La educación superior argentina exhibe hoy un preocupante contraste: por un lado, lidera en América Latina la demanda de estudiantes en las casas de altos estudios, con más de siete de diez jóvenes anotados, y, a la vez, el lamentable primer puesto en niveles de deserción, con el abandono de más de dos de cada diez inscriptos.

En el marco de las tendencias en América Latina a arancelar progresivamente los estudios de grado en las universidades públicas, la Argentina, que mantiene la gratuidad con fuerza en la región, enfrenta el reto de atender una gran masa de estudiantes que se anotan en las casas de estudios, muchos de hogares empobrecidos, y un elevado nivel de deserción en los primeros años de las carreras. A estos desafíos se suma el hacer frente a algunos "conciertos" internacionales que vocean la necesidad de convertir la educación en un "bien negociable por otro", tal como declaró recientemente la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a la llegada de "brokers" o asociaciones que venden "paquetes educativos" o compran instituciones universitarias para dictar cursos de dudosa calidad.

Esta combinación de "masificación de las universidades públicas" y "alta deserción", especialmente para estudiantes de hogares empobrecidos que no reciben especiales cuidados para su permanencia (becas, alojamiento, clases de nivelación e intensivas, comedores), con la "mercantilización" de la educación superior en manos de quienes estarían ofreciendo títulos sin estricto control estatal es parte del mundo que nos espera. En grandes líneas, esta temática sobrevoló los cuatro días de sesiones de la segunda Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) en Cartagena de Indias (Colombia), que organizaron UNESCO y el Ministerio de Educación de ese país a diez años del primer encuentro en el Centro de Convenciones de esa bella ciudad colonial y reunió a 3.500 asistentes entre rectores, ministros y especialistas de 33 países, entre otros de la Argentina.

La gran demanda de estudiantes de educación superior, la inclusión, la calidad y "transnacionalización" de la enseñanza, la importancia de la integración regional para salir de los laberintos y construir una valla para el éxodo de profesionales o la "captación de cerebros" son parte de los retos que acordar enfrentar los ministros de Educación y rectores. También giró un fuerte rechazo general a considerar la educación superior como bien transable o mercantil para declararlo "un bien social y un derecho humano" y cursó a todos los funcionarios el respeto a las diferencias entre los países y casas de estudios en lo educativo y tecnológico e investigación.

Actualmente 209 millones de personas en la región son pobres y la brecha digital agudiza este subdesarrollo. En este escenario se desarrolla la educación superior de la región, donde la matrícula universitaria se incrementó un 14,6%, lo que permitió pasar al 30% de tasa de cobertura.

Los discursos, tácticas y estrategias de rectores, funcionarios y federaciones estudiantiles de la región latinoamericana fueron desde la denuncia de la situación y el desgranar los conocidos índices de jóvenes -promedio en un 60%- de entre 15 y 18 años fuera de los sistemas de enseñanza hasta el crecimiento del empobrecimiento en los hogares, la fuerte reducción de los presupuestos en educación e incluso dedos acusadores al "imperialismo".

Pareciera que estas economías de América que crecieron más en lo macro que en los países desarrollados poco hacen por combatir la fuerte desigualdad educativa y social que condena a los jóvenes y a sus familias en la región y muchas veces prefieren mencionar en sus discursos los "fantasmas imperialistas" que explicar realmente debido a qué se mantiene el "statu quo" en este nuevo marco de abundancia.

Brasil, por ejemplo, en contraste con su crecimiento económico lidera el analfabetismo en la región y la baja matriculación de los estudiantes en las universidades, con sólo el 25% en promedio de anotados. Sin embargo en la Argentina, a diferencia del resto de América Latina y el Caribe, la inversión en educación superior creció sostenidamente en los últimos años, así como también el salario de profesores y no docentes. En consecuencia, el panorama argentino dista bastante de los de gran parte de la región, que denuncian que la inversión educativa "es actualmente 20 veces menor que en los países desarrollados".

El directivo de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (Coneau) nacional, el sociólogo Ernesto Villanueva, trazó un panorama de la educación superior en nuestro país: "Es uno de los de mayor cobertura en educación superior y tiene uno de los mayores niveles de deserción universitaria en la región latinoamericana, antes que Cuba", dijo. Propuso para el mejoramiento de las instituciones universitarias "corregir el perfil profesionalista, priorizar algunas carreras y atacar el abandono estudiantil".

Para el sociólogo, la próxima ley de educación superior, actualmente en ronda de consultas y con un borrador que presentará el Ministerio de Educación argentino, tendrá herramientas importantes.

Deberá, según dijo, "asegurar la permanencia de los estudiantes a través de sistemas que lo garanticen, jerarquizar la formación de los doctorados, planificar nuevas instituciones, seguir descentralizando algún esquema que atienda de manera ordenada el crecimiento de la matrícula, agilizar los sistemas de gobierno y pensar en la participación de la mujer en la conducción".

Por una mayor integración

El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, firmó el viernes con colegas del Mercosur un programa de movilidad estudiantil en educación superior que permitirá a jóvenes de bajos recursos y universidades públicas y privadas de once países realizar intercambios académicos y culturales. El Programa de Movilidad del Mercosur, del que participará la Argentina, tendrá una financiación de tres millones de euros que por primera vez destina la Unión Europea a la educación en el Mercosur. Como "contrapartida los países de la región deberán aportar un millón de sus respectivos presupuestos", informó la cartera.

El programa apuntará a "promover criterios de equidad e inclusión para que la mayor cantidad de universidades tenga la posibilidad de incorporarse al proceso de internacionalización de construcción del espacio común de educación superior y el desarrollo del sentimiento de pertinencia a la región". En el convenio que firmarán los ministros se fijarán acciones "que aseguren la participación de estudiantes de condición socioeconómica menos favorecida a través de la constitución de redes que garanticen la participación de universidades que no tengan experiencia en programas de movilidad o que pertenezcan a regiones de menor desarrollo".

LAURA HOJMAN

DYN