l gobierno nacional intentó convencer, hace once días, de que aprovechó la reunión en Madrid de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Consejo Económico y Social de España (CESE) para resucitar la idea del pacto social. No obstante, Hugo Moyano, secretario general de la central obrera, consideró que frenaría los reclamos por aumentos salariales -de alrededor del 20%, cuya discusión se plantearan en las próximas paritarias-, en tanto Juan Carlos Lascurain, presidente de la entidad fabril, propuso que tuvieran un tope -¿del 10%- y un consenso con otras organizaciones empresarias -incluidas las agropecuarias- y sociales y partidos políticos.

La responsabilidad del encuentro con la CESE se atribuyó a la UIA y no faltó quien afirmara que así se buscaba darle "algún sentido" a la participación en la comitiva que acompañó a España a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), presidenta de la Nación. Por eso viajó Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, persuadido de que "un Consejo Económico Social con amplitud de representación es posible en la Argentina". Hasta recordó que el CES fue creado por la Constitución de España de 1978 pero recién se puso en marcha en 1991. A propósito de este asunto, CFK destacó la importancia -en el reportaje que concedió al diario "ABC", de Madrid- de "un consejo social y económico similar al español donde discutir el modelo de país".

Tomada adelantó su regreso para preparar el 10 la convocatoria -aunque oficialmente fue para "analizar la situación y las necesidades de los diversos sectores productivos..."-, con Débora Giorgi, ministra de Producción; Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco de la Nación; Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y Amado Boudou y Ricardo Echegaray, titulares de las administraciones Nacional de Seguridad Social (Anses) y Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respectivamente. En esa bautizada "Mesa de la producción y el empleo" Tomada confirmó el inicio del armado del CES para sostener el nivel de actividad y preservar el empleo y que en su cartera se preparaba el correspondiente proyecto para elevarlo cuanto antes al Congreso.

También en Buenos Aires dirigentes de la UIA expresaron preocupación por la posible intromisión de Néstor Carlos Kirchner, quizá el responsable de que no se lograra un pacto cuando era el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en el 2005.

Aunque la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) no integró la comitiva presidencial, procuró averiguar detalles del llamamiento y si será amplio o tendrá excluidos.

Cuando CFK se desempeñaba como senadora y lanzó su candidatura presidencial, en setiembre del 2007, sostuvo que debía avanzarse en un acuerdo para mantener un modelo de acumulación e inclusión social. En el Teatro Argentino de La Plata mencionó "...un acuerdo, el ´diálogo social´ en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia empresarios, trabajadores y la ´pata´ del Estado". Aclaró, además, que no aspiraba a "Pactos de la Moncloa", ya que "la Argentina no es España", y que "no sería un acuerdo político sino económico-social".

En un reportaje publicado en el diario "Página/12" el 25 de noviembre de 2007, la presidenta ya electa sugirió que deberían definirse metas, objetivos cuantificables y verificables, "porque no se puede hacer lo que se hizo en el pacto de Gelbard de 1973, referido nada más que a precios y salarios". (Ver aparte)

La entonces candidata parecía estar al tanto de los intentos realizados en el exterior, como:

? El Programa para la Recuperación Nacional de Irlanda, en 1987, para promover una reforma política y un acuerdo intersectorial para afrontar una crisis económica, que tuvo como antecedentes los tan mentados Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977.

? El de Finlandia, en la década del ´50, cuando partidos políticos, empresas, sindicatos y el Estado negociaron acuerdos de largo plazo para salarios y precios. Otro tanto volverían a encarar en los ´90, cuando el colapso de la Unión Soviética provocó una caída en la actividad y una suba del desempleo de hasta el 20%, situaciones enfrentadas con acuerdos. Más adelante, las tres partes decidieron reunirse anualmente para abordar temas específicos y la orientación general de la macroeconomía.

Ante la asamblea legislativa, el 10 de diciembre de 2007, cuando CFK asumió como presidenta, reivindicó su propuesta de pacto y habló de convocar, en los primeros meses del 2008, a sindicalistas, empresarios y funcionarios estatales para acordar metas macroeconómicas para el bienio 2008-2009. No se sabía si iban a ser invitados los partidos opositores. Las prioridades eran: consensos para atacar las dificultades provocadas por los déficits en varias áreas como la energética, por insuficientes inversiones, y controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico.

