Los argentinos nunca pagaron tantos impuestos como la actualidad. Pero el problema no reside en el nivel sino en los rudimentarios tributos que se utilizan para sostener la recaudación, la forma en que se asignan los recursos públicos y la propensión estructural del fisco a gastar más que lo que ingresa. Así lo destaca un reciente informe de Idesa en el que se resalta que el sector público argentino sigue exhibiendo una situación financiera poco sustentable y sin cumplir las funciones de promover el desarrollo y la equidad.

Que la presión tributaria supere el umbral del 30% del PBI significa que el Estado se apropia de casi 1 de cada 3 pesos de los ingresos generados por la economía.

Este nivel es todavía inferior al observado en las economías más avanzadas. Según la OECD, la presión tributaria en los países desarrollados se ubica, en promedio, en el 38% del PBI. Pero las diferencias más notables con la Argentina se encuentran en la forma en que se recaudan y se gastan los recursos públicos.

El crecimiento de la recaudación de los últimos años -destaca el estudio- se basó en la creación y profundización de impuestos que desalientan la producción y el empleo. Entre éstos, se destacan el impuesto al cheque, el aumento de las cargas sociales, las retenciones a las exportaciones, la prohibición de ajustar por inflación y la apropiación de los aportes previsionales. Por otro lado, los países desarrollados legitiman su alta presión impositiva con altos niveles de calidad en la asignación y gestión del gasto público. En la Argentina, el aumento de la presión impositiva ha ido acompañado por una caída en la calidad del gasto público. Uno de los factores que explican este proceso es que la política tributaria ha llevado a una inédita concentración de recursos en el nivel nacional cuando son las provincias las responsables de la gestión de los principales servicios. Más allá de los vaivenes coyunturales -acota Idesa- el país necesita una profunda reforma fiscal que involucre la política y la administración tributaria, la coparticipación y los criterios de asignación y gestión del gasto. Ésta es la vía para que el sector público se apropie de los recursos que necesita para financiar los servicios públicos con instrumentos impositivos que no dañen la capacidad de generar riqueza.

(Red. Central)