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El reparto equitativo de los recursos continúa siendo materia pendiente entre la Nación y las provincias. Hoy la relación atraviesa su peor momento y, en vez de transferirse como piso el 34% de lo percibido, se llegó al 26,3%.
La necesidad de tratar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos durante el año próximo fue reconocida por Sergio Massa, jefe de Gabinete, durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el 1 de este mes. Entonces, los diputados Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) y Hugo Prieto (Concertación Popular) coincidieron en que debe permitir un reparto equitativo de los recursos. Y mientras la legisladora espera que se empiece por convocar a los gobernadores, su comprovinciano colega sostuvo que, por primera vez desde 1994, están dadas las condiciones para discutir esa ley.
Antes, el 16 de setiembre pasado, Néstor Carlos Kirchner admitió que "hay que hacer una nueva ley (...) porque en los '80, lamentablemente, se le sacaron 6 puntos a la provincia de Buenos Aires". Quizás para cubrir las apariencias, agregó: "La presidenta está de acuerdo". Por supuesto, semejante promesa fue bien recibida por las autoridades bonaerenses, pero no por las de la mayoría de las demás provincias..
El ex presidente no recordó que aludió a una nueva ley en su plataforma electoral del 2003, perspectiva que Cristina Fernández de Kirchner reiteró al postularse como senadora por Buenos Aires en enero del 2004. En este último año, además, el entonces titular del Poder Ejecutivo nacional anunció que la impulsaría en las sesiones ordinarias del Congreso, pero no respondió al pedido en idéntico sentido de Felipe Carlos Solá, quien era gobernador de Buenos Aires.
La relación entre la Nación y las provincias viene atravesando por su peor momento. La Auditoría General de la Nación verificó que la mayoría de las deudas de los distritos consume casi el 50% de los fondos recibidos, con lo que no se cumple la ley de Responsabilidad Fiscal que los gobernadores suscribieron con la Nación en el 2005 y, además, cómo ellos comprometieron sus ingresos mientras la Nación acumuló superávit.
UNA LEY DE 1988
El reparto se hace, todavía, por la ley 23.548 de Coparticipación, sancionada en 1988, que establece los tributos coparticipables y los no distribuibles -como los del comercio exterior-, con un "piso" no inferior al 34% de la recaudación de la administración central. Continúa pendiente, en tanto, lo determinado por la Constitución reformada en 1984 (artículo 75, inciso 2) para que antes de que concluyera 1996 se sancionara una nueva, como se puntualizó en cuanto compromiso asumió el gobierno federal con los organismos internacionales de crédito y hasta en los discursos de campaña de casi todos los candidatos a presidente.
Gerardo Morales, senador y titular de la Unión Cívica Radical, dijo el 18 de mayo pasado que su bloque accionaría judicialmente para que la Nación cumpla con la ley de Coparticipación y cese con los mecanismos discrecionales que mantienen
de rehenes a los gobernadores. Denunció el incumplimiento del "piso" del 34%, la no distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) "usados para fondear al Banco Nación", la "contabilidad engañosa" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la transferencia del gravamen a las ganancias y la transferencia parcial del impuesto a los débitos y créditos bancarios (comúnmente llamado "al cheque"), que debiera coparticiparse totalmente como reclaman varios mandatarios desde hace tiempo. Morales hasta aseveró que el gobierno nacional "se apropia de recursos de las provincias por 24.000 millones de pesos anuales y clausuró el federalismo".
San Luis solicitó a la Corte Suprema de Justicia que exija al Poder Ejecutivo nacional respetar el "piso" del 34% en los envíos y Buenos Aires efectuó un reclamó similar antes de lo declarado por Kirchner hace poco más de un mes. Otras provincias expresaron su preocupación para que disminuyan más las transferencias de marras.
En el 2007, la proporción de las transferencias fue la más baja de las dos últimas décadas: 26,3%, o sea el 5% menos que en 1987, de acuerdo con lo analizado por la economista Paula Garnero, del Centro de Estudios Federales.
Con datos de la Dirección de Análisis e Investigación Fiscal de la Secretaría de Hacienda de la Nación, el senador Rubén Giustiniani (Santa Fe, Partido Socialista) arribó a la conclusión de que el "panorama caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia que el gobierno nacional 'gestiona' a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades financieras".
Medidas para que el colapso financiero mundial no se traslade a la Argentina fueron consideradas por el "comité de crisis" integrado por Massa, Carlos Fernández, ministro de Economía y Producción, Martín Redrado, presidente del Banco Central (BCRA), y Claudio Moroni y Armando Boudou, titulares de la AFIP y de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), respectivamente. Trataron la suba del impuesto al cheque, la protección del mercado interno con subas de los aranceles a las importaciones, la suspensión momentánea de los pagos de las deudas al Club de París y los holdouts con reservas del BCRA. No descartaron, asimismo, disminuir los subsidios a las empresas de servicios ni que el gobierno recibiera en el 2009 menores ingresos por retenciones, principalmente por la caída en la cotización de la soja.
En el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) reseñaron cuáles son los problemas de la coparticipación:
* Las provincias dependen demasiado de la Nación y saben que todos los meses les transfiere fondos, como también que si se endeudan demasiado y después no pueden pagar la Nación asumirá esas obligaciones.
* Las transferencias se reparten entre las provincias de acuerdo a las negociaciones entre las autoridades de turno, en vez de seguir criterios objetivos.
* Falta un ámbito institucional donde discutir el federalismo fiscal, ya que las negociaciones se llevan a cabo de manera bilateral entre la Nación y cada provincia o a través de irregulares y esporádicos pactos entre los gobernadores y las autoridades federales.
* Es preciso cumplir con la Constitución, que en su reforma de 1994 determinó que se sancionara una ley convenio.
* Las provincias deben sustituir un derecho espurio, como es la excesiva dependencia de los fondos de la Nación, por otro legítimo: recaudar sus propios impuestos.
LAS PROVINCIAS SON LAS QUE SIEMPRE PIERDEN
Cuando resurge la discusión por la modificación a la ley de coparticipación federal de impuestos, un informe del Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica reveló que la Nación en vez de distribuir a las provincias el 34% del total de los recursos nacionales recaudados, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la ley 23.548, distribuyó en el 2007 el 27% (26,3 según otros cálculos) y pronosticó para el 2008 el 25%.
Los gobiernos nacional y provinciales suscribieron un acuerdo, en agosto de 1992, por el que se autorizó al Estado nacional a retener el 15% de los gravámenes para derivarlo al pago de obligaciones previsionales, recordó en un reciente proyecto la diputada nacional Verónica Benas (ARI Santa Fe). Advirtió, también, que desde hace unos años la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) exhibe superávits crecientes y prestó los excedentes (que son de las provincias) a la Nación, que pagó el 4% anual. La Nación, a su vez, los "facilitó" a las provincias para que financien sus deudas al 7% anual.
Por eso, varios gobernadores reclamaron a la presidenta Cristina Fernández que dispusiera un reparto equitativo y la discusión de una nueva ley, considerando que la falta de recursos de las provincias y los municipios acentuó el malestar del interior con la Nación, que mes a mes anuncia superávits fiscales.
MIGUEL ÁNGEL FUKS