* La construcción, pese a que la citada cartera acordó con la Unión Obrera de la Construcción verificar subcontrataciones y tercerizaciones de las obras.

* El agro, con cerca de 1,3 millones de personas empleadas, de las cuales sólo 325.000 están registradas por la seguridad social.

* Los servicios, especialmente en comercios y hoteles de zonas turísticas, en alta temporada.

* La industria textil, con talleres clandestinos que se incrementaron en la provincia de Buenos Aires -muchos se mudaron de la Capital Federal-, en oportunidades con familias enteras de inmigrantes indocumentados reducidas a la servidumbre, incluso sus niños. Algo parecido se comprobó en talleres de calzado, quintas hortícolas, granjas y hornos de ladrillos.

* Cooperativas "truchas", que proliferaron desde la crisis del 2001.

* El servicio doméstico, con 1 millón a 1,2 millón de personas, pero sólo 344.000 inscriptas en la seguridad social.

* Sectores públicos -estatal, provinciales y municipales- que efectúan pagos "en negro".

El gobierno nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron, en junio pasado, actuar contra la ocupación no registrada.

También las autoridades nacionales podrían extender el seguro por desempleo a los casi 4 trabajadores "en negro" de cada 10 que hay en el país. Ésta es, en realidad, una iniciativa promovida desde el 2006 por Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria y asesor de la CGT, que fue aprobada por la Cámara Baja y está en el Senado, donde aún tiene trámite parlamentario.

Hasta en la Comisión de Empleo, que es una de las cuatro del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, prevén delinear políticas para combatir el flagelo.