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Disposiciones a las que deben ajustarse, porcentajes de cobertura y otras obligaciones. Inquietudes sindicales no merecieron respuesta de la presidenta, quien tampoco se refirió a la demanda pendiente de fondos.
A comienzos de setiembre último, María Graciela Ocaña, ministra de Salud, intentó una reforma para que la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) –entonces a cargo de Héctor Capaccioli– no repartiera unos 700 millones de pesos anuales entre las obras sociales sindicales. Tales recursos provenían de la Administradora de Programas Especiales (APE), que conducía Juan Antonio Rinaldi, quien durante más de 20 años estuvo cerca de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, por ser abogado del Sindicato de Choferes de Camiones, además de dirigente del Partido Justicialista porteño.La APE es un organismo descentralizado que financia –con recursos del Fondo Solidario de Redistribución y, en menor proporción, propios– prestaciones de alta complejidad cuyos costos las obras sociales no estarían en condiciones de asumir, así como también enfermedades crónicas como el sida. Un mes después, la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la falta de rendición de cuentas, diferencias sin explicar en millonarias campañas de vacunación, pagos de deudas a las obras sociales en bonos y giros para coberturas en cesación de pagos.Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminara contra el monopolio sindical, el 11 de diciembre, a pesar de que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza la organización libre y democrática, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) buscó compensar políticamente a la CGT con el nombramiento de Rinaldi al frente de la SSS tras la renuncia de Capaccioli, quien fue investigado por supuestas irregularidades. Lo primero que hizo Rinaldi fue impedir la entrega de 100 millones de pesos a las obras sociales, aprobada por su antecesor, lo que desencadenó el choque de Moyano con Ocaña. El líder de la CGT no recordó públicamente que un envío anterior de 48 millones no fue debidamente rendido, con las excepciones de las entidades que nuclean a los camioneros y los empleados de comercio.Posteriormente Ocaña avaló la resolución de Rinaldi –acusado por Moyano de “borocotización”– de impulsar casi 400 sumarios demorados desde hacía varios años, en realidad la mitad de los 800 abiertos por irregularidades como recibir adelantos y luego no presentar los recibos correspondientes o efectuar compras irregulares de medicamentos. El impulso de los sumarios representó un problema, sobre todo para los gremialistas investigados por desviar un crédito del Banco Mundial de unos 300 millones de dólares y ya beneficiados por la Cámara Nacional de Casación que declaró prescripta la causa.La ministra acordó con Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para que hiciera una auditoría integral de la SSS y aportara normas de procedimiento ante los desvíos detectados por la AGN y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).Además, después de que Sergio Massa, jefe de Gabinete –y sucesor de Alberto Fernández–, respaldara a la titular de Salud cuando se conocieron operaciones que la daban por renunciada y las tres amenazas de muerte que recibió, una de ellas quizá de su propia custodia, Ocaña apoyó las siguientes medidas de Rinaldi:• Dejar sin efecto una asignación de 100 millones de pesos a las obras sociales por no estar suficientemente claro el destino de los fondos, pero sí que se habrían destinado a gremialistas “amigos”. • Rechazar pedidos para ofrecer “planes superadores” a los beneficiarios.• Derogar el registro de proveedores de prótesis y ortesis, que existía en forma paralela a los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por sospechas de que habrían servido para exigir “peajes” a los empresarios.• Eliminar la posibilidad de cambiar de obra social por correo. Por un decreto del PEN, el 26 de enero último se modificó la ley de desregulación de las obras sociales y se condicionaron los traspasos de afiliados a otras (alrededor de 60) vinculadas con prepagas. La medida obliga a quien desee emigrar de su obra social de origen a firmar el pedido de manera personal y en la sede de la obra social de destino, algo que se interpretó podría significar una obstrucción. La CGT argumentó que la idea fue no dejar a criterio del empleador tal “elección”.Más de 2 millones de monotributistas corrían el riesgo de quedar sin coberturas de salud, el 26 de enero pasado, cuando Armando Oriente Cavalieri, secretario de Acción Social de la CGT y secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, advirtió que las obras sociales pretendían no verse obligadas a atenderlos si el gobierno no actualizaba los aportes. Ocaña siguió soportando “operaciones” en su contra, como en febrero la de reemplazarla por Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Llegó a comentarse que Néstor Kirchner la ubicaría como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires –algo que no ocurrió–, en tanto Moyano le reclamaba por teléfono más recursos. La posibilidad del alejamiento fue frenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras reunirse con ella.Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, escuchó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el 11 de febrero, quejas de la cúpula de la central obrera por el fallo de la CSJ en favor de la libertad sindical y la perspectiva de que el gobierno otorgara personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), intención que no se concretó.En marzo trascendió que Moyano estaría dispuesto a invadir las oficinas de la SSS para recuperar los reintegros de la APE, cuando las obras sociales y las prepagas debieron comenzar a cubrir el alcoholismo y otras enfermedades. No sorprendió entonces que se hablara de una “estrategia de despegue” del gobierno por la CGT ni que su secretario general proclamara: “los únicos que podemos sostener al gobierno somos nosotros” y que “de los políticos peronistas ya sabemos que no podemos esperar nada”.El consejo directivo de dicha central aguardaba ir a la Casa Rosada el 15 de abril para reiterar su apoyo a la presidenta, transmitirle su preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de los salarios y detallar los motivos de su enfrentamiento con Ocaña. Durante los cinco días que transcurrieron hasta que se hizo el encuentro se conoció un proyecto de la CGT para subsidiar el desempleo de trabajadores en empresas afectadas por la crisis. No obstante manifestar que estaban a favor del modelo económico, las inquietudes de la central obrera no tuvieron respuestas de la presidenta, quien tampoco se refirió a la demanda de fondos. Al día siguiente la CGT negó haber recibido una prebenda presidencial de 156 millones de pesos y aclaró que formaban parte de la adjudicación trimestral y automática de recursos para su redistribución en las obras sociales, que en realidad debía ser de 290 millones.Florencio Randazzo, ministro del Interior, aseguró el 26 de abril que “no se ha hablado absolutamente de ningún cambio de gabinete”, en relación con la posible “renuncia” de Ocaña, luego de las elecciones del 28 de junio próximo.La CGT buscó aprovechar el acto por el Día del Trabajo para demostrar fortaleza ante el gobierno y no aceptó la presencia de Néstor Kirchner. Aunque no lo proclamó explícitamente, la intención fue contrarrestar la decisión de la CSJ sobre libertad sindical y conseguir puestos estratégicos en las listas de candidatos oficialistas para las elecciones y los cargos reiteradamente reclamados en los ministerios de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora Moyano aguarda que se cumpla la promesa de alguien con excesivo poder y Ocaña se vaya después de que se superen los problemas del dengue y la gripe porcina, así como que el PEN no envíe al Congreso, como se dijo, un proyecto de reforma de la ley de asociaciones sindicales.