De acuerdo con las estimaciones de la Consultora E&R, el presupuesto nacional para el ejercicio 2010 reflejaría una subestimación del crecimiento del PBI nominal y de los precios de 10 y 11 puntos porcentuales respectivamente.

Los mayores niveles de actividad y de inflación esperados impactarán positivamente en los ingresos provinciales, los que crecerían un 15,6% en términos interanuales. Sin embargo, el gasto público aumentará por encima de éstos (16,7%) dando lugar a un aumento del déficit fiscal. En este sentido, el déficit financiero de casi 9.000 millones (0,8% del PBI) estimado para el 2009 crecería a más de 12.000 millones de pesos en el 2010 (0,9% del PBI). Incluyendo el pago de las amortizaciones, el resultado global se acercaría a los 25.000 millones, casi 2 puntos del PBI.

Los problemas estructurales del deterioro del federalismo fiscal tienen, en consecuencia, un peso cada vez más relevante frente a la situación coyuntural y las provincias, independientemente del comportamiento de las variables macroeconómicas, parecen condenadas al déficit fiscal.

Los recursos presentarían una mejor performance en relación con el 2009, en línea con la recuperación en la actividad económica y el incremento de la tasa de inflación (18%), lo que redundaría en mayores transferencias por coparticipación (15,1%) y en los niveles de recaudación de tributos locales, ayudado esto último por las reformas impositivas que ha aprobado (o está por aprobar) un buen número de jurisdicciones. Asimismo, la excelente campaña de soja generará casi 7.000 millones de pesos a través del Fondo Solidario, destinado a la ejecución de obras públicas.

Por el lado del gasto, la clave pasará una vez más por la definición de las pautas de aumento salarial, en un año en el que la inflación recuperaría la intensidad observada en el 2008. Buena parte de la dinámica salarial se define a través del salario mínimo docente, fijado de manera unilateral por el gobierno nacional y que repercute en el resto de las negociaciones salariales por efecto imitación.

Por cada 5 puntos de incremento salarial, el gasto (y el déficit) aumenta en cerca de 3.000 millones. Así, el déficit financiero del consolidado provincial podría ubicarse en 12.200 millones con una pauta salarial del 10%, pudiendo elevarse a 18.700 millones con un incremento salarial promedio del 20%, como ocurrió en el 2008.

Por otra parte, las necesidades financieras en cualquiera de los tres escenarios resultan elevadas. Sin embargo, la posibilidad de cubrirlas en su totalidad dependerá del grado de apertura que presenten los mercados de capitales en el año, teniendo en cuenta que el PAF (presupuestado en más de 11.000 millones) cubriría cerca del 50% de estas necesidades.

Respecto del financiamiento adicional necesario para cerrar el balance fiscal 2010 (las provincias necesitan unos 12.000 millones), la reciente derogación de algunos artículos de la LRF respecto de los límites al endeudamiento provincial permitirá a los gobernadores tomar deuda para (entre otros fines) afrontar el pago de los salarios públicos.

De todos modos, resta ver si las provincias encontrarán mercado para sus colocaciones.