Tras el conflicto suscitado con el campo, el gobierno se concentró, a principios de mayo del 2008, en la articulación de una propuesta para recuperar la iniciativa política y establecer un congelamiento de precios y salarios. CFK convocó a la población desde Salta, el 25 de mayo último, a sumarse al pacto para celebrar, en el 2010, el "bicentenario de la independencia".

Con la mayoría de las negociaciones salariales cerradas, Tomada reunió a empresarios y gremialistas para delinear una agenda de temas para "un diálogo social". Lo hizo en Ginebra (Suiza) el 10 de junio último, paralelamente a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tuvo como principales interlocutores a Lascurain y Gerardo Martínez, secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA).

Como si nada hubiera ocurrido, el 22 de julio siguiente se indicó que el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo dejaría de reunirse una vez por año y lo haría permanentemente para discutir no sólo las remuneraciones sino, además, la creación de empleo, la capacitación, la productividad y el destino de los desocupados y los empleados "en negro". No faltaron, entre otros, Lascurain y Moyano.

Con ellos dos Tomada volvió a encontrarse el 15 de octubre pasado con miras a concretar un pacto social que permitiera atemperar los efectos de la crisis internacional. Aprovechó para elogiar "las responsabilidades de las dirigencias que, sin perder de vista lo que representan, buscan puntos en común para continuar con el crecimiento y la redistribución del ingreso". Moyano le entregó al ministro un documento del comité central confederal con sugerencias para proteger el nivel de actividad y Lascurain reclamó que se mantuviera un tipo de cambio "competitivo".

Trascendió que un capítulo del futuro acuerdo plantearía el compromiso de alcanzar la meta, en este 2009, de capacitar a un millón de trabajadores jóvenes, teniendo en cuenta que las empresas no encuentran fácilmente a los preparados para ocupar los nuevos puestos.

Hubo intentos de "acuerdos" en la Argentina -infructuosos-, como los del Consejo Económico Social, en 1946; el Congreso de la Productividad, en 1955, y el Gran Acuerdo Nacional, en 1971.

Tras ganar las elecciones del 11 de marzo de 1973, Héctor José Cámpora aceptó planificar las acciones del gobierno. El Acta de Compromiso Nacional fue firmada el 8 de junio del ´73 entre José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo; Julio Broner, presidente de la Confederación General Económica, y José Ber Gelbard, ministro de Economía.

El documento señaló que era una alianza entre el movimiento obrero y las entidades empresarias con vistas al Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional.

Sin embargo, el pacto apuntó a constituir un programa económico y social integral que incluía el congelamiento de precios y el alza general de salarios, después de lo cual se suspenderían las negociaciones colectivas por dos años, pero que no frenó las resistencias empresarias, reflejadas en desabastecimientos, ni las sindicales, con conflictivos reclamos de más aumentos de remuneraciones y desbordes de los liderazgos de las conducciones.

Al Poder Legislativo se remitieron alrededor de 40 proyectos y acuerdos que contemplaban a los sectores agropecuario (uso de la tierra e intervención estatal en las exportaciones) e industrial (protección, desarrollo de la pequeña empresa, promoción fabril e inversiones extranjeras, que se concretó con ley 20557/73), las exportaciones, el comercio con países del bloque socialista, las reformas financiera (ley 20520/73) y fiscales, la organización del Estado y de los gremios, los controles de ganancias, la regularización de los contratos laborales, la seguridad social y la salud de la población.

Cuando Juan Domingo Perón accedió a su tercera presidencia trató de concretar con los citados pacto y plan un gobierno basado en un consenso socioeconómico, cuya primera etapa se refería a la "reconstrucción", con la reformulación estatal y la paz social y la segunda, "de liberación", para avanzar hacia un desarrollo independiente.

Otro pacto procuró Raúl Ricardo Alfonsín y acuerdos marco concertaron la CGT y la UIA durante la gestión de Carlos Menem. Semejante tendencia anunció Fernando de la Rúa y posteriormente Eduardo Duhalde impulsó en el Congreso el tratamiento de un Consejo Económico y Social en el 2002.

Hace apenas algunas semanas, tampoco corrió mejor suerte un proyecto parecido presentado por Gerardo Morales, senador radical, que el kirchnerismo se negó a discutir.