Las nuevas propuestas deberán pasar por perfeccionar el diseño de los beneficios intraprediales y por el fortalecimiento de los programas implementados para mejorar la cadena de valor.

En cuanto a lo primero, los esfuerzos tendrán que centrarse en que la franja compuesta por los pequeños productores tenga acceso real a financiamiento y asesoramiento para modernizar sus sistemas productivos. Para ello se propone diseñar una línea especial compuesta por un CDR y un ANR, en procura de compensar sus desventajas competitivas. Seguramente las inversiones deberán tener en cuenta, además de lo productivo, recursos para la mejora de la calidad de vida de la población rural, como viviendas dignas, energía y agua.

La línea CRD3 de infraestructura predial para la franja de productores minifundistas deberá ser con una amortización variable o versátil dependiente del proyecto. Los plazos deberían determinarse teniendo en cuenta que no se supere la afectación del ingreso anual para el pago del crédito (no mayor al 10%).

El costo de las inversiones en apotreramiento, distribución de agua, corrales, galpones o mejoramiento de viviendas debido a la baja receptibilidad de los campos y la extensión de las explotaciones hace imposible el acceso en tiempos menores de amortización que 14 años. Es desvirtuar una herramienta tan valiosa y un facilismo, si las mejoras se entregan a través de un subsidio.

En la provincia hay una franja importante de productores que viven en sus campos y que en los últimos años han tenido acceso a su Renspa, boleto de señal y CUIT social que necesitan de un apoyo en particular. Uno de los desafíos de la Ley Ovina para los próximos años será llegar a ellos a través de organizaciones de productores cada vez más modernas, con tecnología apropiada y recursos para ponerlas en práctica.