La sanción de la Constitución de 1994 estableció en su cláusula transitoria 6ª que la coparticipación prevista en el artículo 75, inciso 2º, y la reglamentación del organismo fiscal federal debían sancionarse antes de que concluyera 1996, por lo que el incumplimiento ya acumuló 13 años.Antes de resultar electa presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se publicitó como responsable de que la coparticipación se hubiera incluido en la reforma constitucional.Mientras tanto se mantiene el régimen “provisorio” de la ley 23.548, promulgada en 1998 cuando Raúl Ricardo Alfonsín era el presidente de la República, y cuyo cumplimiento efectivo fue solicitado al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por el diputado Luciano Rafael Fabris (UCR-Chaco).“Al demorarse la discusión de una nueva norma, sigue siendo la aplicable –fundamentó–. Estableció que del total de los recursos nacionales, el 42,34% sería retenido por la Nación y el 56,66% iría a las provincias de manera automática y el 1% restante pasaría a ser distribuido como Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.Eso no fue todo: el artículo 7º determinó que “el porcentaje mínimo a ser coparticipado no podía ser inferior al 34%, algo que no se alcanzó en los últimos años”.
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