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Cuando los competidores se ponen de acuerdo y pactan precios y condiciones para sus productos y servicios. Episodios que trascendieron en los últimos años y perjudicaron el interés económico en general.
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó, el 28 de agosto pasado, el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que confirmó sanciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el 26 de julio de 2005. Entonces fueron multadas las cementeras Loma Negra, Minetti, Avellaneda, San Martín y Petroquímica Comodoro Rivadavia y también la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), que ahora deberían pagar 308,4 millones de pesos si no apelan ante la Corte Suprema de Justicia, como una de ellas ya lo hizo.
En el 2005, Roberto Lavagna era el ministro de Economía y Producción y aprobó la sanción de la CNDC, que investigó durante cinco años una denuncia periodística sobre la "cartelización" de tales empresas, o sea el reparto del mercado y las coincidencias en materia de precios a los usuarios y hasta de sobreprecios al Estado entre julio de 1981 y agosto de 1999. El tribunal confirmó que la AFCP debía adoptar recaudos a fin de que la información que recibiera sólo fuera accesible para su personal, el cual debía mantener la confidencialidad sobre la misma.
Los camaristas rechazaron todas las objeciones de las cementeras -principalmente la prescripción de la causa- y, además, la aplicación de la ley 22.262/80 de Defensa de la Competencia en lugar de recurrir a la para ellas "más benigna" 25.156/90, que incorporó tanto las políticas de comportamiento que se encontraban en la anterior como las estructurales, con el control de adquisiciones y fusiones.
Entre los episodios de cartelización que se conocieron en los últimos años pueden reseñarse:
* La importación de pollos en 1988 con la intención de reducir los precios internos, resuelta por Ricardo Mazzorín, secretario de Comercio Interior durante un tramo de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Así intentó enfrentar la cartelización de los principales productores, pero por el escándalo que desencadenó y las presiones recibidas, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida. Los memoriosos recordarán las versiones de que los pollos estaban contaminados por provenir de Chernobyl y que se los transportaba en camiones "fantasmas" de un lado a otro de la ciudad de Buenos Aires hasta que quedaron depositados en una cámara frigorífica y después no supieron cómo sacárselos de encima.
* La posibilidad de que los precios de los combustibles no sólo se estancaran en sus elevados niveles sino que subieran aún más preocupó al presidente Fernando de la Rúa.
Y Carlos "Chacho" Álvarez, aún vicepresidente de la Nación, declaró que no era bueno que el mercado de los combustibles, en el que tres empresas manejaban casi el 90%, mantuviera una cartelización en refinerías, comercialización y estaciones de servicios. Llegó a hablarse de importarlos para bajar los precios y que los supermercados los vendieran con marcas propias.
* La CNDC allanó Praxair, Air Liquid e Indupa, proveedores de oxígeno medicinal a hospitales y sanatorios, el 15 de marzo de 2002. Entre ellas se habrían dividido el mercado de modo tal que, cuando uno de esos establecimientos fuera abastecido por una de las tres firmas, las otras dos no presentaran ofertas o cotizaran precios superiores.
* El 29 de agosto de 2003, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la sanción del titular de la en ese momento Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor en el caso "CNDC contra Cablevisión y otros". Habían sido multadas Tele Red Imagen (Trisa), Televisión Satelital Codificada (TSC), Cablevisión, Multicanal y VCC, en lo que se entendió como una infracción a la ley 22.262, decisión avalada por un dictamen de la CNDC. La conducta objetada fue un acuerdo entre Trisa y TSC, titulares de los derechos de transmisión de los partidos del campeonato argentino de fútbol y que pertenecían al mismo grupo económico, por un lado, y los otros tres operadores de la televisión por cable, que competían entre sí en zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por el otro, para fijar los precios de los partidos a los usuarios finales mediante la modalidad de "señal codificada".
* "Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado con los sobrecostos", dijo Lavagna el 22 de junio de 2005 ante unos 500 participantes de la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Afirmó que la CNDC e incluso el Banco Mundial investigaban a algunas firmas que pactaban cobrar sobreprecios al Estado, por lo cual el gobierno suspendió 10 licitaciones viales. "Es difícil pensar en un esquema de sobrecostos cuando hay más de 80 ó 100 empresas interviniendo regularmente", respondieron desde la CAC.
* Néstor Carlos Kirchner, en ese momento presidente de la Nación, el 24 de noviembre de 2005 sostuvo que el supermercadismo estaba fuertemente concentrado y trataba de "profundizar sus ganancias en desmedro de los bolsillos del pueblo argentino". Arremetió en especial contra Horst Paulmann (Cencosud) y Alfredo Coto, quienes rechazaron que hubiera cartelización. No obstante, Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, aseveró que se investigaría dicho sector y posteriormente las empresas de medicina prepaga.
* La cartelización para comprar trigo de las principales exportadoras fue denunciada, en enero último, por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. En su presentación, CARBAP citó a Bunge, Cargill, Dreyfus, Toepfer, Nidera, Oleaginosa Moreno, Aceitera General Deheza, Noble y Curcija.
* Tras la caída de la resolución 125, el 29 de julio pasado, la comisión de enlace integrada por las cuatro principales entidades gremiales agropecuarias planteó un "principio de cartelización" de las exportadoras, que transferían a los productores el impacto de las normas que las afectaban, determinadas por la Oficina Nacional de Control Agropecuario (ONCCA).
MIGUEL ÁNGEL FUKS