Los impuestos distorsivos quedan en Nación. Los mismos no se coparticipan.

Si bien la presión tributaria del sector público continúa siendo record en relación al PBI, distintas son las posiciones de la Nación y las provincias sobre este ítem.

En el primer caso, la presión tributaria creció desde la salida de la convertibilidad un 72%, mientras que la de las provincias lo hicieron a una tasa del 35%. Pero dentro de las provincias, no todas perciben lo que necesitan. Apenas 1 peso de cada 3 que recauda la Nación es transferido a las provincias. La mayor parte de estas magras transferencias nacionales van hacia las provincias del centro y sur, es decir: las regiones que tienen mayores potencialidades para financiarse con recaudación propia.

Así lo revela un reciente informe del Iader en el que se destaca que apenas el 13% del total de ingresos nacionales se asigna a las provincias del norte, es decir: zonas que objetivamente necesitan el apoyo del resto de las jurisdicciones. Estas evidencias sugieren que es posible y conveniente avanzar hacia una organización tributaria consistente con el régimen federal donde las provincias tengan un rol más protagónico.

En el esquema tributario de la Argentina la mayor parte de la presión impositiva la genera la Nación a través de los impuestos nacionales. La alta concentración de recursos contrasta con la fuerte descentralización de funciones.

En base a datos del Ministerio de Economía para el 2007 se dice que:

* Del total de impuestos nacionales, el 33% se distribuye a las provincias y el 67% restante es administrado por la Nación.

* De lo que se distribuye entre las provincias, el 60% va hacia las provincias del centro y sur.

* El 40% restante es asignado a las provincias del norte argentino. Esto representa el 13% de la recaudación total nacional.

En las provincias del centro y sur -región pampeana, Mendoza y la Patagonia- vive el 75% del total de la población del país. En general, en estas provincias hay capacidad institucional y potencialidad económica para operar con eficacia las funciones que la Constitución les asigna.

En las zonas más rezagadas del norte, en cambio, vive sólo el 25% de la población y es relativamente bajo el nivel de desarrollo, por lo que se justifica establecer un mecanismo de compensación de desequilibrios regionales para poder atender a estas regiones.