En octubre del 2007 la elección de Cristina Fernández de Kirchner generó un repunte de la confianza en la gestión K, ya que se esperaba que realizara algunos cambios de forma aunque no de fondo.

Esta expectativa positiva por su mandato la acompañó durante dos meses, pero empezó a diluirse cuando quedó claro que no se transitaba por ese nuevo camino de institucionalidad, diálogo y corrección de algunos errores, como la intervención del INDEC. La mala gestión oficial del conflicto con el campo terminó por degradar la imagen presidencial y sumió a la Argentina en una creciente incertidumbre.

La gente empezó a cambiar sus pesos por dólares, a disminuir sus tenencias en depósitos bancarios y a fugar capitales. Todo esto implicó menor consumo e inversión y un desfinanciamiento de la demanda interna que desaceleró la economía más de lo esperado. La crisis internacional vino a empeorar esta situación. De todas formas, al principio, el país pareció navegar esas embravecidas aguas mucho mejor que otros de la región. Sin embargo la inconstitucional decisión de confiscar los ahorros para la vejez de los afiliados al sistema de capitalización terminó por importar la crisis. Así hemos incentivado una creciente incertidumbre, una mayor huida de recursos del país y, por ende, una profundización de la merma en el ritmo de crecimiento del nivel de actividad. Los anuncios de programas para repatriar y blanquear capitales o los de moratorias previsionales solamente confirmaron que en la Argentina el más vivo siempre gana. Su impacto en el flujo de capitales será menor, aunque pueda generar algún ingreso adicional para el gasto electoral del 2009. En tanto, el paquete de créditos sectoriales sólo significará redirigir recursos que de otra forma hubieran beneficiado a otros consumidores o productores. Para definir el saldo de este primer año, diría que fue otra oportunidad perdida.

Aldo M. Abram (*)

(*) Economista. Director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)