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Con el paquete de medidas promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobado por el Legislativo se estableció un fuerte estímulo tanto para la regularización del empleo no registrado como para la promoción del registrado.
La primera medida tiene por finalidad lograr un "blanqueo" del trabajo en negro, el cual a junio pasado ascendía al 41,6%.
Esta medida tiene beneficios: el primero de ellos es la liberación de todo tipo de sanción en el ámbito laboral, previsional y penal; la condonación total de capital e intereses en concepto de contribuciones (SIJP, INSSJP, FNE, OS, asignaciones familiares y ART) para los primeros 10 trabajadores que se regularicen -a partir del trabajador número 11 se deben regularizar sólo el capital y los intereses con un plan en 120 cuotas y con una reducción de hasta el 80% en los intereses-; la posibilidad de computar hasta 60 meses de aportes a fin de cumplir con los años de servicios requeridos para obtener la jubilación, la prestación básica universal y el subsidio por desempleo y, por último, la posibilidad que la AFIP no utilice esta regularización para efectuar ajustes en IVA y Ganancias.
La segunda medida destinada a la promoción y protección del empleo tiene como principal beneficio la posibilidad de obtener una importante reducción en las contribuciones, del 50% para los primeros 12 meses y del 25% para los siguientes 12 en los nuevos puestos de trabajo que se inicien o bien en aquellos que se regularicen.
Previo a la sanción de esta ley existía un incentivo de un tercio en reducción sólo por los primeros 12 meses. Estos anuncios no han sido reglamentados hasta el momento.
Cabe mencionar que esta medida, si bien es ventajosa para algunos contribuyentes, no resulta una herramienta macroeconómica tendiente a aumentar el empleo en general ya que según datos del INDEC en los últimos años la tendencia del aumento del trabajo registrado no ha implicado un aumento del empleo sino que más bien se ha cambiado la composición del trabajo registral versus el trabajo precario.
Por lo expuesto, existe un desafío y una oportunidad para los contribuyentes de modo de regularizar la situación laboral frente a posibles reclamos laborales que pudieran efectuar el fisco, las obras sociales e incluso los propios empleados en situación de despido.
Federico José Parrilli