Mientras la presión de los mercados del exterior encamina a la fruticultura hacia las buenas prácticas agrícolas, en la horticultura el mercado interno aún privilegia el precio sobre la calidad. Y al tiempo que los consumidores no exigen hortalizas de calidad controlada hay un gran desconocimiento entre los chacareros sobre los productos químicos permitidos por la ley para ser utilizados en cada especie, la dosis adecuada y el tiempo de carencia o la cantidad de días entre la última aplicación de plaguicidas y la cosecha. Por eso es clave reforzar la capacitación de productores y vendedores de agroquímicos y el control sobre los plaguicidas e instalar el tema en toda la cadena productiva.

Éstas son las principales conclusiones de un grupo de especialistas que el 7 de mayo presentarán el Programa de Uso Racional de Agroquímicos en Horticultura. Se trata de la doctora Norma Iglesias (INTA), Patricia Ohaco (INTI), ingeniera química y coordinadora de la Unidad Técnica de Servicios y Asistencia Técnica a la Industria, y la ingeniera agrónoma Claudia Ruiz, directora del Laboratorio de Servicios Agrarios y Forestales del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén. Las tres centralizan el aporte de otros organismos de Río Negro y Neuquén, en articulación con la Universidad del Comahue.

Ya fueron distribuidos pósteres que se colocan en los locales de comercialización de agroquímicos con la especificación de los productos registrados para cada hortaliza y guías de aplicación y de identificación de plagas, entre otros materiales. También se organizaron encuentros en la región con la idea de brindar herramientas prácticas a los técnicos y profesionales que trabajan con los chacareros, que enfrentan el problema de que hay pocos plaguicidas registrados para la horticultura. Para obtener esa condición, las empresas fabricantes deben pasar un período de pruebas de tres años con costos a su cargo. En la mayoría de los casos optan por desarrollar los del mercado frutícola, que es mucho más rentable.

El Alto Valle tiene 60.000 hectáreas productivas, de las que destina entre 7.000 y 8.000 a las hortalizas. Produce entre el 18 y el 20% de las que consume, entre ellas papa, zapallo, cebolla, tomate, lechuga, acelga y espinaca. En los laboratorios del INTI en el Mercado Concentrador de Neuquén se realizan unos 200 análisis al año. De ellos, el 50% da presencia de residuos de plaguicidas por debajo de los límites permitidos, que se superan en muy pocos casos, de acuerdo con los datos que aporta Patricia Ohaco. "De todos modos es un porcentaje alto, lo que indica que es necesario seguir con los controles. ¿Qué pasa con las hortalizas que no pasan por el Mercado Concentrador? Pese a las reglamentaciones, la realidad es que no hay un control determinante. Lo más seguro es comprar a quienes se proveen en el Mercado Concentrador", indica la ingeniera.

¿De quién es la responsabilidad de controlar? En el caso de los organismos microbiológicos, como las bacterias Escherichia coli o Salmonella, de las áreas de Bromatología de cada localidad. En el caso de los residuos de plaguicidas en los comercios minoristas, de los ministerios de Salud Pública de las provincias de Neuquén y Río Negro, mientras que al Senasa le corresponden los mayoristas. Ése es el panorama que describe el doctor Marcelo Roberto, coordinador de Fiscalización Agroalimentaria. "La resolución 148/2007 establece para los mercados mayoristas inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas Frescas, administrado por autoridades provinciales y/o municipales, o bajo la forma de sociedades mixtas con participación estatal, la obligatoriedad de implementar un plan anual de monitoreo para detectar la presencia de residuos de plaguicidas y de contaminantes microbiológicos, que debe ser aprobado por Senasa para su ejecución", aclara. Hoy el Senasa actúa si hay una denuncia, como ocurrió dos años atrás con la lechuga con exceso de químicos decomisada en un supermercado de Roca.

Para el ingeniero agrónomo Oscar Rolo, coordinador de Protección Vegetal del Senasa, hay mucho por hacer: "Reconocemos que hay una debilidad del Estado en este tema, con organismos que se superponen. Sabemos que hay que trabajar más cerca de los problemas. Nuestro plan es avanzar en cuatro puntos: registrar a los productores, identificar la procedencia de la mercadería que llega a góndola, concientizar y hacer muestreos".

Por su parte, Anahí Tappatá, secretaria de Gobierno de Roca, señaló que desde la comuna se verifica en las verdulerías que las frutas y verduras no estén junto con agroquímicos, que los cajones no estén apoyados en la vereda, por los perros, y que haya pileta para lavar. "En las verduras que vienen de afuera se controla la procedencia, con documentación de origen. En las locales hacemos el control higiénico sanitario de transporte y acondicionamiento y, eventualmente, muestreos. En lo que hace a residuos, existen instancias -Senasa es una de ellas- más capacitadas técnicamente, con laboratorio propio e incluso con planes y reglamentos referidos al tema. Otra es la Secretaría de Fruticultura, a través de su ley de plaguicidas, que por supuesto no se cumple. Estos controles y exigencias deben provenir de organismos de mayor alcance, con políticas regionales y nacionales".