No hay tregua. Ni siquiera la sequía, un problema cuya importancia ha puesto en riesgo la supervivencia de miles de pequeños y medianos productores en la Argentina, pudo acercar posiciones entre el gobierno y las entidades del campo. Por el contrario, este flagelo fue la excusa perfecta para que ambos sectores reflotaran la dureza de las críticas que se han propinado a lo largo del último año y que comenzaron con la aparición de la tan recordada resolución 125 en la escena nacional, que modificaba los porcentajes de retenciones para las exportaciones del sector agrario.

De esta manera, la puja campo-gobierno sale una vez más a la luz en una renovada versión 2009. Todo ello coronado por una escasez de lluvias cuyo antecedente más cercano tiene no menos de cinco décadas y una mortandad de hacienda cuyo daño presente y futuro es difícil de cuantificar en la actualidad.

Por la seca Argentina ya perdió en un año 1,5 millones de bovinos según el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) y 1,8 millones según la Confederación de las Cooperativas Agrícolas (Coninagro), de un total que ronda los 50 millones de cabezas. A esto se deben sumar las pérdidas en la producción de trigo, maíz y soja y del sector lechero.

Con el fin de paliar esta difícil coyuntura, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes pasado la firma del decreto 33 que dispone la emergencia agropecuaria nacional y otorga una serie de beneficios impositivos a los productores afectados por la sequía, que comprenden la prórroga por un año del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales, tanto en declaraciones cuanto en saldos de declaraciones juradas para el período fiscal comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2009, además de resolver la gratuidad de las cartas de porte.

Pero, acompañando los anuncios, la mandataria aprovechó la oportunidad para aclarar que "esto es un gran esfuerzo que

hacen todos los argentinos, porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga este tipo de beneficios".

La respuesta de los ruralistas no se hizo esperar. Para Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), "cuando se dice que todo el país va a tener que aportar para que el campo no tribute, en realidad el 80% de los productores ha tributado con anticipo". El dirigente consignó asimismo que "el esfuerzo financiero" debido al diferimiento del pago de impuestos al campo "no es tanto". "El gobierno lamentablemente no ha logrado ninguna política en este tiempo que haya posibilitado soluciones", sostuvo.

Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que sólo con la declaración de emergencia "no alcanza". Además, se quejó de que "hay un gobierno que claramente ha decidido, hasta acá por lo menos, que no va a dialogar con el campo" y advirtió que "si no hay soluciones hay que accionar".

Sobre las cartas de porte, Buzzi dijo que la gratuidad de las mismas dispuesta por el gobierno era "una burla" para los productores y "un castigo" a la entidad que él conduce. "Decir que mejora la situación de los productores por el ahorro de siete millones de pesos en concepto de cartas de porte es una burla", señaló. El dirigente agropecuario aseguró que, "en realidad, lo que intentan con esta decisión es sancionar y perseguir a la Federación Agraria, que es una de las entidades habilitadas para comercializarlas, por haber enfrentado el modelo de concentración económica que lleva adelante este gobierno".

El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, recogió el guante y advirtió que con el sistema de cartas de porte gratuito, "lejos de perder controles se fomenta mucho mejor el control" y recordó que "ha habido denuncias de cartas de porte mellizas con el viejo sistema", con lo cual puso en duda la transparencia en la comercialización de este tipo de documentos que se hacía desde la entidad agraria.

Uno de los que estuvieron de acuerdo con los anuncios del gobierno fue el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Jorge Srodek, quien consideró que la declaración de emergencia agropecuaria para las zonas afectadas por la sequía "no es mala" para el campo pero remarcó que sigue habiendo "ironías y contrasentidos" en las decisiones hacia el sector. "Que nadie se confunda: el tema de las retenciones queda absolutamente vivito y coleando y siguen estando manipulados los valores de la hacienda en pie, del trigo, de la leche y del maíz, entre otros productos", advirtió el dirigente.

La rebaja en las retenciones a las exportaciones de soja es un punto que los productores vienen reclamando desde hace bastante tiempo, mientras que el gobierno se mantiene inflexible en su postura de no modificarlas.

En este sentido, el secretario de Agricultura se encargó de enfriar expectativas al descartar que el gobierno evalúe una baja en la alícuota de las retenciones de la soja. Fundamentó la postura de forma tajante al sostener que "los precios que hoy tiene (la tonelada de soja), de 930-940 pesos, me eximen de todo comentario en cuanto a la posibilidad de rebajas en este sentido".

Esta confrontación se da en medio de una coyuntura productiva que se ha transformado en una carrera contrarreloj para resolver un problema que no puede esperar.

El titular de las Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Mario Llambías, manifestó su preocupación al respecto al afirmar que "hay muchos temas que hacen a los productores de las distintas provincias que están en estado de sequía, que no están siendo atendidos en la forma completa". Como reclamos globales Llambías enumeró que es necesario "liberar los mercados de carnes y leche y buscarles soluciones a muchas economías regionales que están en serias complicaciones".

Eduardo Buzzi expresó tras la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria que encabezó el secretario de Agricultura el martes pasado que "estamos muy lejos de estar conformes" y con

sideró que "es momento de establecer ayudas extraordinarias, es tiempo de que el gobierno asista con recursos, que abra exportaciones, que atienda a la gravedad de la situación".

A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, aseguró: "No queremos que esto se transforme en un conflicto" y confió en que "podamos tener espacios de diálogo para encontrar las respuestas que el sector espera".

A través de este encuentro, la Mesa de Enlace volvió a reunirse con el gobierno luego de cuatro meses, y en ese sentido Cheppi sostuvo que "no tenemos ningún inconveniente en seguir conversando".

No obstante, se encargó de marcar la cancha. Remarcó que "hay posturas que nos parece que van mucho más allá de las cuestiones técnicas y específicas de la Ley de Emergencia" y aclaró que el diálogo podrá continuar "desde una posición netamente racional y salir del debate político".

"No descubrimos la sequía hoy; esto se viene trabajando y hemos tomado medidas al respecto", dijo Cheppi al hacer referencia al aporte de 230 millones de pesos que destinó la cartera en octubre pasado en ayuda de ganaderos y agricultores de Chaco, Corrientes, Santa Fe, parte de La Pampa y sur de Buenos Aires.

De acuerdo con relevamientos oficiales, los territorios más afectados por la sequía se localizan en las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, sur de Córdoba, norte de Santa Fe y Buenos Aires, aunque los funcionarios no descartaron que se sumen otras jurisdicciones, como Río Negro, en las que se estima que las pérdidas ganaderas se ubican en el orden de los 46 millones de pesos.