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Continuidad de una ley anteriorAunque existieron con anterioridad leyes parecidas, la 25.294 sancionada el 18 de agosto del 2004 y promulgada el 2 de septiembre siguiente instituyó un régimen transitorio de 36 meses –desde octubre del 2004– para el tratamiento de inversiones en bienes de capital nuevos, excepto automóviles, que revistieran la calidad de bienes muebles amortizables en el Impuesto a las Ganancias destinados a la actividad industrial, así como también para las obras de infraestructura, excluidas las civiles, que reunieran las características y estuvieran destinadas a las actividades establecidas por la reglamentación.Determinaba que podían acogerse las personas físicas domiciliadas en la Argentina y las jurídicas constituidas en el país o que se encontraran habilitadas para actuar dentro del territorio con ajuste a las normas vigentes, debidamente inscriptas y que desarrollaran actividades productivas en el país o se establecieran con ese propósito y acreditaran bajo declaración jurada la existencia de un proyecto de inversión en actividades industriales o para ejecutar obras de infraestructura.Los beneficios previstos eran los de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los interesados podían optar por cualquiera de los dos, excepto que la producción fuera exclusivamente para el mercado externo, en cuyo caso los beneficios podían sumarse.Los interesados debían acreditar “la generación de puestos genuinos de trabajo, conforme a la legislación laboral vigente en cada rubro de actividad”.Por dicha ley se entregaron casi 1.500 millones de pesos de beneficios fiscales y generaron inversiones por 8.600 millones y permitieron exportaciones por 5.200 millones, de acuerdo con lo que documentó el mes pasado Débora Giorgi, ministra de Producción, quien reconoció que la ley 26.360 entonces reglamentada era la continuidad de la ley anterior de promoción. n régimen “transitorio” para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad industrial, así como también para las obras de infraestructura –excluidas las civiles– que reúnan las características definidas por la reglamentación”, fue establecido por la ley 26.360, sancionada el 12 de marzo del 2008 y promulgada de hecho el 8 de abril del mismo año. “Regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la misma y las normas que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional” (PEN). El régimen se destinó a las personas físicas domiciliadas en la Argentina y las jurídicas constituidas en ella o habilitadas para actuar dentro del territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas, que desarrollen actividades productivas o se establezcan en el país con ese propósito y acrediten un proyecto de inversión fabril o la ejecución de las citadas obras, por realizarse entre el 1 de octubre del 2007 y el 30 de septiembre del 2010, ambas fechas inclusive. En el supuesto de que sea un fideicomiso, tanto el fiduciario como los beneficiarios del mismo deberán ser personas físicas domiciliadas en la Argentina o jurídicas constituidas en ella, o encontrarse habilitadas para actuar en el territorio con ajuste a sus leyes.Existirá principio efectivo de ejecución cuando se realicen erogaciones de fondos asociados al proyecto, en el período señalado, por un monto no inferior al 15%.Los sujetos que resulten comprendidos por el régimen de marras podrán obtener la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente o, alternativamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada, pero sin acceder con un mismo proyecto a los dos tratamientos y quedando excluidos de ambos cuando los créditos fiscales hayan sido financiados mediante lo establecido por la ley 24.402 y/o por aquella norma que restablezca su vigencia y/o la modifique.La ley estableció un cupo fiscal anual de 1.000 millones de pesos, que podrá atribuirse indistintamente a los tratamientos impositivos aplicables a los proyectos de inversión en actividades industriales. Dicho cupo se asignará de acuerdo con el mecanismo de concurso establecido por el PEN, que fijará las pautas a considerar a los efectos de la elección de los proyectos y no incluirá los tratamientos acordados para la realización de las obras de infraestructura comprendidos en el mismo. Además se fijó un adicional anual de 200 millones exclusivamente para los proyectos de pequeñas y medianas empresas (pymes) que clasifiquen como tales, conforme a la norma vigente.La ley considera obra de infraestructura a aquella cuyo objetivo promueva la realización de actividades productivas.El PEN deberá informar bimestralmente a ambas cámaras del Congreso de la Nación las aprobaciones de los proyectos que hubieren adherido al régimen, “remitiendo las actuaciones que originaron la asignación”.La reglamentación del “nuevo régimen de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura” está vigente desde el 21 de septiembre