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Fabris incluso recordó que desde 1992 “una serie de pactos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias provocó fuertes detracciones en la masa de fondos coparticipables, lo que afectó directamente a las jurisdicciones” y causó “un desequilibrio financiero de las provincias debido a la distribución centralizada y a la pérdida de la autonomía para fijar una política tributaria independiente, ya que los impuestos más importantes se delegaron a la Nación”.“Los datos del 2008 reflejan que se habría transferido a las provincias el 32% de los recursos tributarios de la administración central”, observó Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En relación con la distribución secundaria entre las provincias, señaló diferencias entre jurisdicciones de acuerdo con los traspasos por habitante y, también, que Neuquén y Río Negro estaban el año pasado en el grupo de las de altos ingresos y baja densidad (ver cuadro). Argañaraz llegó a la conclusión que no se cumplió con el mínimo del 34% desde el 2002 y que todas las provincias resignaron 10.803 millones de pesos entre ese año y el 2008 (en moneda corriente). Incluso tuvo en cuenta la incidencia del impuesto a las transferencias bancarias o “al cheque”, con un esquema de coparticipación del 30% –la recaudación nacional mensual puede dar unos 1.700 millones de pesos–, y la baja del 18% en los derechos de importación. Semejante tendencia pareció revertirse en el primer trimestre de este año respecto de igual lapso del anterior: pasó del 31% al 33% y hubo quienes estimaron el 36% como consecuencia de la creación del Fondo Federal Solidario, que destina a las provincias y municipios el 30% de lo percibido por retenciones. Algunos gobernadores plantearon la necesidad de una reforma tributaria por dificultades presupuestarias. A principios del 2009 hubo una propuesta de volver a los pactos fiscales instrumentados en 1995 por Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía, que definían aportes no reintegrables de libre disponibilidad de la Nación a las provincias con dificultades de caja. Al inaugurar las sesiones del Congreso, el 1 de marzo pasado, la presidenta aseguró que crecieron los recursos transferidos automáticamente o no a las provincias (citó, como ejemplos, a una opositora y otra ex oficialista, como Santa Fe y Catamarca, respectivamente). En aquel tercer mes anunció la coparticipación a las provincias y los municipios del 30% de lo recaudado por la Nación en concepto de derechos a la exportación de soja. Por lo general, el gobierno nacional procuró convencer que mediante aportes del Tesoro o planes de obras públicas giró a las provincias importantes sumas de dinero, pero obviamente sin referirse a su clientelismo discrecional y las asimetrías regionales.Las discusiones por el reparto de los fondos fueron instaladas durante la campaña electoral por los candidatos opositores. No faltaron quienes recordaron que para aprobar una nueva ley de coparticipación era –es– preciso contar con el respaldo en el Congreso de todas las provincias y de la Nación. La Corte Suprema de Justicia aceptó tratar en junio último, como “tribunal originario”, la demanda del gobierno de San Luis contra el Estado nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por deudas de coparticipación (inició el reclamo en el 2001 y presentó varios recursos desde entonces).Probablemente luego de reflexionar sobre los resultados de las elecciones del 28 de junio pasado, la presidenta se decidió a recibir a casi todos los gobernadores, ya obligados a expresar sus necesidades de financiamiento. El 29 del mismo mes habló sobre la nueva ley de coparticipación y destacó que “es un tema difícil de acordar, pero siempre hay que tratar de hacerlo”, no sin dejar de interpretar que “los que tienen que discutir esto son los titulares de las gobernaciones y el jefe de la Ciudad (de Buenos Aires), quienes son los que conocen cómo deben administrar sus recursos”. Las dificultades para cerrar las cuentas fueron expuestas tanto a la presidenta como al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y no sólo por los mandatarios opositores sino también por los oficialistas. De sumarse las objeciones, superarían los 43.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la no coparticipación hasta hace poco de lo captado por el impuesto al cheque, que según la consultora Economía & Regiones significaron 33.106 millones desde su aplicación. A eso se agregaría la falta de actualización de las transferencias de sumas fijas de la década pasada, como las del Fondo del Conurbano Bonaerense. Teniendo en cuenta que el 10% del gravamen a las ganancias representaría 5.704 millones, de descontarse los 650 millones que recibiría el Estado bonaerense, lo no cobrado serían 5.054 millones. Por otra parte, tampoco se ajustaron el Fondo Compensador y ley 24.699, que provocaron una pérdida adicional de 4.800 millones. La posibilidad de coparticipación del 100% el impuesto “al cheque” es una de las decisiones de política económica fiscal que la mayoría de los mandatarios provinciales espera de Amado Boudou, el sexto titular del porteño Palacio de Hacienda designado por Néstor Carlos Kirchner y su esposa. Por el momento, Boudou prometió trabajar para que “la Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda” y “una utilización más eficiente de los recursos del Estado”. Cualquier debate parlamentario sobre la coparticipación requerirá acordar la distribución primaria (entre la Nación y las provincias) y, especialmente, la secundaria (entre las provincias), sin olvidar definir qué se hará con el impuesto “al cheque” y las extracciones para el sistema de seguridad social.Esto sucede mientras se desaceleró el ritmo de crecimiento de los recursos tributarios nacionales y provinciales; aumentaron los gastos en personal –y surgieron dificultades para pagar los salarios, que hasta podrían incrementarse por el aumento escalonado del 21% en el mínimo, de 1.240 a 1.500 pesos–; bajaron las transferencias del gobierno nacional para financiar gastos corrientes y de capital, y siguen cerrados los mercados voluntarios de deuda, con lo cual las provincias, en su mayoría, tienen las cuentas en rojo y de no conseguir financiamiento cerrarían este año con un déficit peor que el del 2008. Un “fondo de convergencia”, como complemento de las transferencias automáticas de recursos de origen nacional, fue imaginado por Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, para no discutir ahora una nueva coparticipación. Supuso que serviría para auxiliar con inversiones productivas a las provincias cuyo promedio de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y sus índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) estén por debajo del promedio general. Algunos estados provinciales insistieron en la disminución de las retenciones y aguardan la devolución de parte de lo recaudado por la Nación para mantener el régimen jubilatorio. Todo indicaría que el gobierno se encontraría con un faltante de caja de unos 15.000 millones de pesos para esta segunda parte del año y, lo que es peor, con una economía en retroceso. Un enfoque empresario“Desde la perspectiva empresaria, el actual esquema de coparticipación tiene importantes efectos negativos: alta presión tributaria sobre los factores productivos y falta de armonización de impuestos entre Nación/provincia/municipio y dificultad para revertir las fuertes asimetrías regionales y la baja competitividad sistémica de ciertos territorios”.Ésta es la opinión de Roberto Carmona, presidente del Departamento de Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien está persuadido de que “alcanzar un desarrollo territorial balanceado es condición necesaria para la sustentabilidad del proceso de desarrollo del país”. Entre las razones político-sociales mencionó: equidad, fortalecimiento institucional-federalismo, arraigo al territorio y menor tensión social. Entre las económicas citó: capturar/maximizar el potencial económico de las regiones y basar el nivel de desarrollo deseado en patrones territoriales más balanceados. Para Carmona, las provincias participaron en la recuperación de la economía de los últimos años con un desempeño “bastante heterogéneo” y algunas con crecimientos del 35% al 50% superiores a la media nacional. No obstante, persisten fuertes asimetrías regionales en términos de desarrollo económico y social, y la actual crisis impacta de manera importante en la estructura productiva del país. Por eso el directivo de la central fabril insistió en que es preciso estructurar un sistema tributario que promueva la competitividad de las producciones zonales con un desarrollo integral.
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