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Si algo de incertidumbre faltaba sumarle al escenario de crisis fiscal que atraviesa Río Negro, la decisión de incrementar la ya excesiva deuda pública que tiene la provincia no es un hecho menor.
Y el gobernador Miguel Saiz va por eso.
Toda esta semana su equipo económico estuvo abocado a darle sustento legal a la toma de un crédito en la banca privada que, en principio, sería por 200 millones de pesos para poder sortear los desequilibrios que muestra la caja fiscal.
La misma película que vimos hace sólo una década ahora se repite en un contexto mucho más complejo que el anterior. Todavía está en la retina de la mayor parte de los rionegrinos cómo en los 90 las distintas administraciones que pasaron por el gobierno endeudaron progresivamente a la provincia en forma totalmente irracional para poder sostener los niveles de gasto público.
Las estadísticas oficiales hablan por sí solas: el pago de deuda (amortización más intereses) pasó de representar en 1990 el 4% del total de los recursos corrientes a explicar el 46% en el presupuesto 1998, para terminar con el quiebre de la convertibilidad en el 37%. En 1998, cerca de la mitad de los ingresos corrientes que tuvo Río Negro se destinó a los compromisos por vencimientos de intereses y capital con el sistema financiero. Obviamente, eso nunca se pudo pagar con recursos genuinos. A partir de 1996, el Estado provincial canceló sus compromisos con más deuda y así ingresó en un círculo vicioso imposible de parar.
Volver a endeudarse para sostener el gasto público es, sin dudas, una fórmula que arrastra fracasos en la corta historia de la provincia.
Es camino fácil para las partes que participan de la operación.
Por el lado de la provincia, hay que señalar que éstos son fondos frescos y de libre disponibilidad que permiten tapar los huecos que hoy hay en el presupuesto. Desde la corta mirada que pueden tener algunos de sus funcionarios, sirve para llegar al 2011 sin serios inconvenientes. Pero esto es como las drogas, que una vez que se las prueba se pueden volver adictivas, y con este razonamiento nadie garantiza que ante nuevos problemas de caja se ingrese al sistema por mayores fondos teniendo en cuenta el complejo escenario fiscal de la provincia de cara a los próximos dos años.
Para los bancos privados -que son los que otorgarían este préstamo- el riesgo de cobro es muy bajo ya que tomarían como garantía parte de los recursos que llegan a la provincia desde Nación o, más sencillo aún, retendrían las regalías que cobra la administración rionegrina por la venta del gas y el petróleo producidos en su territorio.
Apoyo de Nación
Cuando se terminó de reestructurar la deuda de Río Negro hacia finales del 2002 -producto del ahogo presupuestario que ésta generaba-, una de sus cláusulas determinaba que la provincia no podía volver a endeudarse si no contaba con indicadores fiscales saneados y la autorización explícita de la Nación.
La reestructuración de pasivos se complementaba con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tomaba en cuenta el primero de los puntos mencionados.
Hoy la administración Saiz sale al mercado de deuda sin cumplir los mínimos requisitos que exigían los lineamientos de reestructuración de sus pasivos en aquel entonces y menos aún los índices de solvencia fiscal que establece la ley.
Está claro que los desequilibrios presupuestarios de las provincias no son tema de agenda hoy para el gobierno nacional. Pero pueden ser un frente que, de no controlarse en tiempo y forma, termine generando un alto costo político para la administración Kirchner.
Las menores transferencias por coparticipación y los fondos discrecionales que llegan del poder central en muchos casos no alcanzan a compensar los desvíos fiscales que exhiben los presupuestos provinciales, de la mano del desproporcionado incremento del gasto.
A esto hay que sumarle que el gobierno central carece de respuesta ante las demandas de los gobernadores por mayores recursos, sencillamente porque el superávit de la administración Kirchner se pulverizó este año y no existen fondos disponibles para transferir al interior.
De ahí que el Ejecutivo estudie la posibilidad de enviar un proyecto para "retocar" la Ley de Responsabilidad Fiscal en procura de hacerla más flexible para las provincias.
Con esta modificación, los gobernadores podrán volver a tomar créditos en el sistema financiero para equilibrar sus cuentas. El problema es que hoy, por esos pesos, el sistema exige tasas superiores al 15% anual.
Javier Lojo