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En la Argentina, por la situación del 2001-2002, los bancos dejaron de prestar al sistema productivo y creció la utilización de los fideicomisos, que se encuentran regulados por la ley 24.441 de 1994 y su decreto reglamentario y también por la resolución 368/01 de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los comercios de electrodomésticos usaron para fondearse tanto los fideicomisos financieros (FFs) como los créditos bancarios. Hasta el tercer trimestre del 2008 ataron “paquetes” con los préstamos concedidos y cuentas a cobrar, o sea lo que se conoce como securitización, según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). En el cuarto cuatrimestre del año pasado, el panorama se complicó como consecuencia de la crisis internacional y la estatización de las AFJP –en su momento compraron del 30% al 40% de las emisiones de los FFs– y cuyos activos pasaron a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por el decreto 2.103/08 del Poder Ejecutivo Nacional, debe colocarse en “activos financieros nacionales”. Específicamente del 5% al 20% de dicho fondo en títulos de deuda, certificados de inversión en fideicomisos, activos u otros valores representativos para proyectos productivos de infraestructura. La CNV documentó 79 emisiones de FFs en los primeros cinco meses del año, por un total equivalente a 1.012 millones de dólares (con el tipo de cambio del quinto mes, unos 3.643 millones de pesos), menos que en idéntico lapso del 2008, cuando se colocaron 104 por 1.212 millones (conforme la cotización de entonces, 3.285,5 millones), respectivamente. Unos 300 millones de dólares fueron para la construcción de las centrales termoeléctricas de “Manuel Belgrano”, en Campana (Buenos Aires) y “San Martín”, en Timbúes (Santa Fe). El 63% de lo colocado entre enero-mayo del 2009 correspondió a FFs, cuyos activos subyacentes eran los créditos para el consumo y personales, con el 50%; los contratos energéticos, 30% y los cupones de tarjetas de crédito, 13%. En idéntico lapso del 2008, los FFs para el consumo (incluyendo los plásticos) sumaron el 91%, seguidos por la actividad agropecuaria, 5%; el leasing, 3%, y las obras públicas, 1%. Las colocaciones comenzaron a reactivarse levemente en junio con 6 series por 138 millones de pesos, ya que la CNV autorizó las acumuladas hasta que implementó la resolución 555, el 28 de mayo, con la finalidad de intensificar los controles y que las cobranzas se rindieran en cada jornada y depositaran a los tres días, como máximo. Además, el fiduciario, al delegar el ejercicio de sus funciones, quedó obligado a fiscalizarlas y pudo contratar un sustituto para cobrar. La 555 dispuso, asimismo, que las entidades que solicitaran autorización para la oferta pública advirtieran al público –mediante un prospecto– sobre los riesgos de la inversión.Hubo coincidencias en que la mencionada resolución encareció las operaciones, al obligar a desarrollar un sistema informático para estar “online” y coordinar las diferencias entre los fiduciarios que posee cada fiduciante. La medida comenzó a pensarse luego de que la cadena Bonesi –había recurrido a un fideicomiso para fondear su financiamiento a los clientes– en abril solicitara su concurso preventivo después de retener unos 35 millones de pesos de la cobranza de los préstamos y no depositarlos en las cuentas de sus fiduciarios, el Standard Bank y el Banco de Valores, que entablaron acciones legales para recuperar lo que les adeudaban. La CNV dispuso un sumario y controlar a las calificadoras de riesgo, ya que Standard and Poor’s le puso la máxima nota al fideicomiso de Bonesi antes de que se presentara en default. En la semana previa a las elecciones, el Banco de Valores anunció que en junio no cumpliría con los pagos relacionados con Bonesi por carecer de fondos. Bazar Avenida, de la red Megatone, por su parte, se adelantó a posibles problemas que desencadenaría su deuda e intentó demostrar que cumpliría con sus compromisos. Las repercusiones de ambos casos y las caídas de las operaciones y la morosidad del 20% de la cartera, provocada por quienes se quedaron sin trabajo, percibieron menores ingresos y no soportaron los mayores precios, afectaron en mayo último a los fideicomisos, observó el IAMC. En esto influyeron, asimismo, las incertidumbres externa e interna, el anticipo de las elecciones, la fuga de capitales, la menor ocupación. El Banco Central (BCRA) autorizó el 18 de junio pasado que las entidades financien obras públicas con FFs y cinco días después el gobierno colocó –después de que no hubiera interesados en dos ocasiones– un fideicomiso por 1.500 millones de pesos para la primera parte del Plan Vial Nacional, que demandaría 4.000 millones. La Anses aportó el 90% y 30 bancos locales el resto, lo que les significó un desembolso de 140 millones de pesos de los 150 millones del tramo en el que no participó el citado organismo: el 45% (67,5 millones) de los públicos y cooperativos; el 35% (52,5 millones) de los privados nacionales; el 11% (16,5 millones) de los extranjeros y el 9% restante (13,5 millones) de los demás inversores institucionales (como las compañías de seguros).La figura del fideicomiso productivo se aplicó en el controvertido caso de la papelera Massuh, rebautizada Quilmes, cuyos trabajadores serían, hasta noviembre del 2011, empleados del Estado nacional, que se hizo cargo de la empresa en las postrimerías de junio. Quizás para amortiguar la caída de las inversiones privadas, el Banco Central estableció –por la comunicación “A” 4.937 del 18 de junio– que las entidades financieras pudieran suscribir certificados de participación y/o títulos de deuda de FFs o fondos fiduciarios del sector público nacional, destinados a obras de infraestructura y/o equipamiento. Por la resolución 2.551/2/2009 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó exigencias para reanudar las inscripciones de importadores y exportadores en el registro de fideicomisos. Esto ocurrió después de que durante casi un año la Dirección General de Aduanas no aceptara tales inscripciones, por considerar que no eran las personas físicas ni las jurídicas contempladas por el Código Aduanero.Miguel Ángel Fuks Dudas acerca de cÓmo podrÍan financiarse las empresasMás allá de cierta leve reacción positiva, se supone que la desaceleración de la demanda interna reduciría las emisiones de fideicomisos que securitizan créditos de consumo e impulsaría la aparición de más productos en dólares y fideicomisos pero para infraestructura. Las empresas estudian utilizar otros métodos para financiarse y la alternativa que más les atraería sería la emisión de bonos corporativos. A su vez, el gobierno y el Banco de la Nación analizaron utilizar el mismo esquema aplicado para la papelera Massuh, rebautizada Quilmes, para sostener empresas del interior con desequilibrios operativos, pero con condiciones viables desde lo productivo. El mecanismo permitiría separar las deudas de sus realizaciones y aseguraría la continuidad de las mismas mientras reestructuran sus pasivos. Aparte del fideicomiso de 1.500 millones de pesos para el Plan Vial Nacional (ver aparte), el gobierno analiza crear un fideicomiso productivo también con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para promover la reestructuración de la cadena del cuero orientada al mercado interno, teniendo en cuenta la caída de la demanda externa.En el sector agropecuario vienen urdiendo estrategias para expandir la frontera ganadera e incrementar así la actividad.Otros fideicomisos imaginados por Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, también con recursos manejados por la Anses para reactivar a otros sectores, quedaron por ahora en suspenso por sus costos de alrededor del 20% anual.