pasado, según anunció tres días antes Débora Giorgi, entonces ministra de Producción (desde el 1 de octubre resignó posiciones y debió conformarse con ser la titular de la nueva cartera de Industria y Turismo cuando Julián Domínguez fue designado ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y desde el vamos se mostró convencido de que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Oncca, “va a seguir bajo mi mando”, tal como declaró). En aquella oportunidad, Giorgi olvidó mencionar –aunque sí lo había destacado el 27 de agosto– que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo presentó el... 16 de junio pasado, cuando se comprometió a “seguir apoyando y promoviendo todas las actividades que tengan que ver, precisamente, con el modelo de crecimiento diversificado” y también apuntalen “el agregado de más valor a nuestras materias primas, a nuestros recursos, que es la clave para el mejor trabajo remunerado y para la mayor y mejor rentabilidad de nuestros empresarios”. El día de la primavera se supo que el gobierno nacional haría a principios de este mes la primera convocatoria a concurso público para que las empresas presenten proyectos para acceder a los beneficios fiscales contemplados en el “nuevo régimen”. Entonces se señaló que la promoción cuenta con un cupo de 1.200 millones de pesos anuales, de los cuales 200 millones, “como mínimo”, son exclusivos para las pymes (habrá convocatorias por separado para que estas firmas no tengan que competir por el mismo cupo que las grandes, entre las cuales ya manifestaron interés algunas alimenticias, automotrices, siderúrgicas y textiles). De esta manera, en los tres años de vigencia del régimen, el cupo total llegará a 3.600 millones. La reglamentación puntualizó que en los casos de producción exclusiva para exportación o reconversión industrial sustentable, los proyectos obtendrán los dos beneficios.Para Giorgi, el “nuevo” régimen “brinda agilidad y eficiencia para su implementación: el trámite de otorgamiento de beneficios no superará los seis meses de presentados los proyectos y se prevén auditorías previas al otorgamiento del beneficio y durante la ejecución del proyecto”.En la selección de los proyectos se tendrá en cuenta la generación de empleo, el sesgo exportador, el incremento en el valor de la producción, el nivel de integración local y la situación ambiental.De esta manera, el gobierno nacional continuó con su costumbre de anunciar una misma medida en distintas oportunidades. En este caso, como se indicó, la ley fue sancionada el 12 de marzo pasado y promulgada el 8 de abril pasado, pero recién se reglamentó el 21 de septiembre. Los memoriosos verificaron que Giorgi aseguró el 17 de junio que la reglamentación había sido firmada un día antes por la presidenta Fernández de Kirchner. La ahora alicaída ministra de Industria y Turismo interpretó que las diferencias existentes con el anterior régimen de promoción de la ley 25.924 (ver aparte) es que ahora se privilegian las pymes e impulsan las propuestas que aporten mayor valor agregado y valoren su sesgo exportador.A todo esto, cómo no recordar que el 19 de febrero del 2007 se puso “en marcha” el Consejo Nacional de Inversiones, para coordinar las políticas gubernamentales y promover las privadas en el país, tanto para atraer aquellas extranjeras directas como para asistir y contribuir a las domésticas y la expansión internacional de las empresas locales. En la porteña Casa Rosada se anunció que sería presidido por Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete de Ministros, y lo integrarían Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Felisa Miceli, en ese momento ministra de Economía y Producción, y, como directora ejecutiva, Beatriz Nofal, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ProsperAr). Esta última había estado trabajando con cada uno de los integrantes para sistematizar la labor de ProsperAr y proyectaba seguir haciéndolo con los titulares de todas las demás carteras que no integraban la conducción del consejo.Publicitaba, por otra parte, que había puesto en marcha un programa de acercamiento a los inversores que consistía, básicamente, en llamar a las principales empresas del país, visitarlas, analizar sus desempeños y los obstáculos o barreras que enfrentaban y poner a ProsperAr al servicio de los mismos para remover obstáculos y concretar proyectos o iniciativas en las mismas empresas o a lo largo de la cadena de valor (con proveedores o clientes) para contribuir al crecimiento económico sostenido con empleo e inclusión social en todas las regiones del país. Desde aquella oportunidad, Nofal suscribió convenios marco de cooperación con la mayoría de los gobiernos provinciales, entre ellos los de Neuquén y Río Negro. Después, evidentemente, cambiaron muchas cosas cuando Giorgi fue designada ministra de Producción, a fines de noviembre del 2008.
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