edidas para promover la industria electrónica en Tierra del Fuego y reforzar su competitividad frente a los productos importados aprobó entre sus frecuentes viajes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 8 del actual.

Mediante un decreto que entrará en vigencia el 1 julio próximo estableció reducciones impositivas para algunos fabricados en la provincia. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley que agregará otras ventajas a los ya alcanzados por impuestos internos y establecerá el retorno a una alícuota del 21% de notebooks, monitores y terminales de trunking actualmente gravados con el 10,5%. (Ver cuadro)

"Estamos haciéndonos eco de un reclamo del sector que lleva más de doce años y nos permitirá poner en pie de igualdad a una industria nacional que cuenta con un enorme potencial y compite con los productos procedentes de la zona franca de Manaos (Brasil) y de los países asiáticos", exageró Débora Giorgi, ministra de Producción.

Por otra parte, la presidenta y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmaron un acuerdo para preservar los puestos laborales con la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Antecedentes

La promoción industrial en Tierra del Fuego fue implementada en junio de 1972 y experimentó modificaciones desde un primer momento. Concedió beneficios fiscales a los residentes y las empresas fabriles que allí se instalaran: reducción de impuestos aduaneros, exención de gravámenes nacionales y rebajas en los pasajes aéreos. Así contribuyó a la radicación de 110 firmas que generaron una gran cantidad de puestos laborales y aumentaron la población. Como consecuencia de la crisis económica interna se suspendió la aprobación y trámite de nuevos proyectos entre 1989 y 1999.

Por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 479/95, las empresas pudieron optar por presentar proyectos solicitando la sustitución de productos fabricados.

En el 2003, el PEN flexibilizó la tramitación de nuevas solicitudes de radicación o sustitución de productos que se presentaran hasta el 31 de diciembre del 2005.

Probablemente para favorecer la candidatura oficialista a la primera magistratura de Néstor Carlos Kirchner (NCK), semanas antes de las elecciones el entonces presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto 490, el 17 de marzo de 2003, algo que no hizo Roberto Lavagna, su ministro de Economía. Tierra del Fuego pasó a ofrecer exenciones en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias y la cesión de terrenos públicos no sólo a las semiparalizadas fábricas de televisores, videocaseteras y autoestéreos sino, también, a las que llegaran de computadoras, monitores, teléfonos celulares y otros productos no fabricados "en el continente", esto es, en el resto del territorio argentino.

Así se buscó sustituir importaciones, pero no por ello dejaron de aprobarse rebajas arancelarias a las compras externas de componentes.

Las firmas existentes debían contar con dotaciones de trabajadores no inferiores a las declaradas en junio del 2002 y podían reemplazar la fabricación de televisores, cuyas ventas estuvieron entonces en su "piso" histórico, por monitores de computación o CPU, teléfonos celulares y electrodomésticos o electromedicinales.

Hubo cierta oposición de los empresarios radicados en Tierra del Fuego y nucleados en la Afarte, quienes pretendieron mantener la reserva de mercado y buscaron una ampliación limitada para los electrodomésticos que producían.

"Nadie me tiene que convencer de lo que pasó antes, pero tengo que apostar a que habrá un cambio profundo", comentó Aníbal Fernández cuando era el ministro de la Producción duhaldista, al referirse a los ilícitos perpetrados al amparo de la promoción industrial por cientos de millones de dólares.

Hasta el 31 de diciembre de 2005 estuvo vigente el régimen de excepción fijado por aquel decreto 490/03, que flexibilizó las condiciones para realizar nuevos productos y fijó un procedimiento distinto para las aprobaciones de los proyectos. La instalación de nuevos emprendimientos debía realizarse, todavía, siguiendo lo establecido en el decreto 1.139/88, que resumidamente consistía en:

- Presentar una consulta previa cumpliendo cierta formalidad a la gobernación de la provincia, que a su vez debía elevarla a la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación.

- Esta secretaría, con la participación del gobierno provincial, opinaba sobre la viabilidad del proyecto.

- Aprobada la consulta previa, era preciso efectuar la propuesta al gobierno fueguino para que la evaluara y, si correspondía, la aprobara mediante un decreto previo dictamen favorable de la Comisión del Área Aduanera Especial.

