Una de las apuestas del gobernador Sapag en su actual gestión fue retomar un diálogo fluido con el poder central. De este modo el mandatario neuquino esperaba tener un trato preferencial en la distribución de recursos que en forma arbitraria reparte la Nación todos los años a los estados del interior.Por errores propios –o de sus asesores más cercanos– y a casi dos años de gobierno, la administración Sapag se encuentra sin capacidad de reacción ante las continuas promesas de la presidenta CFK en cuanto a mejorar los ingresos de la provincia y que, por distintas razones, nunca terminan de concretarse. El gobernador no cuenta con un “Plan B” para contener el sostenido crecimiento del gasto ni con una estrategia para volver sobre sus pasos en la relación con el gobierno central.El error tal vez haya sido, como pasó con muchos otros mandatarios, entregarse a los brazos de Nación sin cuestionar tan siquiera la ilegalidad del manejo de los fondos coparticipables que viene realizando desde el 2003. Es una cuestión de principios. A la corta o a la larga, avalar los mecanismos de corrupción del sistema termina siendo una trampa para los mismos gobernadores, ya que deben mendigar fondos que por ley les corresponden.Con el tema del precio del gas pasa exactamente lo mismo. Hace más de un año que la presidenta CFK viene prometiendo “evaluar” un incremento de la tarifa en boca de pozo.Luego de las promesas llegaron los anuncios; después, las grandes fiestas organizadas por los políticos locales y, como corolario, el brutal cachetazo que baja los logros de las negociaciones a la realidad del día a día.El gobierno K seguirá prometiendo los aumentos cada vez que se lo demanden. Es parte de su lógica política. Contabilizando sólo lo declarado oficialmente, ya llegan a la media docena los anuncios de Sapag sobre “un acuerdo para aumentar el precio de boca de pozo”. Sin embargo, el último desplante que De Vido le hizo a la Ofephi no deja de ser una señal política negativa hacia los gobernadores petroleros.La realidad muestra que las reuniones con Nación continuarán, así como los anuncios de grandes proyectos de inversiones y las promesas de mejoras “para todos” en el largo plazo. Pero las necesidades financieras de Sapag son de corto plazo. En el entorno del ministro Amado Boudou el optimismo es algo más moderado. “En la medida en que no se baje la orden para modificar el actual esquema, difícilmente exista margen para actuar”, confió un asesor del ministerio. ¿Quién es el que debe dar “la orden”, Néstor Kirchner o Julio de Vido?–¿No es complejo hoy para el gobierno abrir un nuevo frente con las provincias? –consultó este diario.–Obviamente. Pero hoy el problema es fiscal. No hay forma de que la Nación compense precios ni están dadas las condiciones para que los consumidores absorban subas de tarifas; todo está judicializado –confió la fuente y aseguró que el acuerdo con los trabajadores es mucho más fácil de resolver que el aumento de precios en boca de pozo que exige Sapag.Está claro que el gobierno nacional tampoco tiene “Plan B” en el actual programa económico para incluir cambios en la política gasífera.–¿No temen que se desate una crisis en Neuquén? –se preguntó.–Mire, las necesidades financieras de Sapag no fueron generadas por la Nación. En los dos últimos años el gobernador incrementó sus gastos en cerca de 3.000 millones de pesos... ¿qué tiene que ver el precio del gas con eso? Fue la provincia del país que más aumentó el gasto per cápita. Que quede claro que el desborde fiscal que sufre Neuquén no fue generado por nosotros –aclaró el funcionario, algo ofuscado.En definitiva, todo indica que las promesas de Nación continuarán y que el gobierno de Sapag comenzará en forma compulsiva y desordenada a concretar un ajuste fiscal, apremiado por la cruda realidad de sus números. (Redacción Central)
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