Esta práctica es más que el intercambio de bienes básicos por votos e incluye la incorporación al Estado de la extensa red de punteros. Su ejercicio afecta a la democracia y a la eficiencia del sector público.

Habitualmente se asocia la expresión clientelismo al intercambio de bienes de primera necesidad por votos. De esta manera se produce un intercambio de favores entre una persona que coloquialmente se denomina "puntero" y otra que se convierte en "cliente".

Algunos analistas estiman que estamos simplemente frente a una forma más de asistencia social. Opinan que si sirve para obtener votos es debido al reconocimiento de una actuación política acertada. Sin embargo, como argumentaremos a continuación, el clientelismo es una práctica inaceptable, sumamente perjudicial para el funcionamiento de la democracia y resulta la causa determinante del fenómeno de la corrupción.

La práctica del clientelismo se remonta a la antigua Roma, en donde el pater familiae ejercía un patriarcado amplio que abarcaba no sólo a los miembros de la familia, sino a ciertos hombres libres denominados "clientes".

Éstos aceptaban someterse a la influencia de un hombre poderoso para recibir a cambio el usufructo de tierras o protección policial.

Se mantuvo en la Edad Media en el acuerdo entre el poseedor de un castillo y los vasallos que trabajaban las tierras de su señor y le prestaban ayuda militar en caso de necesidad.

Con el advenimiento de la Revolución Industrial se fueron eliminando las formas clientelares propias del feudalismo. No obstante, con la incorporación

del voto popular, la costumbre de la "compra del voto" sobrevivió en algunos países hasta nuestros días.

En la mayoría de las democracias modernas, sin embargo, estas prácticas fueron erradicadas cuando se introdujeron reformas legales y el conjunto de la clase política acordó preservar las estructuras del Estado de la influencia de las políticas clientelares.

Si adoptamos una definición amplia del clientelismo y entendemos que abarca no sólo el intercambio de bienes o favores sino también la incorporación a los presupuestos del Estado -como personal contratado- de una extensa red de punteros, veremos que el fenómeno es muy amplio.

En el caso extremo, entraría también dentro de la definición la cooptación de intelectuales o dirigentes de fuerzas partidarias de la oposición, a quienes a cambio de su adhesión incondicional se le ofrecen cargos públicos con jugosas retribuciones.

Las consecuencias de estas prácticas, como se puede observar actualmente en la Argentina, son letales para el ejercicio de la democracia y provocan una grave ineficiencia en el funcionamiento del Estado.

La incorporación indiscriminada de personas a la administración pública, cuyo cometido está completamente alejado de la función asignada, y que dedican la mayoría de su tiempo al cultivo de la red clientelar, es causa de grave ineficiencia del aparato estatal.

En cuanto al funcionamiento democrático, se establece una enorme desigualdad entre el partido que está en el poder y los otros. Al utilizar desenfadadamente los recursos públicos (medios de transporte, publicidad, etc.) para una campaña política permanente, basada en la inauguración cotidiana de obras públicas, el partido oficialista corre con una enorme ventaja.

PRÁCTICAS NATURALIZADAS

Todas estas prácticas, que son tan habituales en la Argentina, al punto que se han incorporado como hechos normales que ya no llaman la atención, han sido erradicadas en las democracias avanzadas.

Todos los países que han iniciado procesos de desarrollo exitosos lo han conseguido a partir de preservar las estructuras del Estado de este juego político miserable.

La presencia exclusiva en el Estado de funcionarios de carrera, elegidos por procedimientos objetivos de selección, es la mayor garantía de una actuación imparcial.

De este modo se evitan las intervenciones públicas arbitrarias, que son las que dan lugar luego al fenómeno de la corrupción.

Por consiguiente, lejos de disculpar con eufemismos las prácticas clientelares, los ciudadanos que apoyan las políticas progresistas deben reconocer la estrecha relación que existe entre clientelismo y corrupción.

Ambas prácticas están inextricablemente unidas y si consentimos la primera, inevitablemente, aunque nos neguemos a verlo, estamos propiciando la segunda.

ALEARDO F. LARÍA

Especial para "Río Negro"