Desde la CGT reiteramos nuestro agradecimiento y apoyo a este gobierno nacional y popular", afirmó Hugo Moyano, secretario general de la central obrera y todavía líder del gremio de los camioneros (en los papeles lo regentea Pablo, su hijo). Incluso aclaró que no se trata de un "apoyo oficialista a ultranza" sino a "un gobierno nacional y popular que benefició a los argentinos en general y a los trabajadores en particular".

Lo dijo el martes 9 del actual, después de que integrantes de la organización almorzaron en la Residencia de Olivos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aparentemente no se refirió a la controvertida cuestión de las obras sociales, pese a que la central obrera esperaba que atendiera sus reclamos, expuestos previamente a Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien habría prometido gestionar que se destrabaran los fondos solicitados.

Las obras sociales sindicales tuvieron su origen en la ley 18.610, impuesta por la dictadura militar en 1970 y modificada por otra en 1980. Posteriormente -hasta ahora- variaron por las leyes 23.660 y 23.661 del gobierno constitucional de 1989. Por aportes y contribuciones reciben aproximadamente 3.900 millones de pesos anuales.

En vez de referirse a estas cuestiones, la señora de Kirchner declamó que desde el 2003, o sea durante los mandatos de su esposo y lo que transcurrió del suyo, se privilegió "el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo como el mejor sistema de acumulación de riquezas". Y aventuró la posibilidad, por enésima vez, de que el gobierno concrete este año, con sindicalistas y empresarios, "un acuerdo superador en el que podamos plasmar directrices, basamentos que ya nadie puede discutir en la Argentina". Evocó que para sortear la crisis del 2009 hubo una fuerte intervención del Estado nacional que sostuvo la demanda agregada, los recursos de los trabajadores mediante aumentos de salarios y de jubilaciones, ayudas a las empresas con problemas, como con los Repros, "Planes de recuperación productiva", que intentan garantizar los ingresos de los trabajadores y los puestos laborales, por lo que el gobierno se hace cargo de parte de los pagos de los sueldos. Los Repros datan del 2002 y se decidió que seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre próximo. En noviembre pasado se otorgaban unos 160.000, el 92% para pequeñas y medianas empresas y el 7% a aquellas que ocupaban a más de 300 trabajadores (incluyendo automotrices).

La presidenta destacó, además, la asignación universal por hijo y el programa "Argentina trabaja" de generación de cooperativas. Con la peculiar modalidad expresiva que recientemente aplica a sus casi diarios discursos, aludió a la necesidad de proteger a las empresas y los trabajadores e impulsar un fuerte sesgo exportador. Acerca de la inflación, apenas citó que es un "fenómeno recurrente de la Argentina desde décadas inmemoriales" y que debe terminarse con el "verso" de que la provocan los salarios de los trabajadores. Asimismo, como parte del que bautizó como "Acuerdo del bicentenario", pretende "profundizar el desendeudamiento" utilizando las reservas acumuladas.

Desde la derrota electoral del kirchnerismo del 28 de junio pasado, Moyano debió aceptar un mes más tarde los condicionamientos a su poder de "compañeros", mayormente los "gordos" y los "independientes", para participar de los consejos Económico y Social y del Salario Mínimo.

La distribución de reembolsos para los tratamientos de alta complejidad de la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación (SSSalud) fue confiada a Hugo Sola, gerente de prestaciones de la dependencia con antecedentes como directivo de la obra social de los camioneros, quien fue acusado de distribuir de manera "discrecional" los fondos. Juan Manzur, ministro de Salud, designó a Mario Koltan, un contador cercano a José Alperovich, gobernador de Tucumán, que presidió la Caja Popular de Ahorros de esa provincia y fue interventor de Subsidio de Salud, la obra social del personal de la administración pública, y ex propietario de una prestadora médica del PAMI. Koltan tuvo que irse demasiado rápido, apenas insinuó cambios en las gerencias administrativa y de legales de la APE, y en el modo de distribuir los fondos. Lo nombraron un lunes y al día siguiente renunció, según el "Boletín Oficial". Aparentemente lo hizo por las presiones ejercidas por Moyano, quien acumuló más poder tras las elecciones legislativas del 28 de junio último y habría transmitido su malestar a Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, porque Koltan habría sido socio de una empresa de medicina privada. Trascendió que Moyano reforzó su posición amenazando acordar con Eduardo Duhalde si el gobierno nacional le recortaba los espacios conquistados con Néstor Kirchner. Entonces se recordó que Moyano recuperó el manejo de 968 millones de pesos de las obras sociales con Sola, repuesto en el cargo el 1 de septiembre pasado.

Ya a principios de agosto se había conocido la designación de Roberto Ernesto Bellagio como titular de la SSSalud (ver aparte) y la pretensión de la presidenta de la Nación de que eso pusiera fin a los enfrentamientos por las obras sociales sindicales.

El aumento del 30% como "piso" mínimo para cada beneficiario de obras sociales, dispuesto por el gobierno nacional a partir de diciembre del 2009, desencadenó catorce días antes una nueva controversia. Bellagio defendió la resolución de Manzur, con el argumento de que dicho incremento -unos 30 millones de pesos mensuales- "no es más que una actualización anual, ya que se viene otorgando por el decreto 1.901 de 2006". La decisión favorecería a las obras sociales con bajos ingresos, como las de los trabajadores rurales, empleados de comercio y gastronómicos y no a los camioneros.

