Las ejecuciones de civiles por militares, espionaje a opositores, el desplazamiento masivo y un "pobre" resultado de la ley de desmovilización de paramilitares empañan la gestión del presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe y afectan la campaña de su sucesor, Juan Manuel Santos.

Portando fotografías, recortes de diarios y pedidos a cortes internacionales para que se ocupen de su caso, madres y esposas de jóvenes de la localidad de Soacha -contigua a Bogotá- piden que los asesinatos extrajudiciales de los que fueron víctimas sus allegados sean el eje del debate presidencial. "¿Cómo puede pretender (el ex ministro de Defensa) Santos convertirse en el próximo presidente cuando fue él quien, como jefe de los militares, ordenó el asesinato de nuestros familiares para presentarlos como guerrilleros?", se preguntó Kelly Ortiz, viuda de Daniel Andrés Pesca, una de las víctimas. El candidato oficialista, que encabeza los sondeos de intención de voto junto al postulante del Partido Verde Antanas Mockus, se defiende argumentando que fue él quien denunció esos crímenes y adoptó correctivos .

Colombia presenta un cuestionable balance en materia de derechos humanos. Con más de tres millones de personas expulsadas de sus hogares por la violencia, a un ritmo de 150.000 al año, este país es, junto con Irak y Sudán, la nación con mayor número de desplazados en el mundo.

Además de esto, se han perpetrado más de un millar de masacres, según la Fiscalía, especialmente a fines de los años noventa y principios de esta década.

También, defensores de derechos humanos han cuestionado lo que consideran "pobres" o "limitados" resultados de la ley de Justicia y Paz, del 2005, que otorgó beneficios a miembros de escuadrones de ultraderecha a cambio de su desmovilización, confesión de crímenes y reparación a las víctimas, destacando que hasta ahora no se ha producido la primera sentencia.

Además, denuncias de espionaje telefónico, amedrentamiento y seguimientos a magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas por parte del organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia fueron constantes en la era Uribe, quien niega su responsabilidad en esos casos.

Analistas, como Lázaro Vivero, consideran que la violación de derechos humanos se incrementó en los dos gobiernos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) como consecuencia de la política de "seguridad democrática", programa bandera del mandatario, que lanzó un combate frontal contra las guerrillas.

"Uribe prometió y aplicó durante sus ocho años de gobierno una política de mano dura contra las guerrillas que se desbordó. Para mostrar resultados, a los uniformados les resultó más fácil asesinar civiles para presentarlos como rebeldes, en un hecho macabro y cuestionable", señaló Vivero. La situación es tal que, según el analista Fernando Cano, de la Universidad del Rosario, "del tratamiento que sobre este tema dé el nuevo mandatario penden dos importantes tratados de libre comercio: con Estados Unidos y Europa". La ONU denunció "acoso" y "persecución" de defensores de derechos humanos "inclusive por miembros del gobierno" al lamentar que durante el 2009, 41 sindicalistas fueran asesinados en Colombia y nueve en lo corrido del 2010. Además, un total de 32 defensores de derechos humanos fue muerto el año pasado.

CÉSAR SABOGAL

AFP