Crecen los problemas dentro del programa económico oficial. El conflicto con el campo aporta más incertidumbre sobre el futuro del país; los primeros indicadores macro así lo demuestran.

El gobierno insiste, con toda la fuerza de la estadística oficial lanzada a los medios, en que la economía está muy firme, en que el país crece al 9% anual, en que la inflación proyectada se sitúa en un 8% para este año, en que no hay fuga de depósitos del sistema, en que llueve energía, en que hay 50.000 millones de dólares en el Banco Central para respaldar al dólar, en que cada vez hay menos pobres y, obviamente, en que la indigencia casi desapareció.

En definitiva, todo indica que la administración Kirchner perdió la noción de lo que pasa en el país. Se encuentra sumergida en una realidad que pareciera que le es ajena, confinada en una puja por sostener el poder de un partido que busca nuevos liderazgos. El conflicto con el campo es parte de este contexto. La desmedida lucha política está destruyendo los cimientos del plan económico oficial.

Mientras tanto, las estadísticas privadas muestran la otra realidad, aquella que el gobierno sigue negando.

Terminar el conflicto con el campo podría revertir la delicada situación que atraviesa la economía. Con seguridad, el riesgo país volvería a los niveles pre-crisis (por debajo de los 300 puntos básicos; hoy supera los 600) y la tensión en el mercado financiero local se iría reencauzando progresivamente.

El tema es cómo se sale del conflicto. Si el gobierno entiende que la aprobación a través del Congreso de la Nación de la resolución 125 es la salida, erra en el diagnóstico.

Con esta respuesta, el campo no cesará en sus reclamos por la eliminación de las retenciones móviles; por ende, los problemas no sólo no se solucionarán sino que tenderán a profundizarse.

El proyecto oficial tiene muchos flancos que lo hacen inviable. El primero de ellos es que está segmentado de tal manera que aquel productor que quiera cobrar las compensaciones que se le ofrecen deberá volverse un experto en sortear las vallas burocráticas que hoy se prevén. En segundo término, los argentinos ya tenemos antecedentes sobre lo que pasa cuando un mismo producto tiene diferenciales impositivos. Basta sólo con recordar el caso de las naftas baratas al sur del Paralelo 42º.

El fraude fiscal está a la vuelta de la esquina. Si la ley dice que un productor cobrará compensaciones sólo si produce por debajo de las 750 toneladas, por dar un ejemplo cualquiera, aquel que tenga un campo con 1.000 toneladas dividirá en dos su tierra (arrendándole 500 hectáreas a algún familiar mediante una operación ficticia) y cobrará la compensación por dos.

El autismo del gobierno frente a esta realidad se mantiene incólume. Hace cada vez más difícil algo que tiene fácil solución.

El respaldo que exige el Ejecutivo a la resolución 125 excede los problemas de caja; responde a necesidades políticas. Es parte de la interna de poder que hoy se juega el matrimonio K para sostener su proyecto de “continuidad”. Y, en medio de esta puja, la economía se desgrana poco a poco desperdiciando un contexto internacional único en materia de precios de alimentos.

GOLPE AL MODELO

Un informe elaborado por la consultora Economía & Regiones (E&R) detalla que el conflicto que enfrenta a las entidades rurales con el gobierno impacta en las variables económicas.

El aumento de precios afecta negativamente el poder adquisitivo de los asalariados, erosionando el consu- mo y, por ende, el nivel de actividad.

Los datos del canal financiero muestran que el impacto de la crisis no ha sido despreciable.

El efecto más negativo se observa al analizar la evolución de los depósitos del sector privado, que cayeron unos 2.371 millones de pesos en mayo y unos 5.750 millones en la primera semana de junio. La fuga de depósitos es hoy superior a la registrada en plena crisis de fines del 2001.

La consecuencia directa de una salida masiva depósitos es la suba de tasas de interés, lo que a su vez tiene implicancias negativas para el consumo, la inversión y, por ende, el crecimiento económico.

Más allá de la suba en los rendimientos pagados por las entidades financieras, el estudio revela que –teniendo en cuenta cualquier estimación privada de inflación– las tasas de interés locales continúan siendo negativas en términos reales, por lo que no serían determinantes para desincentivar, por sí solas, el consumo privado y la inversión.

En otras palabras: no es el incremento del costo del dinero lo que está deteriorando los niveles de consumo e impidiendo un crecimiento más vigoroso de la inversión sino la caída del poder adquisitivo del salario y la ausencia de un discurso oficial pro-negocios privados, además de la inestabilidad en las “reglas de juego”.

TIPO DE CAMBIO

La fuga de depósitos ocasionada por la crisis del sector rural se orientó, principalmente, al mercado cambiario, donde la demanda de dólares aumentó considerablemente y tuvo como contrapartida una disminución de las reservas del Banco Central.

En este sentido, es de destacar que la pérdida de reservas del BCRA durante el último mes más que cuadriplica la salida de reservas registrada durante la crisis financiera internacional iniciada por el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos a mediados del año pasado.

Durante el último mes, la disminución en el nivel de reservas tuvo lugar en un marco de apreciación nominal del peso contra el dólar, que cayó de 3,18 a 3,04 en los últimos días.

La caída del tipo de cambio nominal del último mes respondió, básicamente, a un cambio drástico en la actitud del Central que, en el afán de conjurar los riesgos de una improbable corrida y de aleccionar al mercado, se dedicó a presionar a la baja sobre la cotización del dólar.

Hasta ahora –destaca el estudio– la autoridad monetaria venía depreciando el tipo de cambio nominal a fin de favorecer la competitividad del sector externo y dotar de protección al sector industrial sustitutivo de importaciones.

En un contexto inflacionario, abandonar la idea de que se puede recuperar competitividad devaluando nominalmente el tipo de cambio es una buena noticia. La competitividad debería llevarse a cabo mediante el control de la inflación y no a través de la depreciación de la moneda. Sin embargo, es importante diferenciar este concepto de la decisión del BCRA de apreciarlo llevando el dólar a valores del 2005. Por la inflación acumulada en los últimos tres años, la economía viene resignando competitividad-precio en forma sistemática. Un dólar en los niveles actuales supone una erosión muy importante de uno de los pilares del modelo actual y generará presiones devaluatorias que serán difíciles de sobrellevar por parte de la actual administración.

En definitiva, el autismo del gobierno respecto de la crisis del campo generó serias fisuras en el modelo económico. Se está a tiempo de revertir esta situación. El contexto externo favorable permitiría reencauzar fácilmente las variables macroeconómicas afectadas. Sólo se necesita voluntad política para hacerlo.