En la poscrisis y hasta el 2005, el gasto público aumentó en forma razonable, sobre todo si se tiene en cuenta el punto de partida. Sin embargo, desde el 2006 en adelante esta variable se aceleró y tanto en el 2007 como en el 2008 se expandió a un ritmo anual promedio del 40%.

Un reciente informe elaborado por el economista Jorge Vasconcelos detalla que en lo que va del 2009 se moderó al 27% interanual, pero sólo porque no hay financiamiento y los recursos crecen al 16% anual, aun incluyendo fuentes extraordinarias como la estatización de los fondos jubilatorios. Con la actual inercia de gastos e ingresos, el superávit primario nacional se evaporaría en el primer trimestre del 2010, lo que quitaría al gobierno cualquier margen de maniobra y daría al sector privado una pésima señal vinculada con el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

La expansión del gasto público, detalla el estudio, se explica por la creciente significación que alcanzaron los subsidios a tarifas y servicios públicos, directos e indirectos. En general éstas son decisiones que tienen impacto asimétrico, porque al abaratarse en forma relativa el precio de esos bienes y servicios, el consumo sube por encima de situaciones de equilibrio siendo que, al mismo tiempo, los incentivos a la inversión decaen, comprometiéndose la producción presente y futura en esos mismos mercados.

Si se acepta que los instrumentos de sobreexpansión se han agotado, la clave entonces pasa por encontrar nuevos motores para el crecimiento y, sobre todo, más genuinos y sustentables en el mediano y en el largo plazo.

¿Cuál es el punto de partida para encarar este cambio de patrón? En el plano fiscal, la "fatiga de materiales" es notable.

Dado que la economía no admite mayor presión tributaria y, por otro lado, hay que prever que tanto provincias como el gasto social demandarán proporcionalmente más fondos de aquí en más, entonces hay partidas que habrán de ser sacrificadas. Si, además, para afrontar los compromisos de deuda se aspira a recomponer parcialmente el superávit primario, entonces el ajuste será en duplicado para los ítems elegidos.

Dentro del presupuesto no hay demasiadas alternativas: las transferencias al sector privado, que incluyen los subsidios referidos, suman 4,3 puntos del PBI, mientras que la inversión pública alcanza este año a 2,9 puntos del PBI. Si el bisturí fiscal tiene que concentrarse en estas dos partidas deberían pasar de una suma de 7,2 puntos del PBI a, por ejemplo, 5,2 puntos en el 2010. Aun así podría ser insuficiente para compensar desequilibrios.

La clave pasa por reconocer que la magnitud de la recuperación de inversión y producción privadas depende de los incentivos proporcionados desde la política pública. Observemos la trayectoria de producción de sectores sobre los que ha recaído con fuerza la política de privilegiar el consumo. A título de ejemplo, consideremos por un lado la extracción de petróleo (cayó un 23% en los últimos diez años) y, por otro, la cantidad de toneladas cosechadas de trigo y maíz (se desplomó un 36% en el mismo período). Pues bien, la tendencia declinante se impone en ambos casos, pese a que estos segmentos de la actividad pueden ser motores de una recuperación económica.

Por supuesto que cuando se plantea la discusión acerca de generar mayores incentivos a la producción aparecen en primer plano los temores respecto del impacto sobre el poder adquisitivo de la población. Pero el cambio de régimen puede hacerse de un modo gradual, existiendo además mecanismos para compensar el impacto sobre los sectores más desprotegidos. (J. L.)