No obstante, Graciela Ocaña -se alejó de la cartera de Salud por los cuestionamientos vociferados por Moyano- consideró "grave" semejante decisión oficial y sostuvo que en ciertos casos, como en el del gremio de los camioneros, el dinero "va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales" y no a mejorar prestaciones.

Bellagio anunció "estrictas auditorías" sobre los recursos y expresó "extrañeza" por las declaraciones de Ocaña, quien cuando fue ministra dispuso un aumento, por la resolución 1.765 de diciembre de 2008, del orden de 22 millones de pesos al mes.

En medio de semejante polémica, fuentes oficiales desmintieron que el aumento de marras tuviera relación con la versión de que la presidenta repartiría entre las obras sociales los 3.200 millones de pesos depositados en el Banco Nación, pertenecientes al "Fondo solidario de redistribución" creado por la ley de obras sociales y que provenían de parte de las contribuciones y aportes a las obras sociales efectuadas por los afiliados a los gremios. Ya eran permanentes los reclamos de Moyano y de sus rivales en la CGT para que ese dinero llegara a las obras sociales que ellos mismos manejaban.

Moyano admitió que hubo errores en el manejo de las obras sociales y que había cosas para corregir, pero pidió que no se atacaran a las entidades que "son un servicio que gozan 17 millones de argentinos", en realidad más de 18 millones de beneficiarios entre titulares y familiares (ver cuadro). Eso sucedió en el multitudinario acto por el Día del Camionero, en el estadio de Vélez Sarsfield en diciembre del 2009, al que asistió el matrimonio Kirchner.

Pese a sus diferencias, dirigentes de la CGT se reunieron el 24 de febrero pasado para tratar cómo recuperar el dinero de las obras sociales que el gobierno nacional retiene desde hace años. Además de Moyano, estuvieron Omar Viviani (taxistas), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Carlos West Ocampo (sanidad), Armando Cavalieri (comercio), Andrés Rodríguez (personal civil de la Nación) y Antonio Caló (metalúrgicos), entre otros. Estos sindicalistas reclamaron por un lado los 2.500 millones de pesos anuales de la APE, que deben distribuirse entre las diferentes obras sociales, y por el otro la liberación de alrededor de 3.500 millones del mencionado "Fondo solidario?", que el gobierno retuvo en una cuenta del Banco de la Nación. Esos dirigentes esperaban una reunión con la presidenta para tratar de resolver la situación, pero en la del 9 del actual aparentemente eso no prosperó. Entonces Moyano insistió en que la CGT apoya "sin medias tintas" el proyecto kirchnerista, pero que procurará "mayor protagonismo político" -¿aspira a convertirse en el próximo gobernador bonaerense o va por más?- y participación en las próximas listas de legisladores nacionales, provinciales y municipales.

Mejorar el sistema de atención sin esperar órdenes de los jueces

"Lo mío es muy transparente y quiero que siga así, para arrancar con el pie derecho; llevo 26 años de carrera en el sector público y nunca pensé que iba a empezar defendiéndome", declaró Ricardo Ernesto Bellagio, cuando se presentó como superintendente de Servicios de Salud (SSSalud) el 5 de agosto pasado.
Rechazó la versión de la supuesta labor de su esposa en un estudio jurídico dedicado a cobrar deudas de la Administración de Programas Especiales (APE), pero no la de ser socio de la firma Bellfin, de Ramos Mejía (provincia de Buenos Aires), dedicada al otorgamiento de créditos para el consumo. También negó ser un hombre de confianza del secretario general de la CGT. "Conozco a todos, (Hugo) Moyano, (José Luis) Lingeri, (Luis) Barrionuevo, (Armando) Cavalieri y no tengo problemas con ningún sector" subrayó.

Ocupó un cargo clave en la Administración Nacional de Seguros de Salud (Anssal) en la década del 90, cuando estaba a cargo de Luis Lingeri, titular del sindicato del personal de Obras Sanitarias. También lo vincularon con el empresario Néstor Vázquez, uno de los responsables de organizar el esquema de prestaciones de salud durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Cuando Rubén Torres estuvo al frente de la SSSalud, en la gestión de Eduardo Duhalde y principios de la de Néstor Kirchner, a Bellagio le encomendaron el Fondo Solidario de Redistribución, actualmente en la órbita de la Administración de Programas Especiales (APE).

Al recorrer el país, Bellagio conoció en Tucumán a Juan Manzur, actual ministro de Salud de la Nación, y seguidamente desempeñó cargos provinciales y luego volvió a la SSSalud, con bajo perfil, hasta que Manzur lo nombró para que la condujera.

Allí se comprometió a mejorar el sistema de atención a los afiliados a las obras sociales, "sin tener que esperar que las prestaciones las ordenen los jueces". De cualquier manera, Bellagio reconoció tener una "muy buena relación" con la presidenta y recordó que el organismo regula, controla y fiscaliza las obras sociales, a las que asigna el papel fundamental de "cubrir cualquier problema y que prevengan también con nosotros".

Una de las últimas decisiones de Salud fue  que todos los pasantes laborales tengan cobertura de seguridad social desde febrero pasado.