La puja por mayores recursos que mantienen en el Congreso algunos gobernadores es más un acto reflejo ante el reposicionamiento de las fuerzas políticas existentes que un pedido de razonabilidad económica. La realidad muestra que los miles de millones se le quiten al presupuesto nacional deberán ser compensados por otra vía a la administración central para que ésta pueda mantener el equilibrio de sus cuentas públicas. Hoy el manejo discrecional de fondos que realiza la administración central representa, en promedio, el 20% de los ingresos totales de las provincias, mucho más que los fondos que esperan los gobernadores por el impuesto al cheque.