El cambio de procedimiento en la medición del índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires (IPC-GBA) fue decidido por el gobierno nacional luego de los cuestionamientos que hubo desde que, a principios del 2007 y por las intromisiones de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, se alterara la evaluación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y se desencadenaran renuncias y reemplazos sin concursos previos ni antecedentes estadísticos.

Aunque hubo promesas oficiales de que semejante situación variaría el 11 de diciembre pasado, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, nada de eso sucedió.

Sorprendió, sí, que sin debate previo ni consultas Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Ministros, anunciara que se había estado trabajando en el nuevo IPC-GBA durante ocho meses, luego de publicitarse que tres funcionarios del INDEC habían viajado a Estados Unidos para estudiar los indicadores que se aplican, mientras aquí alteraban los resultados de algunos sin mayores explicaciones.

Personal del INDEC recordó que en todos los centros de estadísticas del mundo los reemplazos metodológicos se concretan tras prolongados debates e intercambio de opiniones entre los especialistas del país y del exterior, hasta alcanzarse un consenso.

Después de casi un año y medio de una complicada interna gremial que desencadenó la peor crisis en la historia del organismo y de enfrentamientos y denuncias de políticos, economistas y autoridades de organismos internacionales, el 7 de mayo pasado se difundió, superficialmente, el nuevo IPC-GBA. Beatriz Paglieri, directora de área de este último, fue presentada por Ana María Edwin, titular del INDEC, en un seminario internacional en el que se iban a discutir metodologías para medir la inflación. Allí Alberto Fernández agradeció la tarea de los trabajadores del organismo y elogió la reforma de marras. El nuevo indicador abarcará el consumo de dos tercios de los habitantes y el 77% de los productos y servicios disponibles, previéndose que el primer dato oficial se conocerá en junio. No obstante los halagos, ni siquiera los especialistas del INDEC conocen la metodología aplicada, pero no dudaron de que se retocó todo lo que no le sirve al gobierno para dar una buena imagen.

A Edwin parecería ser que todos le preguntan si el nuevo índice "va a reflejar la realidad", por lo que aseguró que "en todas partes del mundo la gente tiene la sensación de que la variación de precios está entre el 40 y el 50% por encima de lo que refleja el índice general. Eso es común y obedece a que el IPC refleja variaciones promedio". Procuró convencer de que "va a responder a la realidad de los gastos, porque toma la estructura de consumo de la última encuesta de gastos e ingresos de los hogares 2004/2005, en vez de la anterior de 1996/1997".

La nueva canasta de consumo de bienes y servicios es más acotada que la anterior, ya que se redujo de 818 a 440, "pero será más representativa del consumo real -argumentó Edwin-. También se adaptaron los puntos de medición. No se va a tomar más un precio del Barrio Norte como referente del que rige en Berazategui o La Matanza". No obstante, al cierre de esta edición aún se desconocía la composición definitiva de esa canasta y cómo se determinarán los cambios en las ponderaciones de los productos y servicios y las sustituciones en caso de fuertes alzas de precios. Existe el propósito de variar la incidencia de cada producto y servicio en el índice, para reflejar estacionalidades, sustituciones de los consumidores y usuarios y cambios en los hábitos de consumo. La canasta de 440 productos se actualizó según la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares 2004/2005, eliminando productos considerados de lujo como los viajes al Caribe o rosas colombianas -ambos ejemplos los proporcionó el aludido Fernández- o el servicio doméstico, por considerarlo un sueldo y no un precio, según la interpretación oficialista. Hasta se mantuvieron la medicina prepaga y la educación privada.

La intención es conservar la "coordinación y la recopilación de información" con otros organismos, revisar subas "aberrantes" y controlar los procesamientos informativos. Un equipo de analistas de consumo y mercado evaluará si hubo cambios de precios por un cambio en la calidad de los bienes, con el fin de no computar aumentos ante modificaciones en las características de los productos.

Se dijo que en la medición vienen trabajando 120 técnicos para cargar los datos y que el promedio de mayo se dará a conocer el 10 de junio.

Por otra parte, Edwin eligió el 13 del actual para comunicar a sus colegas de varias provincias que desde este mes se "discontinuará" la información del índice de precios al consumidor nacional (IPC nacional), cuyo dato correspondiente a abril debería difundirse mañana.

La primera etapa del nivel general del IPC nacional (base 2003=100) se elaboró a partir del IPC-GBA, que se desagregó en un índice para la ciudad de Buenos Aires y otro para los partidos del área metropolitana. Asimismo, el IPC de la provincia de Buenos Aires se compuso de los números de los 24 partidos del Gran Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. Otras recolecciones de precios se hacían en los siguientes aglomerados: Santa Fe (Gran Rosario y Gran Santa Fe), Mendoza (Gran Mendoza), Tucumán (Gran Tucumán), San Luis (ciudad de San Luis) y Catamarca (Gran Catamarca), con la misma metodología para cada uno de esos lugares, pero a partir de canastas y ponderaciones diferentes de acuerdo con cada jurisdicción. Mientras el IPC-GBA se elaboraba con 818 variedades, el resto de las provincias convocadas para la primera etapa utilizaba un máximo de 480 y un mínimo de 238, de los cuales sólo 162 eran comunes a todas las provincias. Hasta fines del 2006, la inflación de cada provincia guardaba pocas diferencias entre sí. Pero con la intervención del secretario Moreno en el INDEC empezaron a notarse diferencias con los resultados de algunos distritos, en especial con San Luis y Mendoza (a comienzos del 2008, con el cambio de autoridades, eso también se notó en Santa Fe). Aunque no se proporcionó ninguna información oficial, desde que en enero del 2007 se desplazó del INDEC a los responsables de la elaboración del IPC-GBA, las cifras de las provincias fueron todos los meses más altas -en ocasiones hasta cinco veces- que las del área metropolitana.

La decisión del INDEC de abandonar la publicación del IPC nacional desencadenó reacciones adversas de las direcciones de Estadísticas de Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, por ejemplo, que la repudiaron y decidieron publicar sus datos. Los directores de Estadísticas provinciales participantes de la reunión de la Comisión Federal de Población, convocada por la Dirección Nacional de Población del Ministerio del Interior, independientemente de los motivos del encuentro coincidieron en publicar sus datos como los relevan hasta ahora, decisión a la que se sumarían otras provincias.

Curiosamente, un día después de estos cimbronazos, Edwin desmintió que el gobierno nacional hubiera decidido discontinuar el IPC nacional, sin recordar que la posibilidad de hacerlo se comentó en agosto del 2007, cuando fueron desplazados quienes lo preparaban desde su creación durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, en el 2005, tras dos años de estudios. En aquella oportunidad, las provincias incluidas en la primera etapa firmaron un convenio con el INDEC y recibieron fondos para pagar los sueldos del personal involucrado (el convenio para el 2008 no se había suscripto cuando se conoció la citada novedad). El objetivo era "ampliar la cobertura geográfica" de la medición limitada al área metropolitana y se basó en "una metodología común" acordada con las provincias, "siguiendo recomendaciones internacionales". El INDEC asumió la responsabilidad de procesar los datos, elaborarlos y difundirlos.

MIGUEL ÁNGEL FUKS

Especial para "Río Negro"