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Percibirlo sería complicado por la imposibilidad de medir las consecuencias. Diferentes gobiernos desistieron de implementarlo argumentando su escaso efecto positivo.
Por privilegios impositivos, el Estado dejaría de recaudar aproximadamente 4.000 millones de pesos al año. Esto se estimó porque se encuentran exentas del Impuesto a las Ganancias las rentas por los intereses de los títulos y los depósitos a plazo en entidades financieras, así como también las compras y las ventas de títulos y acciones por personas físicas, entre otras operaciones.
"Hay cosas puntuales que sí deberíamos trabajar; por ejemplo, todo el tema de la renta financiera", aventuró Alberto Fernández, jefe de Gabinete, el 18 de junio pasado, mientras subsistía el enfrentamiento de la dirigencia agropecuaria con el gobierno nacional. El impacto de tales declaraciones obligó al mismo Fernández a volver a referirse al tema al día siguiente. Intentó convencer de que "no hay ningún estudio ni análisis en ese sentido" y de que la interpretación era "un disparate".
La idea era incluir, al igual que en países del Primer Mundo, las ganancias obtenidas por los conceptos expuestos y las originadas por las ventas de empresas. Hasta se mencionaron los fideicomisos financieros, que aparecieron en los últimos años como una alternativa para las empresas, en especial aquellas a las que los créditos bancarios les resultaban caros y de difícil acceso, y que cuentan con beneficios tributarios. Sus operaciones, de no modificarse el régimen vigente, ascenderían este año a 10.000 millones de pesos.
"La aplicación de un gravamen sería un fuerte retroceso", coincidieron varios consultores, convencidos de que no haberlo implementado permitió financiar más el consumo. De cualquier manera, las fiscalizaciones y los cruces de datos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sirvieron para determinar que más de 600 fideicomisos no habrían declarado adecuadamente sus impuestos en marzo pasado.
La situación favoreció, además, la formación de los "pools" de siembra, últimamente tan cuestionados desde la óptica oficial, por lo que algunos funcionarios sugirieron gravar sus rentas como una forma de que paguen los que más se beneficiaron.
No sería fácil percibir el impuesto a la renta financiera, por las dificultades para medir adecuadamente las consecuencias, entre las cuales se comentó una corrida de capitales hacia el exterior que perjudicaría a las empresas y al propio gobierno.
"Los que están exentos son los intereses de los depósitos a plazo fijo. Los dividendos están gravados en cabeza de la empresa, porque se cobra el 35% antes de que distribuya, y están exentos a nivel de la persona", subrayó Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
De ser sometidos al gravamen de marras, probablemente los inversores exigirían más retornos después de impuestos, con lo cual ascenderían las tasas de los plazos fijos y de los bonos, encareciendo préstamos al sector privado y al gobierno. Semejante aplicación complicaría, asimismo, la ya de por sí alta inflación.
Y, si bien el gobierno nacional intentó mantenerse firme y no reducir las retenciones móviles a parte de la producción agraria, en primera instancia con las promesas de reintegros a los productores chicos y de construcción de hospitales, caminos y viviendas populares, las reacciones de los legisladores no fueron las esperadas.
Las autoridades nacionales de turno ni siquiera demostraron predisposición para analizar a fondo el tema de gravar la renta financiera, como consecuencia de las dificultades de la Argentina para acceder a los organismos internacionales de crédito al no honrar en tiempo y forma las deudas contraídas. Si resolvieran gravar los instrumentos crediticios, frenarían la actividad económica al pulverizar lo que queda de préstamos en el mercado interno y entonces serían inevitables las rupturas de la cadena de pagos en todos los sectores. Sí se consideró necesario examinar la conveniencia de impulsar fideicomisos teniendo como referencia las experiencias en Estados Unidos.
En realidad, el oficialismo comenzó a elaborar la idea de aplicar carga tributaria sobre la renta financiera a principios de agosto del año pasado, aunque luego postergó su tratamiento para después de las elecciones.
Las exenciones siempre fueron explicadas como un recurso para evitar que se profundizara un mal argentino: la fuga de capitales locales hacia el exterior.
La imposición de cargas tributarias a las compras y ventas de acciones y títulos o cualquier instrumento financiero castigaría de lleno a los pequeños ahorristas que no tienen posibilidad de realizar sus operaciones en el exterior.
Por las dudas, el diputado Claudio Lozano advirtió que el sector financiero no es el de mayores rentas extraordinarias: "Antes están la petrolera, minera y pesquera, pero el gobierno nacional sigue mirando para otro lado", dijo.
MOTIVOS POR LOS CUALES HASTA AHORA NO SE APLICÓ
Por el decreto 2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), ratificado luego por la ley 24073, se dispusieron exenciones del Impuesto a las Ganancias a las compras y ventas de acciones efectuadas por inversores externos. Esto facilitó fusiones, adquisiciones y transferencias de empresas.
La necesidad de atraer capitales y desarrollar el mercado financiero influyó para que diferentes gobiernos desistieran de sus intentos de aplicar impuestos a las inversiones financieras, aunque figuraron en varios memorándums de entendimiento firmados con el Fondo Monetario Internacional.
Hasta se consideró infructuoso que en la Argentina se aplicaran impuestos al plazo fijo, por la necesidad de que aumentaran los depósitos en los bancos para impulsar los créditos internos. No obstante, se estableció el gravamen al cheque.
Cuando era senador nacional, el justicialista Antonio Francisco Cafiero propuso gravar las ganancias para las rentas de títulos públicos e inversiones superiores a los 100.000 pesos. "Alguien dirá que por esto el capital se va a ir a Uruguay -sostuvo-. Pero allí, supuesto 'paraíso', existen impuestos del 2% a la compra de moneda extranjera, del 10% a los activos de los bancos, del 3% a las sociedades inversoras y del 0,18% anual en concepto de control del sistema financiero".
En relación con la reforma impositiva tantas veces desmentida por el gobierno nacional, Néstor Carlos Kirchner planteó durante su gobierno que "llevaría tiempo".
"En una sociedad más igualitaria hay que tender a gravar más la renta y menos el consumo", sostuvo Martín Lousteau apenas asumió el cargo de ministro de Economía y Producción. Dirigentes sindicales lo respaldaron enseguida, convencidos de que era injusto que los trabajadores pagaran el Impuesto a las Ganancias y no sucediera lo mismo con la renta derivada de la compra y venta de activos financieros.
MIGUEL ÁNGEL FUKS