a presidenta de la Nación fue la encargada de comunicar a los empresarios el primer paquete de medidas con las que el gobierno pretende contrarrestar los efectos de la crisis financiera internacional. Recuérdese que hace apenas dos meses la misma mandataria aseguraba que ésta no iba a afectar la economía doméstica y que era un problema sólo de los sistemas financieros del Primer Mundo.

De hecho, las medidas monetarias del Banco Central han ido absolutamente a contramano del resto del globo, inclusive de nuestros socios regionales. Cuando todos están apoyando la competitividad, el consumo y la inversión a través de devaluaciones de su tipo de cambio y recortes de la tasa de interés, la Argentina se empecina en controlar el tipo de cambio a costa de tasas de interés que hacen inviable la existencia del crédito.

¿Será este nuevo paquete el comienzo de un cambio de rumbo? Ojalá. No obstante resulta dudoso el éxito del mismo, en virtud de su falta de oportunidad.

Se propone a las pymes que regularicen a sus empleados sin costo para atrás, lo que representa un incentivo fuerte al blanqueo. También se reeditan fórmulas del pasado en materia de fomento del empleo, con descuentos de las cargas sociales para las nuevas contrataciones. Pero la realidad es que las empresas se están debatiendo sobre el mantenimiento de las fuentes laborales, lo que agregado a un sombrío escenario regulador en materia de despidos y costo futuro de la relación de empleo formal opera de manera diametralmente inversa.

Además, se lanza un blanqueo y repatriación de capitales a una tasa del 8% si sólo se declaran y no repatrían los fondos, del 6% si éstos son repatriados, del 3% si se los invierte en la compra de bonos y del 1% si son afectados a proyectos de inversión industriales, inmobiliarios o agropecuarios. De todas estas alternativas la que a priori aparece como atractiva es la última, para aquellos que ya tengan proyectos en curso y en virtud del escenario de restricción crediticia esperado necesiten autofinanciarlos. Habrá que esperar la legislación para evaluar el impacto en aquellos casos que en la actualidad mantengan controversias con el fisco en relación con capitales no declarados, lo que podría tornar atractiva la primera alternativa.

Finalmente se anuncia, de la mano de la creación del Ministerio de la Producción, un ambicioso plan de obras públicas por $ 71.000 millones. Ésta, de cumplirse, es la única medida que se alinea con las políticas de los restantes países, tendiendo a fortalecer la inversión y el empleo e, indirectamente, el consumo. Las últimas medidas por $ 13.200 también pueden ser positivas para compensar este escenario recesivo.