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BOGOTÁ .- Hasta hace unos años el denominador común de las campañas presidenciales en Colombia eran las promesas de los candidatos para lograr la paz por medio del diálogo en un conflicto armado vigente desde los años 60 y que no tiene perspectivas cercanas de solución.
Un cambio sustancial se dio en el 2002, cuando el país, agobiado por el incremento de los ataques guerrilleros, los secuestros masivos de viajeros en carreteras y el fracaso de un proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, dio un viraje hacia la derecha y eligió a Álvaro Uribe, quien se mantuvo en el poder por otros cuatro años tras una controvertida reforma constitucional.
Próximo a dejar la presidencia, Uribe es aplaudido hoy por los logros en seguridad en una ofensiva sin precedentes contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvieron que replegarse en algunos sectores y replantear sus estrategias, pues en muchos casos la comunicación entre la cúpula central y sus frentes quedó cortada.
Conscientes de que la elevada popularidad de Uribe, que tras ocho años de gobierno supera el 70%, se sostiene en gran parte por la ofensiva contra la guerrilla, los principales candidatos presidenciales coinciden en que mantendrán la llamada "política de seguridad democrática", aunque con algunos matices de diferencia.
El "heredero" de Uribe, Juan Manuel Santos, afirma que es el más indicado para mantener la lucha por ser quien aplicó esa estrategia como ministro de Defensa del actual gobierno.
Uribe y Santos dieron la orden para que el Ejército colombiano bombardeara en marzo del 2008 un campamento que las FARC tenían en Ecuador, lo que costó la vida a 25 personas, entre ellas el "número dos" del grupo, alias "Raúl Reyes".
"Si hay alguien que sepa cómo acabar con las FARC, soy yo", afirma Santos, quien agrega que la fórmula para poner punto final al conflicto es combinar las acciones de inteligencia y el control del territorio.
Su principal rival en las encuestas, Antanas Mockus, del Partido Verde, considera que el punto central es combatir al narcotráfico, de cuyas millonarias arcas se surten los grupos armados ilegales.
Para Mockus, quien pregona el respeto por las leyes, es imprescindible acabar con la tolerancia de muchos sectores políticos y sociales con el narcotráfico, pues esa actitud beneficia directamente a las FARC.
Mockus, a quien los simpatizantes del candidato oficialista han buscado menguar con el argumento de que su estilo de académico representa una "debilidad", ha advertido a los grupos violentos que su ofensiva será aún mayor que la ordenada por Uribe.
Hace poco recomendó a las FARC que inicien cuando antes un diálogo, pues la persecución será más intensa en su eventual gobierno.
Los candidatos Noemí Sanín, del cogobernante Partido Conservador, Rafael Pardo, del opositor Partido Liberal, y Germán Vargas, de Cambio Radical, que simpatiza con el gobierno, tienen posturas parecidas en torno a mantener la ofensiva contra las FARC.
El izquierdista Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, ha sido incluso más enfático al advertir que no sólo ordenará a las fuerzas militares que sigan con la ofensiva sino que denunciará a las FARC ante la Justicia internacional.
Para Petro, el conflicto armado continuará mientras exista la desigualdad en el campo y los dueños de grandes extensiones de tierra sigan siendo narcotraficantes y paramilitares.
La posibilidad de que el próximo gobierno encabece un diálogo de paz parece muy lejana, a no ser que el aumento de la ofensiva militar disminuya tanto la capacidad de guerra de las FARC que el propio grupo dé pasos hacia un entendimiento.
Con todo, las FARC ya descalificaron a los candidatos, a quienes acusan de ser "enemigos" de Colombia por su condición de "neoliberales" y porque sólo ofrecen "continuidad", "autoritarismo" y "más bala".
"En esas condiciones, ninguno de los candidatos más opcionados ofrece una verdadera solución a los problemas nacionales y quien resulte elegido presidente, sea el uno o el otro, sólo representará un cambio de administración", según el grupo.
RODRIGO RUIZTOVAR
DPA