolar.

El "Plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil" lo definió como "toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas o niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no finalizaron la escolaridad obligatoria o no cumplieron los 18 años si se trata de una tarea peligrosa".

Contrarrestarlo debería figurar entre las prioridades de los programas de desarrollo, de acuerdo con lo planteado por el "Programa entendiendo el trabajo infantil" (OIT, Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef).

La OIT propicia la generación de "trabajo decente" desde 1999, lo que implica promover y hacer cumplir los principios y derechos fundamentales y crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres a fin de que dispongan de ingresos y empleos adecuados, e insistió en que las políticas económicas se orienten a que cada vez más madres y padres tengan ocupaciones que respondan a esas características y que más niños y adolescentes asistan a escuelas de calidad y gratuitas.

Para Unicef resulta "perjudicial" el trabajo infantil y, por lo tanto, promueve su eliminación porque compite con el cumplimiento de la escolaridad mínima obligatoria, afecta los rendimientos e impide en el futuro una inserción adecuada en el mercado laboral. En este último, quienes no completan los estudios obligatorios son "penalizados", de acuerdo con lo observado hace años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) fue creada por el decreto 719 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el 25 de agosto de 2000 en el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. La intención fue que aplicara el convenio 138 de la OIT, ratificado por la ley 24650, que estableció el compromiso de "seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños". Como el 138 incluso fijó la edad mínima de admisión al empleo, cada uno de los países signatarios aceptó asegurar esa abolición y elevar progresivamente la edad. La Argentina dispuso que la mínima fuera de 14 años y elevó a 18 la correspondiente a actividades peligrosas. Mediante el convenio 182 la organización planteó como objetivo eliminar las peores formas de trabajo infantil (ver cuadro) para el 2016 y los países que lo suscribieron -como la Argentina- se comprometieron a eliminarlas, en una decisión que abarcó, además, la esclavitud, la trata de personas, la servidumbre por deudas, el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados, la explotación sexual, la pornografía y otros ilícitos.

La responsabilidad de estudiar políticas tendientes a erradicar el trabajo infantil fue asumida desde el 2003 por el que pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y consultores de Ipec/OIT.

La Argentina avanzó en materia de leyes: ratificó la Convención de los Derechos del Niño y su posterior incorporación a la Constitución nacional y sancionó las de "Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes" y federal de educación y derogó la del patronato.

La cartera laboral entiende por trabajo infantil "toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso". Desde mediados del 2007 se cuenta con un "Plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil", elaborado por la Conaeti con el consenso de las comisiones provinciales (Copreti).

La ley 26390 "De la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente", aprobada en el 2008, elevó de 14 a 16 años la edad mínima de admisión al empleo, remunerativo o no, de seis horas diarias, con la aclaración de que no pueden realizar horas extras ni tareas peligrosas o insalubres. Contempló una etapa transitoria hasta mayo de este año, con una edad mínima de 15 años, para pasar después a 16. Precisamente Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó que rige la de 16 desde el 25 de mayo pasado. "Esto quiere decir que ningún chico de menos de 16 años debe trabajar", aseveró.

Durante la "Conferencia mundial sobre trabajo infantil de 2010" (Países Bajos, mayo pasado), el "Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil" (Ipec) -creado por la OIT en 1992- y sus socios publicaron 22 buenas prácticas (BP) que impulsaron cambios.

Cuando se evocaba el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio pasado, Tomada recordó que desde su nombramiento en el 2003 "pusimos manos a la obra para intentar erradicar este flagelo que tiene raíces en la pobreza, en una economía despiadada, en lo cultural y en la ignorancia del problema". Y agregó que "había sectores, regiones y hasta instituciones de bien público que seguían -y siguen sosteniendo- que es mejor que los chicos trabajen a que estén en la droga o en la calle. Nosotros no lo compartimos en absoluto. El lugar de los chicos es la casa, la escuela; son los juegos. En este esquema deben crecer y se deben formar y nosotros como Estado y como sociedad debemos continuar generando las condiciones para que esto ocurra".

La cartera laboral formó una inspección especializada que si detecta a aquellos que trabajan procura otorgarles becas para que vuelvan a estudiar. De ser hijos de madres o padres desocupados, a éstos se los incluye en los cursos de capacitación y empleo.

La Conaeti atendía a 39.000 chicos en marzo último, pocos frente a los 900.000 que trabajaban en todo el país, como por entonces dijo Tomada. "Los que quedan afuera son demasiados", reconoció.