- Los beneficios sólo estarían vigentes hasta el 2013 y para gozar de los fiscales y aduaneros debía realizarse una actividad en Tierra del Fuego y, en ciertos casos, contar con la autorización de la autoridad de aplicación.

Hasta el 31 de diciembre de 2005 se mantuvo vigente una flexibilización para la instalación de nuevos proyectos y la ampliación de los existentes.

En el 2007, el decreto 710 acotó los beneficios tributarios para las empresas que vendieran sus productos "en el continente" a consumidores finales, en forma directa o a través de firmas con las que estuvieran vinculadas económicamente.

En campaña

La historia volvió a repetirse. Como parte de la campaña electoral, en setiembre del 2007, cuando la señora de Kirchner era senadora y candidata presidencial, viajó a Río Grande (Tierra del Fuego), donde se comprometió a prorrogar los regímenes fiscal y aduanero que favorecían a las empresas con emprendimientos productivos en la provincia.

A los pocos días, el 18 de setiembre, por el decreto 1.234 del PEN se extendió la vigencia de los beneficios promocionales de la ley 19640 y sus disposiciones complementarias, con vigencia que concluía el 31 de diciembre de 2013, hasta el mismo día del 2023. Eso se supuso que equiparaba el régimen para Tierra del Fuego con el vigente en la zona franca de Manaos (Brasil) y la medida fue firmada por el aún presidente NCK, Alberto Fernández, jefe de Gabinete, y Miguel Peirano, ministro de Economía, y otorgó principalmente la exención del pago del impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los derechos de exportación a las empresas allí radicadas.

Sobre la promoción industrial de Tierra del Fuego expuso la gobernadora Fabiana Ríos en el marco del "Foro de ciudades y gobiernos del Mercosur", en Manaos, el 9 de setiembre último. Recordó que la provincia "tiene la particularidad de tener un régimen en ´espejo´ con Manaos, en cuanto a lo que es la producción de elementos electrónicos".

Ocho días después estaban a su firma los acuerdos sobre promoción industrial (y turismo sustentable) con el estado brasileño de Amazonas, analizados previamente por las áreas técnicas de ambos gobiernos, que continuarían monitoreando su aplicación. Apuntaban a identificar sectores competitivos y oportunidades de negocios e inversiones e intercambiar conocimientos, experiencias e informaciones económicas para tomar decisiones. Incluso se mencionó que impulsarían asociaciones para futuras inversiones y transferencias de tecnologías y entablar encuentros entre las empresas de ambas regiones.

Incentivos económicos en determinadas regiones

En teoría, la promoción industrial apunta a promover la expansión de la capacidad fabril brindando incentivos económicos en determinadas regiones. El primer antecedente en la Argentina se remonta a la década del '40 del siglo pasado y se basaba en la protección arancelaria para contrarrestar las importaciones. Diversos regímenes y programas incentivaron las inversiones con rebajas de los costos financieros para la puesta en marcha de proyectos, exenciones y/o reducciones impositivas, estímulos aduaneros y facilidades para incorporar activos, entre otros.

Además se favorecieron las inversiones extranjeras con créditos internos y aplicando los mismos derechos y condiciones dispuestos para las empresas nacionales y sin limitar las remesas de los dividendos y las repatriaciones de los capitales.
Los incentivos ofrecidos a los inversores nacionales y extranjeros suelen agruparse de la siguiente manera:

• aquellos que promueven una región o localidad en particular,

• los que promocionan un sector o actividad económica y

• los instrumentos denominados horizontales, cuyas ventajas alcanzan a cualquier región y/o sector.

Más allá de lo que ocurrió en Tierra del Fuego (ver aparte), durante años surgieron conflictos, incluso con presentaciones judiciales por otro régimen muy publicitado, aplicado en Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Mendoza, por ejemplo, siempre se opuso con el argumento de que generaba fuga de capitales y de inversiones hacia esas provincias. Incentivó la radicación de empresas que no pagaron los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), pudieron desgravar el IVA a las ventas y las compras e incluso resultaron eximidas del IVA al importar bienes de capital. Favoreció transgresiones, como la instalación de "fábricas con rueditas" que actuaban en otros lugares y hacían pasar sus productos por las cuatro provincias para realizar algún trámite y beneficiarse con las medidas señaladas.

Poco después de asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a extender tales ventajas por 15 años más.

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar