El 28 de junio de 2002 Enzo Marcelo Pérez falleció en el hospital zonal Francisco López Lima de General Roca a consecuencia de las gravísimas heridas que le infligieron autores hasta hoy ignorados en la entonces denominada Cárcel de Encausados de esta ciudad a principios del mes de abril de ese año.

Más allá de las cuestiones jurídicas vinculadas con la responsabilidad civil del Estado provincial, que ya han sido materia de pronunciamientos jurisdiccionales pasados en autoridad de cosa juzgada por parte de los tribunales de la Segunda Circunscripción, estas líneas tienen por objeto intentar algunas reflexiones con el ánimo de enmarcar esta tragedia individual en un contexto más amplio que explique el luctuoso acontecimiento.

En tal sentido, y en una primera aproximación, debemos señalar que la muerte de Enzo Pérez no fue casual, no fue imprevista, no fue el triste y cruel colofón de una serie ininterrumpida de acontecimientos concatenados por la mala suerte. Por el contrario: al igual que los desocupados, los marginados, los indigentes, los empobrecidos, Enzo Marcelo Pérez fue un excluido más que pagó con el caro precio de su vida las consecuencias de deliberados lineamientos políticos decididos desde un Estado ausente (o "prófugo", para definirlo con mayor precisión), sólo direccionado a que las condiciones vinculadas con la vida, la dignidad, la libertad y el patrimonio de las personas las resolviera el "supremo dios" del mercado. Obviamente, si Enzo Pérez libre no era sujeto de interés del mercado (salario insuficiente, pauperización creciente y horizonte inexistente eran las notas características de su vida como "hombre libre"), mucho menos lo fue cuando la Justicia resolvió su detención en un establecimiento carcelario.

Por eso las cárceles de nuestro país fueron y son meros depósitos de personas de los que el hacinamiento, la indignidad, la degradación, la mutilación de porvenires, las muertes anunciadas en crónicas diarias y los homicidios cometidos recurrentemente constituyen sus notas características. Nada compatible con la manda constitucional que nos habla de la seguridad de los detenidos y de su readaptación social como objetivos superiores del sistema carcelario. Con notoria lucidez conceptual, en un artículo titulado "Un infierno que se planeó en minutos", Susana Yappert, periodista de este diario, señalaba entonces "...Pérez murió en la alcaidía de Roca pero también murió víctima de la violencia que ejercieron otros presos sobre él, un acto de brutalidad que podría haberse evitado. Pérez murió víctima de un sistema que a su vez es víctima de un Estado que elude su responsabilidad al respecto...".

La muerte de Enzo Pérez fue un hecho criminal individual sustantivamente importante por las consecuencias que acarreó para la víctima y su grupo familiar, pero minúsculo si lo comparamos con la entidad criminal de las políticas deliberadas de exclusión pergeñadas desde el neoliberalismo gobernante, que promovieron la existencia de muchísimos "Pérez anónimos" que en su deambular a lo largo y ancho del país (y de nuestra provincia) vieron diariamente canceladas sus esperanzas de una vida digna y un futuro mejor. Y en las cárceles pagaron con su vida la exclusión decidida por el "dios mercado" y convalidada por el Estado prófugo.

CARLOS ALBERTO GADANO

Especial para "Río Negro"