El sábado pasado, en este suplemento se editorializó sobre la problemática frutícola mediante una nota sin firma (salvo que Redacción Central se considere tal) titulada "¿Dónde quedaron los u$s 0,29?". Dicha nota se presentó con una foto de mi persona y aludía directamente a mí.

Considero de ética periodística que se me brinde por este medio derecho a réplica y solicito la publicación de esta respuesta.

Una buena forma de refutar ideas consiste en repetir las afirmaciones vertidas y, acto seguido, exponer el contra-argumento. Así lo haré.

1) Se hace referencia a una opinión mía en el sentido de que la ley (en este caso las leyes 36111 y 3993) “está para cumplirse”, luego se afirma que nadie pone en duda que la ley deba cumplirse y acto seguido se desarrolla una retahíla de causas por las que, en definitiva, no “puede” cumplirse. ¿Por qué? Porque el sacrosanto mercado así lo determina. Las leyes, la política, los datos de la realidad, el Estado, las ideas, la otra visión de la economía, no sirven. Sólo el mercado y la competencia perfecta, que todo lo pueden. Es evidente que el escritor de la nota está un tanto desactualizado, ya que desde Keynes, Joan Robinson y otros se ha demostrado que los mercados de competencia perfecta sencillamente no existen. No puede hacerse apología de algo inhallable y que ha demostrado ser pernicioso, cuando existió, para la sociedad en su conjunto.

2) Luego se dice que Mendioroz pretende imponer un precio a través de una ley. Nada más descabellado. Ni Mendioroz creó la ley –el Parlamento rionegrino la votó por unanimidad (y además es una política pública apoyada por el gobierno provincial)– ni Mendioroz impone los 29 centavos de dólar: dicha cifra surge del estudio de los costos de cosecha y empaque que han hecho en reiteradas oportunidades técnicos formados al efecto para su tarea, ya sea del INTA, de la UNC o la Secretaría de Fruticultura. Y dichos costos son. No los impone Mendioroz sino, al decir del editorialista, la realidad económica. Y, si no, preguntémosles a los productores, cuánto les costó producir.
Nadie desconoce el mercado. Los 29 centavos son un precio (costo) de referencia para que el (empacador) que lo pague al productor reciba los beneficios fiscales que tan claramente establece la ley 3611. Es un precio –insisto– referencial y no obligatorio para que el mercado pague. Si el “mercado” no lo paga, entonces los beneficios fiscales no existirán.

3) Acto seguido, en lo que yo entiendo es la voz de los exportadores y no una opinión periodística especializada, se afirma que “Si los exportadores tuvieran el dato de venta de la fruta antes de cosecharla, el negocio sería realmente sencillo”; aquí todo un retrato de la mirada antirriesgo de los sectores más concentrados de la fruticultura. Si productores tuvieron que enfrentar incrementos de los precios de bienes importados, inflación interna, riesgos climáticos, etcétera, esto no importa. Si producir peras y manzanas costó “x” pesos o dólares, ni interesa. Sólo importa si el exportador podrá conseguir el precio de venta que le permita pagar sus costos. Riesgos para unos, certezas para otros. Así no se podrá definir nunca una estructura productiva que genere rentabilidad razonable para todos los actores intervinientes. De la rebaja de retenciones tantas veces reclamada, ¿mejor no decir nada?

4) Por último, lo más risible. Y tal vez patético. Se hace, explícita o implícitamente, durante toda la extensión de la nota mencionada, una crítica despiadada al rol del Estado (provincial o nacional). Por supuesto, por intervenir demasiado, con leyes provinciales molestas, con regulaciones que defiendan los intereses de los más débiles, paritarias y demás. Eso está mal y no es ortodoxo ni políticamente correcto. Y a posteriori, yo creo que en un lapsus evidente, se dice: “La ausencia total del Estado en el conflicto entre los trabajadores de la fruta y la producción marca, en definitiva, el autismo de un gobierno provincial totalmente ajeno a los verdaderos problemas que aquejan a la actividad”. ¿En qué quedamos? ¿Palo porque boga y palo porque no boga?

Finalmente, deseo expresar lo que siempre he dicho y defendido. Mi actividad se orienta a apoyar, cuando así sea necesario, la posición en la economía de los sectores más vulnerables, ya sean productores primarios pequeños y medianos y/o trabajadores. Lo hago porque represento al Estado en esa línea ideológica que es clara e histórica en mi partido, el radicalismo. Por lo mismo, soy un ferviente defensor de las libertades individuales –pero para crear derechos y no para generar exclusiones– y de las instituciones de la república y de la democracia. Democracia que es el gobierno dentro del Estado de derecho. Por lo que ratifico que la ley está para cumplirse.

Bautista J. Mendioroz
DNI 11.607.060