El mecanismo de subsidios convalidado por la presidenta Cristina de Kirchner, para frenar el llamado "tarifazo" (en los precios del consumo de gas y electricidad) es para los especialistas una herramienta insostenible en el mediano plazo.

"La provincia del Neuquén, y en general el resto de las jurisdicciones petroleras, vienen aceptando desde el 2002 una remuneración por su producto esencial muy por debajo de lo que valían un año antes internacionalmente. Esas administraciones les han causado un gran daño a sus provincias aceptando la disminución de los recursos", afirmó el consultor en materia energética, Francisco Mezzadri.

Agregó que en el caso de Neuquén sus autoridades tendrán que insistir -como lo hicieron sus representantes en el Congreso cuando se discutió la frustrada reestructuración tarifaria-, pues si no van a seguir perdiendo recursos.

Mezzadri cree que de la maraña de subsidios (el año pasado la administración Kirchner destinó 10.000 millones de pesos al sector energético) se va a tener que ir saliendo de manera gradual, de modo que se vuelva a poner en marcha la inversión.

El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, señaló que si bien se había opuesto al tarifazo por el modo de implementación (era una ley que debía sancionar el Congreso nacional) y por cómo se iba a instrumentar, "terminar con las tarifas congeladas es inevitable, es producto de siete años de una política populista".

Montamat considera que hay que modificar el esquema impositivo en la materia, dar una señal de precios para que se invierta en la cuenca Neuquina (disminuyendo la brecha con el gas importado de Bolivia) y modificar las tarifas, de modo que quien esté en condiciones de pagar por ejemplo por vivir en zonas residenciales lo haga (aun con un bajo consumo), preservando a los sectores carenciados con una tarifa social.

"Se va a tener que seguir importando de Bolivia porque hay poco gas disponible en la Argentina para el futuro, pero hay que incentivar la inversión", sostuvo Mezzadri.

Un informe de Montamat y Asociados destaca que entre el 2004 y el año pasado las reservas gasíferas cayeron un 56% y las de petróleo 16%.

Tanto Mezzadri como Montamat coincidieron en que en el esquema tarifario actual existen cuestiones de imposible justificación, como que las tarifas eléctricas en el Gran Buenos Aires y Capital Federal son muy inferiores a las de Córdoba y Santa Fe, en donde los usuarios pagan un 125% más.

"¿Por qué pueden protestar los primeros y no los segundos?", se preguntó Mezzadri.

Éste reconoció que en el 2002, dada la devaluación que produjo una notable caía del salario real, fue lógica la aplicación de precios controlados, pero a siete años es inexplicable.

En una exposición en la Escuela Superior de Administración de Empresas (Eseade) sobre manejo de la información, Mezzadri hizo alusión a que, mientras de un lado la responsabilidad de quienes gestionaron el Estado es incuestionable, del otro lado hay que referirse a la culpa del sector empresario vernáculo.

-Estuve al frente de una entidad de las más importantes (la Cámara de Inversores del Sector Eléctrico) y recuerdo cómo un importante sector del empresariado mientras ganaba dinero y se beneficiaba de la situación de pagar precios bajos hacía silencio. En el 2007 unos pocos advertíamos del panorama que se venía, pero gran parte del sector privado aprovechó la ocasión y calló.

-¿ Pueden funcionar los planes Petróleo Plus y Gas Plus implementados por el actual gobierno?

-Esos son sistemas que siguen manteniendo un alto poder de discriminación, concentrado en manos de una misma persona que es el ministro de Infraestructura (Julio) De Vido. Ello no le da garantías a quien quiere invertir en el sentido de que el retorno de su inversión va a ser respetado, lo cual genera una situación institucional contraria a la inversión.

Mezzadri agregó que hasta ahora los proyectos anunciados aplicando esos programas "son limitados, porque para incrementar los recursos hay que ir a tecnologías muy caras".