"¡No estoy loco! -le espeta indignado Sun Yafu al médico en la clínica psiquiátrica de Xintai, en el este de China-. Sólo pretendía presentar una demanda". El médico reacciona con indiferencia: "Me da igual si está enfermo o no. Las autoridades lo enviaron aquí y yo lo trato por trastorno mental".

El hombre de 57 años es atado a la cama y se le inmoviliza también la cabeza. Con violencia se le administra un medicamento; luego recibe una inyección hasta que se desvanece.

El caso de este campesino y el ingreso forzado en la clínica en Xintai -cerca de la ciudad Tai´an, en la provincia de Shandong- de otras 18 personas que presentaron alguna demanda fue publicado ampliamente por el diario "Xinjingbao".

El informe causó sensación en China no sólo por el maltrato sino también por lo infrecuentes que son estas noticias en los medios controlados por el Estado. "Suspendan esas atrocidades", instó el periódico "China Daily", que calificó los hechos de "crueles".

"Es difícil de creer que algo así ocurra en una sociedad decente".

Sin embargo, el maltrato en las clínicas psiquiátricas está ampliamente difundido en China, donde "alborotadores" indeseados son sacados del camino sistemáticamente desde hace tiempo y se los hace callar. "China es totalmente comparable con la ex Unión Soviética", dijo Robin Munro, un conocedor de la psiquiatría en China que comprobó un aumento de estos casos.

El gremio psiquiátrico, que no existía en China hasta la fundación de la República Popular en 1949, fue establecido por expertos soviéticos y está "fuertemente influido por teorías soviéticas", explicó Munro. Mientras desde los años ´60 hasta comienzos de los ´90 fueron internados en establecimientos psiquiátricos ante todo elementos políticos indeseados, desde mediados de los ´90 son ingresados los "alborotadores" que revelan casos de corrupción e injusticias y que luchan por sus derechos.

"Ellos son las nuevas víctimas", dijo Munro, quien también realiza investigaciones para la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres.

No tanto el gobierno central en Pekín, sino ante todo los funcionarios locales, aprovechan el sistema existente. "Es muy tentador para los funcionarios que están acusados de corrupción. Ellos pueden exterminar simplemente a esas personas".

También son desacreditadas las pruebas, indicó Munro. Las demandas, con las que los ciudadanos buscan justicia en instancias superiores, tienen una larga tradición en China. En Pekín hay filas ante las oficinas de petición del gobierno, el Parlamento y la Corte Suprema.

Sin embargo, los demandantes son interceptados con frecuencia por la policía o por agentes de sus respectivas provincias cuando están en camino hacia Pekín o en la misma capital china, encarcelados temporariamente en "cárceles negras" y transportados en contra de su voluntad a su lugar de origen.

Esto es también lo que le ocurrió a Sun Yafu, quien pretendía presentar una queja en Pekín por haber perdido sus tierras de cultivo por una explotación minera pero no fue indemnizado.

En el 2007 había pasado por este motivo tres meses en una clínica psiquiátrica mientras que en octubre de este año fue declarado por segunda vez "loco".

La mayoría de los demandantes sólo puede abandonar el establecimiento de salud mental cuando retira su demanda o firma un documento admitiendo que sufre un trastorno mental. "No hay controles legales", dijo Munro.

"La detención, el diagnóstico psiquiátrico y la internación forzada en el hospital para enfermos mentales son llevados a cabo por la policía solamente". En cuanto el psicólogo de la policía califica a alguien de "perturbado", éste queda fuera del sistema. "Los afectados no tienen derecho a una audiencia judicial o a un defensor, no pueden presentar una demanda. Están totalmente indefensos para rebelarse ante la hospitalización".

Tampoco hay límites temporales. Según datos oficiales, los pacientes permanecen en promedio cinco años en un establecimiento psiquiátrico, muchos también 20 o más.

Que los medios de prensa chinos puedan mencionar ahora el abuso podría deberse a una orden de muy arriba. Observadores sostienen que por la nueva publicidad se pretende elevar la presión sobre funcionarios locales, ocuparse de las quejas de los ciudadanos y resolver los problemas internos, para poder controlar mejor las crecientes tensiones sociales.