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Para algunos analistas, el problema que hoy atraviesa el modelo K no es económico sino político. Es más: algunos especialistas van más allá al señalar que el tema es netamente ideológico.
Pero, independientemente del costado que se quiera mirar, hay problemas en el modelo. Casi por inercia, la economía argentina seguirá creciendo en el 2008, pero el programa oficial está agotado y los efectos comenzarán a sentirse hacia fines de este año.
La gestión K lleva recaudados cerca de 900.000 millones de pesos, de los cuales algo menos de 120.000 millones llegó de la mano de impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones). Hoy el país exhibe indicadores de presión tributaria y de gastos records. Las erogaciones del Estado nacional se multiplicaron por cuatro en el período 2003-
2008. El entorno K (los D'Elía, los Pérsico y otros personajes ligados al matrimonio) se llevó gran parte de estos recursos. Pero todo esto en algún momento se pagará, el sistema económico no es inmune a esta arbitrariedad.
La política extractiva que sufrió el sector privado en los últimos años trajo sus consecuencias: falta de inversiones, precios relativos totalmente distorsionados, manejo discrecional de los recursos por parte del poder político y una maraña de subsidios cruzados que terminó por transformar artificialmente a los empresarios ineficientes en eficientes y viceversa. Todo muy lamentable.
Ya bien se dijo hace un tiempo en estas páginas: los márgenes para seguir actuando en este contexto se estaban acotando. Hoy, ya casi no existen.
La economía necesita oxigenarse. Todo indica que ya no alcanza sólo con el viento de popa que recibió de los mercados internacionales en los últimos años. Se perdió, en este sentido, una oportunidad histórica para consolidar el desarrollo del país.
EL GASTO PÚBLICO
Aunque el oficialismo no lo perciba, una inflación elevada durante tantos meses consecutivos indica que las cosas no están funcionando adecuadamente en el país.
Desde algunos ámbitos se señala que el problema es la política de sostener un dólar alto, que potencia los efectos de la inflación “importada” y dificulta el ajuste de los precios relativos de la economía después de la devaluación.
Una visión alternativa –destaca un reciente informe de la consultora Economía & Regiones (E&R)– es la que aconseja redoblar los esfuerzos para incrementar el ahorro público, como el mecanismo más eficaz para contener el crecimiento de la inflación, dilatar el atraso cambiario y evitar el crecimiento insostenible del consumo impulsado por circunstancias transitorias.
Éste es el razonamiento económico que pregona el gobierno desde el 2003, en un intento de justificar, de esta manera, la fuerte presión impositiva a la que se halla sometido el sistema productivo del país.
La diferencia entre el dicho y el hecho es que la política fiscal no tuvo el comportamiento que debería haber tenido para estabilizar la inflación. En los primeros dos años de la anterior gestión se logró un superávit fiscal que alcanzó casi un 4% del PBI en el 2004, remarca en uno de sus párrafos el informe. Pero esa política, que incidió en la baja inflación de esos primeros años, fue abandonada y, a medida que la economía se fue acercando al límite de su capacidad productiva, el superávit fiscal, en lugar de aumentar, fue disminuyendo.
Para colmo, la política fiscal se deterioró de la peor manera, aumentando el gasto a la vez que se incrementaba la presión impositiva sobre los sectores productivos. Y la calidad del gasto público no fue de lo mejor.
De los 830.000 millones de pesos consignados como erogaciones en los presupuestos 2003-2008, sólo 48.000 millones (5%) se destinaron a la obra pública; es decir, caminos, puertos, carreteras, obras de infraestructura para el desarrollo económico del país. El 95% del gasto fue orientado a sueldos, subsidios, transferencias y coparticipación, ítems que terminan en la estructura de los gastos corrientes.
Es crucial entonces para el modelo K estudiar la sustentabilidad del superávit primario con una base de racionalidad sobre el gasto público, ya que este esquema juega un rol fundamental en el largo plazo.
Con un frente fiscal precario, la viabilidad del actual programa económico está en peligro.
La sustentabilidad del superávit primario parece frágil, ya que viene reduciéndose año tras año, destaca el informe de E&R.
Si a fines del año pasado no se hubiesen registrado como ingresos corrientes los fondos de los aportantes a las AFJP que volvieron al sistema estatal, el superávit primario del 2007 habría ascendido al 2,2% del producto, lo que habría implicado una caída de casi dos puntos porcentuales respecto del máximo histórico del 2004.
Pero no sólo la calidad del gasto presupuestario pone en jaque el actual modelo. También lo hace la calidad de los ingresos.
Un presupuesto es más sustentable cuanto más permanentes son los ingresos fiscales y menos explosiva la dinámica de la expansión del gasto público. Entre el 2003 y el 2007, el superávit primario fue consolidado básicamente con el aumento de la presión tributaria. Dos impuestos hoy sustentan el 100% del superávit: débitos y créditos bancarios y retenciones a las exportaciones, tributos regresivos éstos que, en el tiempo, terminan por limitar las inversiones y por ende el crecimiento de la capacidad productiva instalada de un país.
Cuando se habla de “modelo agotado”, los economistas se refieren a este escenario. Es imprescindible, entonces, cambiar las reglas de juego para permitir la llegada de nuevas inversiones y continuar en una senda de crecimiento sostenido.
JAVIER LOJO