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Este año el gobierno rionegrino convocará a las once empresas petroleras que explotan las áreas nacionales transferidas a la provincia para ofrecerles extender la concesión otros diez años a partir del vencimiento, que opera, en su mayoría, entre el 2015 y el 2017. Tomará la experiencia de Neuquén, que para algunos funcionarios del gabinete de Miguel Saiz ha sido exitosa, pero le pondrá mayores condiciones: mostrar los números de sus operaciones en Río Negro y pagar cinco puntos más de regalías (del 12% al 17%).
Ya se sabe que para el Estado rionegrino la renta petrolera no es tan significante como para Neuquén, pero con las prórrogas el gobierno de Saiz no sólo persigue el propósito de recaudar 100.000.000 de dólares de fondos extraordinarios (son 388.000.000 de pesos, una cifra nada despreciable para las finanzas públicas siempre en crisis de la provincia) y asegurarse mejores ingresos por regalías, sino que también busca reafirmar el plan que le permitió, si no mejorar la producción, al menos no acompañar la caída general del país y la cuenca.
El proceso tiene sus particularidades porque hay áreas que vencen en el 2026, cuyos concesionarios están dispuestos a negociar ya una prórroga, pero no a comenzar ahora a pagar un porcentaje mayor de regalías, como las que tienen contratos que culminan en cinco años.
"No existen contratos, sino actos administrativos", explicó una fuente del gobierno rionegrino. Las privatizaciones de los 90 en el campo petrolero se realizaron sobre la base de la ley de Hidrocarburos y de decretos y resoluciones.
Las provincias adquirieron la facultad para prorrogar concesiones petroleras cuando se sancionó una nueva ley, llamada (de hidrocarburos) "corta", que reglamentó la transferencia del dominio de los recursos naturales a las provincias, contenida en la reforma constitucional de 1994.
Comenzó entonces un proceso de transferencia más arduo: el de los documentos que dan sustento a las concesiones petroleras, junto con todos los estudios, trabajos e interpretaciones realizados sobre los yacimientos que, por ley, las empresas debieron entregar a la Secretaría de Energía de la Nación.
Pero en la transición quedaron áreas que iban a adjudicarse (bloques de explotación declarados en un área de exploración) y que en esa indefinición pasaron a Río Negro. Es por esta razón que algunos datos de producción en el cuadro de esta página aparecen en cero.
"Creemos que el proceso de Neuquén fue exitoso pero vemos que hay cosas que se pueden hacer mejor", le dijo a "Río Negro Energía" la fuente del gobierno rionegrino consultada.
Se sabe que en el gabinete de Saiz no todos tienen la misma idea sobre las prórrogas petroleras: a fin de año se intentó que el proceso comenzara respaldado por una ley, otros quisieron que saliera por un decreto.
En todo caso, se espera que Saiz devele el misterio este lunes, en su mensaje a la Legislatura provincial.
Neuquén envió el entendimiento con YPF a la Legislatura como si se tratara de un acuerdo marco, pero todo indica que en Río Negro habrá una ley, como un pliego de bases y condiciones que pasará por la Cámara de Diputados de la provincia.
Lo que se exigirá como primera medida es que para inscribirse en el registro de empresas interesadas en extender los permisos de explotación habrá que pagar: 50.000 dólares en el caso de los yacimientos de bajo nivel de producción y 100.000 para las concesiones con volúmenes mayores.
"Los que no paguen ese dinero no podrán avanzar", advirtió un funcionario con llegada directa a las negociaciones.
Las once empresas en condiciones de pedir prórrogas operan unas 30 áreas en la provincia de Río Negro.
Los pliegos incluirán los cinco puntos más de regalías como condición porque se trata de equiparar lo que se estableció en las concesiones, por ahora de exploración, otorgadas por la provincia para las áreas secundarias ofrecidas en cuatro rondas.
Sería poco equitativo exigir en una concesión más regalías que en otra, pero por qué las empresas pagarían más en Río Negro que en Neuquén. Para los funcionarios de Saiz es un desafío imponer esta condición.
El gobierno intentará además que las compañías muestren los resultados económicos de cada operación en Río Negro, no ya sólo de la cuenca o del país.
Martín Belvis