urante el 2008 el consolidado de provincias habría alcanzado un nivel de déficit fiscal del orden del 0,6% del PBI, esto es, incluyendo dentro del gasto los intereses de deuda. Para el 2009, aparece nuevamente como inevitable que las provincias vuelvan a desembocar en niveles de ahorro negativos producto, obviamente, de erogaciones superiores a los ingresos.

La caída del superávit se inició en el 2005, a raíz de un crecimiento del gasto siempre mayor al de los ingresos, y desembocó en déficit fiscal en el 2008.

Este año se tiene una abrupta desaceleración de la recaudación tanto propia como de coparticipación.

Los ingresos reales con los que contarán los gobiernos provinciales con seguridad resultarán inferiores a los presupuestados. En consecuencia, aun cuando el gasto se limite a los valores establecidos en los presupuestos, el déficit para el consolidado de provincias es prácticamente un hecho. Sin entrar en lo que se denomina "análisis bajo la línea", es decir, uso del crédito y aplicaciones financieras, que tiene un saldo negativo en prácticamente todas las jurisdicciones, el déficit fiscal del conjunto de provincias, luego del anuncio del fondo de distribución de retenciones, superará los 6.000 millones. A partir de estas cifras, el interrogante que surge es cómo harán las provincias para solventar su necesidad de financiamiento, por ahora disminuida. No tienen fondos anticíclicos y no pueden acceder a financiamiento voluntario. No hay margen para subir impuestos de ningún tipo. La primera alternativa que aparece como probable es que sigan solicitando financiamiento a la Nación. Cuesta creerlo, pero nuevamente se está en una situación similar a las ya vividas en años anteriores. (N. A.)